La reunión de una Cámara que marcó nuestra historia
Por tres meses, a
fines de 1985, tuvieron el país en vilo. El 9 de diciembre de ese año hicieron historia
condenando a las juntas genocidas del proceso. Una reunión aniversario de la Cámara.
Gil Lavedra y Strassera en la reunión
que marca los catorce años del fallo judicial contra las juntas militares del proceso.
Por Luis Bruschtein
Se volvieron a
reunir después de 14 años, como los integrantes de una vieja banda de rock. La misma
solemnidad, los mismos gestos de concentración y los mismos tics mientras otro de ellos
llevaba la voz cantante. Durante tres meses de 1985, esos siete hombres tuvieron en vilo a
los argentinos, hasta que el 9 de diciembre de ese año leyeron la sentencia final contra
los ex comandantes de la dictadura, los genocidas, los que hasta hacía pocos meses
habían sido amos y señores de la vida en este país. Los seis jueces y el fiscal que
integraron la Cámara Federal de la Capital de esa época se reunieron el viernes a la
noche en el Salón Rojo de la Facultad de Derecho de la UBA, convocados por la FUBA para
conmemorar un nuevo aniversario del juicio más importante que se celebró en la historia
de la Justicia argentina, como varios de ellos coincidieron en definirlo.El ex fiscal
Julio César Strassera y los ex magistrados Guillermo Ledesma, Jorge Valerga Aráoz, Jorge
Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, Andrés D’Alessio y Carlos León Arslanian estuvieron
en la cita y cada uno se refirió a un aspecto relacionado con el juicio.Ya no eran los
jueces de los ex comandantes, pasaron 14 años y en ese tiempo todos ellos agregaron
nuevos folios a sus antecedentes. Había varios funcionarios, ex funcionarios, posibles
funcionarios, docentes y exitosos profesionales. La mesa comenzó más de media hora
después de lo anunciado a raíz de la demora del ministro de Justicia designado por el
presidente electo Fernando de la Rúa. Estudiantes y docentes se movían con inquietud en
sus sillas hasta que comenzaron a entrar los ex magistrados a la sala. El último en
hacerlo fue el último en llegar: Ricardo Gil Lavedra. Su designación en el alto cargo
del inminente gobierno sorprendió a varios de los que recordaban las alternativas del
juicio, ya que De la Rúa fue el único senador en ese entonces que no felicitó a los
magistrados por la sentencia.De todos modos, Gil Lavedra fue el único que al retirarse de
la magistratura mantuvo una relación activa con el radicalismo. Desde su estudio de
abogado defendió a algunos de los concejales implicados en la causa de los ñoquis del
viejo Concejo Deliberante y asesoró a algunas grandes empresas como Telefónica. Además
era reconocida su función como asesor de la conducción radical y una especie de vocero
no oficial de la UCR en temas relacionados con la Justicia.En la mesa había otros dos
abogados cuya posible designación en el gobierno de la Alianza todavía se discute. El
coordinador de la mesa era el abogado Eduardo Rabossi, quien tuvo a su cargo el área de
Derechos Humanos durante el gobierno de Raúl Alfonsín, luego del cual mantuvo su
vinculación con el tema, sobre todo en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
(APDH) y últimamente se mencionó su nombre para ocupar la subsecretaría del
área.También Torlasco había sido mencionado para ocupar un puesto en el gobierno
radical. El actual socio de Arslanian ocuparía la oficina anticorrupción a la que el
gobierno aliancista asigna una gran importancia. De todos modos su designación no está
decidida aún. Torlasco renunció a la Cámara cuando el gobierno alfonsinista, acorralado
por las frecuentes crisis carapintada, trataba de limitar el alcance de los juicios a los
represores con las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Uno de los atajos que
encontró en ese momento fueron las instrucciones que giró a los fiscales militares.
Torlasco evaluó en ese momento que el gobierno estaba interfiriendo con la Justicia y
presentó su renuncia. Al salir de la Cámara se asoció al estudio de Alfredo Iribarren,
que contó entre sus clientes a Amira Yoma y al banquero prófugo Raúl Moneta.Pero, de
los ocho que ocupaban la mesa, Arslanian era probablemente quien más trascendió en la
opinión pública en estos 14 años. Fue designado ministro de Justicia del gobierno
menemista y luego de renunciar ocupó esa misma función en la provincia de Buenos Aires,
en el gobierno de EduardoDuhalde. Al frente de ese ministerio impulsó el intento más
ambicioso para reformar a la conflictiva policía bonaerense, que culminó con su renuncia
cuando el actual gobernador electo, Carlos Ruckauf, en ese entonces candidato del PJ,
propuso una política de seguridad en abierta oposición a la que él trataba de impulsar.
Es abogado de Eduardo Menem y el estudio que comparte con Torlasco defiende, entre otros
clientes, a algunos de los implicados en la causa por tráfico de armas.Cuando habló
Ledesma, se refirió a tres casos durante la dictadura en los que debió dictar –como
juez de instrucción– prisión preventiva a funcionarios policiales y del Ejército.
Afirmó que hubo jueces independientes en ese período, que la Justicia tenía más nivel
que en la actualidad, pero que, de repetirse la situación, no volvería a ejercer como
juez bajo una dictadura porque, en definitiva, terminan ayudando a la imagen general de
ese gobierno de facto. Después del juicio, Ledesma volvió a los titulares de los diarios
cuando aceptó la defensa del empresario telepostal Alfredo Yabrán, implicado en el
asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas. Otro de sus clientes suele ser
Bernardo Neustadt, quien más de una vez se hizo cargo de los argumentos de la defensa de
los ex comandantes en sus programas.Valerga Aráoz es, quizá, quien mantuvo un perfil
más bajo en estos catorce años. Se dedicó al derecho penal y entre los clientes de su
estudio figuraron el empresario peronista menemista Jorge Antonio y el grupo Roggio, que
se dedica a la construcción y es el adjudicatario de varias autopistas.Andrés
D’Alessio prefirió dedicarse a la docencia y es el actual decano de la Facultad de
Derecho de la UBA, donde se efectuó el reencuentro del viernes. En la distribución de
los temas, le tocó referirse a los puntos críticos que rodearon al proceso contra los ex
comandantes. Criticó las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, contextualizándolas
en la debilidad del gobierno de Alfonsín frente a unas Fuerzas Armadas sensibilizadas por
los juicios y poco habituadas a rendir cuentas. Y fue más duro con los indultos
menemistas. “El indulto reinstaló la impunidad, mientras que los juicios sirvieron a
la pacificación nacional”, señaló.En aquellos años, el fiscal y los jueces fueron
acusados poco menos que de aliados de la subversión. Los ex comandantes y los
simpatizantes de la dictadura solamente podían concebir a esos jueces como parte de una
conspiración internacional contra las instituciones armadas de la República. Pero
solamente el fiscal Strassera continuó luego del juicio como un activo defensor de los
derechos humanos. La vida profesional en estos 14 años de los jueces podrá ser polémica
o discutible, pero en todo caso demostró lo contrario.
Se volvieron a
reunir después de 14 años, como los integrantes de una vieja banda de rock. La misma
solemnidad, los mismos gestos de concentración y los mismos tics mientras otro de ellos
llevaba la voz cantante. Durante tres meses de 1985, esos siete hombres tuvieron en vilo a
los argentinos, hasta que el 9 de diciembre de ese año leyeron la sentencia final contra
los ex comandantes de la dictadura, los genocidas, los que hasta hacía pocos meses
habían sido amos y señores de la vida en este país. Los seis jueces y el fiscal que
integraron la Cámara Federal de la Capital de esa época se reunieron el viernes a la
noche en el Salón Rojo de la Facultad de Derecho de la UBA, convocados por la FUBA para
conmemorar un nuevo aniversario del juicio más importante que se celebró en la historia
de la Justicia argentina, como varios de ellos coincidieron en definirlo.El ex fiscal
Julio César Strassera y los ex magistrados Guillermo Ledesma, Jorge Valerga Aráoz, Jorge
Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, Andrés D’Alessio y Carlos León Arslanian estuvieron
en la cita y cada uno se refirió a un aspecto relacionado con el juicio.Ya no eran los
jueces de los ex comandantes, pasaron 14 años y en ese tiempo todos ellos agregaron
nuevos folios a sus antecedentes. Había varios funcionarios, ex funcionarios, posibles
funcionarios, docentes y exitosos profesionales. La mesa comenzó más de media hora
después de lo anunciado a raíz de la demora del ministro de Justicia designado por el
presidente electo Fernando de la Rúa. Estudiantes y docentes se movían con inquietud en
sus sillas hasta que comenzaron a entrar los ex magistrados a la sala. El último en
hacerlo fue el último en llegar: Ricardo Gil Lavedra. Su designación en el alto cargo
del inminente gobierno sorprendió a varios de los que recordaban las alternativas del
juicio, ya que De la Rúa fue el único senador en ese entonces que no felicitó a los
magistrados por la sentencia.De todos modos, Gil Lavedra fue el único que al retirarse de
la magistratura mantuvo una relación activa con el radicalismo. Desde su estudio de
abogado defendió a algunos de los concejales implicados en la causa de los ñoquis del
viejo Concejo Deliberante y asesoró a algunas grandes empresas como Telefónica. Además
era reconocida su función como asesor de la conducción radical y una especie de vocero
no oficial de la UCR en temas relacionados con la Justicia.En la mesa había otros dos
abogados cuya posible designación en el gobierno de la Alianza todavía se discute. El
coordinador de la mesa era el abogado Eduardo Rabossi, quien tuvo a su cargo el área de
Derechos Humanos durante el gobierno de Raúl Alfonsín, luego del cual mantuvo su
vinculación con el tema, sobre todo en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
(APDH) y últimamente se mencionó su nombre para ocupar la subsecretaría del
área.También Torlasco había sido mencionado para ocupar un puesto en el gobierno
radical. El actual socio de Arslanian ocuparía la oficina anticorrupción a la que el
gobierno aliancista asigna una gran importancia. De todos modos su designación no está
decidida aún. Torlasco renunció a la Cámara cuando el gobierno alfonsinista, acorralado
por las frecuentes crisis carapintada, trataba de limitar el alcance de los juicios a los
represores con las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Uno de los atajos que
encontró en ese momento fueron las instrucciones que giró a los fiscales militares.
Torlasco evaluó en ese momento que el gobierno estaba interfiriendo con la Justicia y
presentó su renuncia. Al salir de la Cámara se asoció al estudio de Alfredo Iribarren,
que contó entre sus clientes a Amira Yoma y al banquero prófugo Raúl Moneta.Pero, de
los ocho que ocupaban la mesa, Arslanian era probablemente quien más trascendió en la
opinión pública en estos 14 años. Fue designado ministro de Justicia del gobierno
menemista y luego de renunciar ocupó esa misma función en la provincia de Buenos Aires,
en el gobierno de EduardoDuhalde. Al frente de ese ministerio impulsó el intento más
ambicioso para reformar a la conflictiva policía bonaerense, que culminó con su renuncia
cuando el actual gobernador electo, Carlos Ruckauf, en ese entonces candidato del PJ,
propuso una política de seguridad en abierta oposición a la que él trataba de impulsar.
Es abogado de Eduardo Menem y el estudio que comparte con Torlasco defiende, entre otros
clientes, a algunos de los implicados en la causa por tráfico de armas.Cuando habló
Ledesma, se refirió a tres casos durante la dictadura en los que debió dictar –como
juez de instrucción– prisión preventiva a funcionarios policiales y del Ejército.
Afirmó que hubo jueces independientes en ese período, que la Justicia tenía más nivel
que en la actualidad, pero que, de repetirse la situación, no volvería a ejercer como
juez bajo una dictadura porque, en definitiva, terminan ayudando a la imagen general de
ese gobierno de facto. Después del juicio, Ledesma volvió a los titulares de los diarios
cuando aceptó la defensa del empresario telepostal Alfredo Yabrán, implicado en el
asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas. Otro de sus clientes suele ser
Bernardo Neustadt, quien más de una vez se hizo cargo de los argumentos de la defensa de
los ex comandantes en sus programas.Valerga Aráoz es, quizá, quien mantuvo un perfil
más bajo en estos catorce años. Se dedicó al derecho penal y entre los clientes de su
estudio figuraron el empresario peronista menemista Jorge Antonio y el grupo Roggio, que
se dedica a la construcción y es el adjudicatario de varias autopistas.Andrés
D’Alessio prefirió dedicarse a la docencia y es el actual decano de la Facultad de
Derecho de la UBA, donde se efectuó el reencuentro del viernes. En la distribución de
los temas, le tocó referirse a los puntos críticos que rodearon al proceso contra los ex
comandantes. Criticó las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, contextualizándolas
en la debilidad del gobierno de Alfonsín frente a unas Fuerzas Armadas sensibilizadas por
los juicios y poco habituadas a rendir cuentas. Y fue más duro con los indultos
menemistas. “El indulto reinstaló la impunidad, mientras que los juicios sirvieron a
la pacificación nacional”, señaló.En aquellos años, el fiscal y los jueces fueron
acusados poco menos que de aliados de la subversión. Los ex comandantes y los
simpatizantes de la dictadura solamente podían concebir a esos jueces como parte de una
conspiración internacional contra las instituciones armadas de la República. Pero
solamente el fiscal Strassera continuó luego del juicio como un activo defensor de los
derechos humanos. La vida profesional en estos 14 años de los jueces podrá ser polémica
o discutible, pero en todo caso demostró lo contrario.