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Por Maximiliano Montenegro  Se llama
"El Programa" a secas, como si fuera toda una plataforma de gobierno. Pero es un
plan de ajuste clásico, con el sello del Banco Mundial y del FMI, para ser implementado,
llave en mano, en las provincias argentinas durante el período 2000-2002: incluye el
recorte de, por lo menos, 190 mil empleos públicos, la privatización del control de
ausentismo en el Estado, y polémicas medidas de "racionalización" en las
áreas de Salud y Educación. El futuro ministro de Economía de la Alianza, José Luis Machinea, está enfrascado por estos días en una ardua negociación con los gobernadores por el reparto de los recursos fiscales del año próximo. En esa puja, la sensación en los ámbitos financieros es que Machinea "está perdiendo por goleada", lo que obligaría a Fernando de la Rúa a anunciar un duro paquete tributario para cerrar las cuentas de la Nación. Sin embargo, el economista radical todavía guarda un as en la manga. Siguiendo las lecciones de Roque Fernández y de Cavallo, quiere que los organismos internacionales presionen a las provincias para hacer un agresivo ajuste, mostrándoles la zanahoria de los créditos para cubrir agujeros financieros. Hace tiempo que el Fondo Monetario Internacional le reprocha al gobierno nacional el despilfarro fiscal de la mayoría de las administraciones del interior del país, especialmente, en tiempos de electorales. Pero a fines de setiembre pasado, los funcionarios del organismo pusieron un ultimátum. Fue durante la Asamblea Anual conjunta del FMI y el Banco Mundial en Washington, cuando se enteraron, de boca de los integrantes del equipo de Roque Fernández, que el déficit de este año de las provincias rondaría los 3 mil millones de pesos. La meta fijada en marzo, sólo a manera indicativa, era de la mitad de esa suma. Peor aún, el desbarajuste en las cuentas de los gobernadores fue explosivo: el año pasado, el rojo fue de 1870 millones de pesos y en el '97 había sido sólo de 500 millones. Aunque la baja en la recaudación a causa de la recesión explica parte de la historia, en Washington circula un informe reservado que atribuye el descalabro financiero al aumento en el empleo público. El staff del Fondo propuso, entonces, incluir una meta de déficit provincial, con rango de condicionalidad de cumplimiento efectivo, en el acuerdo global firmado con la Nación. El modelo a seguir, según el equipo de negociadores liderado por Teresa Ter Minassian, debía ser el brasileño, donde el desequilibrio fiscal de los estados está consolidado en el programa con el déficit de la Nación. Sin embargo, Roque se negó a aceptar la iniciativa. Y lo mismo hizo José Luis Machinea, en reuniones paralelas que mantuvo con Ter Minassian. El argumento tanto de Roque como de Machinea fue coincidente: "esto es un boomerang", contestaron. Si la meta era incluida en el acuerdo global, toda la presión para cumplirla iba a estar del lado de la Nación, que podría quedar rehén de las pretensiones de los gobernadores. Después de todo, por estatuto, el FMI no otorga crédito a los estados subnacionales y, en consecuencia, todo dependería del compromiso de los gobernadores con el gobierno central. A partir de allí, se acordó que el Banco Mundial y, en menor medida, el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), debían ser los instrumentos para llevar el ajuste al interior del país. Ambos bancos están en condiciones de prestarle a las provincias más de 4 mil millones de dólares en los próximos dos años a una tasa que ni siquiera la Ciudad de Buenos Aires o las administraciones más solventes están en condiciones de conseguir en el mercado de crédito privado. Para concretar tal estrategia, Roque aportó lo suyo: logró que, por primera vez, las provincias tuvieran abierto el camino para negociar créditos con el Banco Mundial en forma directa, sin la intermediación de la Nación. Así, hace tres semanas, viajó a Washington un primer contingente de ocho gobernadores, ávidos de financiamiento. Entre ellos, estaban los representantes de las provincias más ahogadas financieramente: Jujuy, Formosa, Tucumán, Catamarca, Corrientes, Chaco, Río Negro, Tierra del Fuego, Chubut, Neuquén y La Rioja. Cuando llegaron a Washington, se encontraron con el rosario de condiciones que se impondrá a las provincias que busquen financiamiento a partir del año 2000. "El programa" fue acordado por Roque y Machinea con los burócratas del Banco. Es un típico plan de ajuste, de tres años (2000-2002), que incluye una fuerte recorte de personal, un programa de gastos bajo la lupa de un auditor externo, y medidas de "racionalización" en los sectores de Salud y Educación, servicios hoy descentralizados casi por completo en las provincias. En esta última área, la política sugerida es un anticipo de la estrategia que aplicaría el futuro ministro de Educación, Juan José Llach, desde la Nación (ver aparte). Sólo en caso de que la provincia "haya cumplido con las condicionalidades determinadas en el Convenio de Préstamo dentro de lo que se establece como 'El Programa'", el Banco desembolsaría los fondos prometidos que, para tentar aún más a los gobernadores, son de "libre disponibilidad". El documento al que accedió Página/12, divide el plan en tres áreas: "Finanzas Públicas", "Reforma de Política Educacional" y "Reforma del Sector Salud". En cada una hay medidas que provocarán más de un ruido político: * Dice que es necesario un megaajuste en el plantel de empleados públicos. El objetivo es llevar "los gastos de personal por debajo del 65 por ciento de los ingresos corrientes netos". Esto significa que, en la mayoría de las provincias, el recorte involucraría, entre el 15 y 20 por ciento del personal actual. Así, si lo aplicaran todas las provincias, la poda no debería bajar de los 191 mil empleos públicos. * También obliga a la reducción del "stock de deuda por debajo del 85 por ciento de los recursos corrientes", para lo cual sería imprescindible una gran austeridad fiscal en, por lo menos, doce provincias argentinas: Córdoba, Corrientes, Chubut, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Santiago del Estero, Salta, San Juan y Tucumán. * En Educación, propicia un nuevo régimen de licencias y de control del ausentismo docente. Para ello, alienta la "privatización del control médico". Además, da a entender que existe una gran ineficiencia en el sector educativo argentino, y exige elevar sustancialmente la relación alumnos-docente (ver aparte). * En el área de Salud, pide la "reducción de la planta en personal" en hospitales públicos. Y estimula los llamados "Hospitales de Públicos de Autogestión", de modo tal de incorporar financiamiento privado al sistema público de salud.
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