Por Martín Granovsky En la tarde de
ayer la noticia consiguió sacudir la sensación de trópico que se había instalado
incluso entre los diez diplomáticos extranjeros mejor informados y más influyentes de
Buenos Aires. Tras consultas aquí y en los Estados Unidos, Página/12 confirmó anoche el
motivo de la excitación: dentro de una investigación general sobre lavado de dinero y
dinero negro, la Alianza se presentará mañana ante el juez Juan José Galeano para
pedirle que investigue una cuenta de María Julia Alsogaray en el Midland Offshore Bank de
las Islas Caimán a nombre de la empresa Cyrilic Consult.
Este diario pudo saber que los investigadores están impresionados por el monto de la
cuenta. Disponen de fuertes indicios según los cuales sólo entre octubre de 1992 y
febrero de 1993 registró ingresos totales por casi 100 millones de dólares.
El encargado de presentarse mañana por la mañana ante Galeano será el diputado Juan
Pablo Cafiero (Frepaso-Alianza), que desde el jueves se convertirá en vicepresidente
primero de la Cámara de Diputados.
La información detallada de la que dispone Cafiero incluye tres fechas con fuertes
ingresos de divisas en la cuenta sindicada como perteneciente a María Julia:
El 23 de octubre de 1992 entraron 22.345.000 de dólares.
El mismo día, otros 123.564.
El 12 de febrero de 1993 el ingreso alcanzó los 74.256.000.
Eso significa que en menos de cuatro meses la cuenta recibió exactamente 96.724.564
dólares.
Página/12 quiso saber anoche el origen de la información. Allegados a Cafiero sólo
mencionaron que el diputado estaba profundizando la investigación. A la vez, confirmaron
que un equipo está trabajando en las rutas que sigue el dinero negro desde la Argentina
hacia el exterior y desde el exterior hacia la Argentina, y que habían podido dar con
huellas del camino recorrido por las divisas en las Islas Caimán, un paraíso fiscal de
rutina para las grandes transacciones financieras internacionales.
“Tenemos indicios firmes y serios sobre la cuenta de María Julia”, se limitaron
a comentar.
El cuidado extremo de los investigadores parte de constatar que el tema es uno de los más
sensibles en todo el mundo, y especialmente en Washington. Por eso, explicó anoche uno de
ellos, decidieron que fuese Galeano el encargado de conducir la investigación hasta el
fondo.
“El juez tiene la posibilidad de pedir el extracto de los movimientos librando un
oficio a los Estados Unidos”, detalló. “Según nuestros datos, en distintas
oficinas de Washington se consigna la exorbitante suma de dinero en dólares relacionada
con una cuenta a nombre de María Julia Alsogaray”.
Las oficinas dependen del Congreso o del Fincen, la red de lucha contra el delito
financiero que reporta al secretario del Tesoro Larry Summers, el mismo que estuvo esta
semana en Buenos Aires.
Galeano abrió una causa por enriquecimiento ilícito contra la actual secretaria de
Recursos Naturales y Ambiente Humano. Según el Código Penal, cuando hay sospecha de
dinero obtenido por medios no legales por parte de un funcionario público se invierte la
carga de la prueba. Entonces, son los funcionarios los que tienen obligación de probar
cómo obtuvieron sus bienes.
Este diario pudo establecer que mañana, cuando Galeano reciba la presentación del
diputado, se encontrará con datos que le facilitarán el trabajo de rastreo.
Tendrá, por ejemplo, el número de la cuenta. Es la 01-900048-002 del Midland Offshore
Bank de las Islas Caimán.
Sabrá que una de las firmas habilitadas es la de María Julia Alsogaray.
Conocerá el domicilio legal invocado por la cuenta. Fue el número dos de Roadland
Avenue.
Y se enterará Galeano de que, junto con María Julia, un abogado norteamericano también
tiene habilitación de firma en nombre de la sociedad de fantasía Cyrilic Consult.
Los movimientos de dinero hacia y desde la Argentina no solo inquietan a la Alianza.
Manuel Rocha, el movedizo encargado de negocios que pilotea la embajada de los Estados
Unidos desde hace tres años, no pierde ocasión de empujar la sanción de la ley contra
el lavado de dinero que la Argentina todavía no tiene. El texto cuenta con media sanción
de la Cámara de Diputados y espera el voto de los senadores.
Tal como quedó claro después de que trascendiera aquí que vive en Buenos Aires, con
nombre cambiado, la viuda del CEO de la droga colombiana Pablo Escobar Gaviria, la
prioridad uno de Rocha es el lavado que puede concretarse en el mercado financiero
argentino y el blanqueo de dinero sucio que se recicla en negocios inmobiliarios.
Ese fue también el patrón de la pesquisa que llevó a que Interpol buscara una
ramificación doméstica del Cartel de Juárez, el mayor de los grupos narcos de América
latina tras los golpes asestados a los carteles colombianos de Cali y Medellín.
Juan Miguel Ponce Edmonson, director de Interpol en México, dijo no dudar de que las
operaciones de blanqueo en la Argentina que está investigando ahora son impulsadas por
los narcos mexicanos.
El juez Rodolfo Canicoba Corral puso el foco sobre la empresa Mercado Abierto, de Aldo
Ducler, un ex funcionario de la dictadura que terminó cerca del nacionalista de derecha
Jorge Arguindeguy, el primer jefe de Estado Mayor del Ejército en tiempos de Raúl
Alfonsín, y al final recaló como asesor de campaña de Ramón “Palito” Ortega.
Ducler se defendió diciendo que solo acepta fondos dotados de la bendición previa del
mercado financiero norteamericano, y Canicoba Corral se quejó de que no contará con
herramientas propias si Washington no ayuda.
Todos los diputados y senadores que hablaron en los últimos diez días con Rocha sumaron,
a la prioridad uno, la prioridad dos. Se explicaría con este argumento: sin ley contra el
lavado, sin un sistema de información sobre blanqueo, no puede haber control de los
narcodólares. Y con este otro razonamiento: es imposible controlar una plaza sin tener en
cuenta el movimiento de dinero hacia otros centros financieros.
A veces los diplomáticos norteamericanos son demasiado directos en un terreno que suele
fastidiar a los funcionarios argentinos mucho más que cuando escuchan hablar de
narcolavado. El gobierno aún se irrita frente a un episodio de los últimos años. Antes
de convertirse en lobbyista privado, cuando aún era embajador de su país, James Cheek
alertó contra el lavado de dinero proveniente de cualquier actividad ilícita. Y dijo que
en la Argentina no importaba sólo el origen narco del dinero sospechoso. Mencionó la
corrupción de los sobornos oficiales.
Por eso la exigencia con copyright norteamericano es la sanción de un régimen que
contemple erigir una unidad de información financiera y obligue a los bancos a denunciar
cualquier movimiento sospechoso de capitales.
Con su pedido de mañana ante Galeano, la Alianza dice confiar en que el juez y los
fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia tengan nuevas pistas para seguir la causa por
enriquecimiento ilícito contra María Julia Alsogaray, que junto con el interventor del
PAMI Víctor Alderete quedó como un emblema de los diez años de gobierno de Carlos
Menem.
Al mismo tiempo, altos funcionarios del próximo gobierno recordaron que Cafiero fue uno
de los miembros de la comisión parlamentaria que investigó las mafias. Pero su elección
como denunciante por parte de la Alianzatiene ahora un valor distinto, porque se apresta a
asumir como vicepresidente primero de la Cámara de Diputados.
En Washington el speaker, como se llama al presidente de la Cámara de Representantes, es
el funcionario electo por el pueblo más importante después del presidente y el
vicepresidente. Pertenecer como número dos a la estructura del speaker –así sea del
speaker argentino– revista una ubicación protocolar que puede agilizar la búsqueda
de informaciones en los Estados Unidos, sobre todo cuando deben recabarse en un órgano
que depende del Congreso.
–Los jueces trabajan con el Departamento de Justicia –dijo otro alto funcionario
de la futura administración– pero la información clave deberán aportarla el
Departamento del Tesoro y un organismo que los financistas conocen muy bien por sus
siglas: el GAO.
GAO es la abreviatura de United States General Accounting Office (ver aparte), una
superauditoría que depende del Congreso.
Es la misma oficina que investigó a Raúl Salinas de Gortari, el hermano del ex
presidente de México Carlos Salinas, quien pasó de una popularidad sin precedentes y de
las relaciones carnales con los Estados Unidos a la condición de paria internacional.
COMO ACTUAN EL TESORO Y EL GAO CON EL LAVADO
DE DINERO
Ya fueron sobre el clan de los Salinas
La secretaria favorita de Menem ya es una
veterana de interrogatorios y pasillos
judiciales. Su jefe la defendió como a pocos.
 |
|
El Llao
Llao fue privatizado, los fondos no aparecen.
En el Essex House de Manhattan tiene un dúplex. |
Por R. C.
La actual situación
judicial de la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Julia Alsogaray,
es la siguiente:
 El juez federal
Juan José Galeano ya la investiga por enriquecimiento ilícito. Los fiscales Eamon Mullen
y José Barbaccia no entienden cómo la funcionaria, que gana tres mil pesos por mes,
acumuló un patrimonio estimado en más de dos millones de dólares. Algunos meses, llegó
a gastar diez mil pesos en tarjeta de crédito e hizo inversiones altísimas: 650 mil
dólares en reformas de su casa y 200 mil en una fiesta en el Hotel Alvear para festejar
su cumpleaños número 47.
La causa por enriquecimiento comenzó en 1993, con la denuncia de un militante radical,
pero sólo cobró celeridad este mes, cuando los fiscales pidieron la declaración
indagatoria de la funcionaria. El juez ordenó la medida, sin fecha, y dispuso un peritaje
contable. Este año, apenas los fiscales solicitaron su indagatoria, el presidente Menem
hizo público su respaldo a la funcionaria en una reunión de gabinete e instó a todos
los ministros a defenderla.
Entre otros bienes, María Julia posee un dúplex en el hotel Essex House de Nueva York,
frente al Central Park, a nombre de Purple Cross Corporation, una “offshore” con
sede en las Islas Vírgenes británicas, codiciado paraíso fiscal. La secretaria de
Recursos Naturales admitió ser accionista de esa “offshore”.
Los fiscales también investigan el origen exacto y los datos de posesión de tres
departamentos en Junín al 1400, dentro de un edificio que linda con el petit hotel en el
que vive Alsogaray. En el resumen de expensas del edificio de Junín, los tres
departamentos figuran a nombre de Franco Erize, de 23 años, su hijo mayor.
En su declaración espontánea de bienes ante la oficina de Etica Pública, María Julia
dijo que sólo tenía un departamento de 45 metros cuadrados y no especificó la
dirección exacta, ni el valor, ni a nombre de quién figuraba.
El juez penal
económico Guillermo Tiscornia la investigó por evasión tributaria. El sumario se
inició cuando la DGI la querelló por inexactitudes en su declaración jurada. Cuando
ella pagó lo adeudado, la DGI desistió de la querella y Tiscornia archivó el
expediente. Sin embargo, la Cámara en lo Penal Económico reabrió la causa y María
Julia declaró dos veces en los últimos dos meses, negando los cargos. Sostuvo ante el
juez que no fue ella la que evadió al fisco sino su contador, que era el encargado de
depositar ante la DGI las sumas que en teoría María Julia le había entregado. Anteayer,
se dictó la falta de merito en la causa. El juez federal Jorge Urso también procesó al
contador por defraudación.
El juez federal
Jorge Urso y el fiscal del fuero Carlos Cearras la investigan porque cuando se desempeñó
como titular de Entel le habría pagado a la firma PrecomNec la suma de diez millones de
dólares por una deuda que no existía. Un informe del fiscal Eduardo Freiler certificó
la existencia de la potencial estafa, al explicar que “se hizo el pago no obstante
que el síndico Julio César Orué había advertido el error con anterioridad a que se
sucedieran las consecuencias patrimoniales”. Frente a la investigación judicial, la
proveedora privada decidió tomar una resolución que confirma la irregularidad y complica
a la funcionaria: devolvió los diez millones al Estado.
El juez Gustavo
Literas trata de averiguar dónde fue a parar el dinero que se obtuvo de la venta en
Bariloche del hotel Llao Llao. Según un decreto presidencial, los fondos debían
destinarse a trabajos de preservación de parques nacionales y para sanear la cuenca del
lago Nahuel Huapi.
Otro
magistrado, Jorge Ballestero, la investiga porque no dispuso los medios a su alcance para
evitar la propagación de los incendios que afectaron Bariloche. La denuncia fue radicada
en febrero de este año por el abogado Bootello, y luego se sumó la denuncia de tres
abogados. Se leimputan los delitos de mal desempeño de sus funciones e incumplimiento de
los deberes del funcionario público.
El fiscal de la causa pidió que se averigüe en la Dirección General de Aduanas de
Buenos Aires si la funcionaria intercedió para liberar camionetas Ford Falcon que están
retenidas hace más de dos años, y que fueron donadas por una petrolera norteamericana a
los bomberos del barrio Melipal de Bariloche. Esas camionetas tienen tracción de cuatro
ruedas y se hubieran podido convertir en autobombas.
El fiscal
federal Carlos Stornelli le pidió al juez Carlos Liporaci que la investigue por no haber
realizado un impacto de estudio ambiental cuando se privatizaron los aeropuertos.
|
