Si partimos de la concepción que cada uno construyó acerca de la ciudadanía desembocamos en una visión subjetiva originada en la propia historia personal. Desde esa perspectiva fundante, la conciencia que las mujeres pudieron construir acerca de sus derechos cívicos (diferentes de los derechos individuales, sociales y humanos) es escasa.

No alcanza con votar a quienes serán nuestros representantes: los derechos cívicos avanzan más allá del voto. La variable activa de estos derechos, que se ejercen en una dimensión política, conduce a la intervención de las mujeres en la creación de políticas y en la observación crítica de las actividades que realizan los poderes públicos. No se trata --tan sólo-- de aspirar a un nombramiento jerárquico como funcionaria (ser mujer no garantiza lucidez acerca de los temas que comprometen al género). Me refiero a dimensiones de la ciudadanía aptas para instrumentar las políticas que se opongan a la discriminación de las mujeres, a las prácticas violentas que se ejercen contra ellas en diversos niveles; políticas que al mismo tiempo deben promover una capacitación permanente acerca del ejercicio de todos nuestros derechos. Esa capacitación incluye la puesta en acto de nuestras potencialidades en el trabajo extradoméstico, en el estudio, en las ciencias, en las artes, en la vida política (asociada o no a un partido). Estas áreas de participación e intervención propias de la variable activa, de los derechos cívicos reclaman dos soportes inexcusables: posibilidad de decisión en los ámbitos donde circula el poder hegemónico y recursos económicos que permitan transformar los discursos en acciones relevantes, acordes con las propuestas.

Dos categorías que permiten diseñar con autonomía las políticas referentes a los derechos de las mujeres en todos los ámbitos de la vida, para lo cual es preciso asumir, por ejemplo, que las áreas ministeriales (municipales, provinciales, etc.) deben ser atravesadas por los debates y las asesorías que demandan las políticas de género mujer. Sin embargo actualmente comenzó a suceder lo contrario: presenciamos --confieso que con sorpresa-- un retroceso sociopolítico en las políticas de género mujer cuyos proyectos involucran el bienestar de la comunidad toda.

Recordemos la historia: el presidente Alfonsín creó una dirección destinada a iniciar la política que acabo de enunciar y la puso en manos de Zita Montes de Oca; posteriormente adquirió el rango de subsecretaría. Durante la presidencia de Menem se creó el Consejo Nacional de la Mujer, con rango de secretaría de Estado que estuvo a cargo de Virginia Franganillo. Una de las claves de tales emprendimientos, que nos acercaban a las políticas esclarecidas instaladas en otros países, residía en haber reconocido la necesidad de ocuparse de las políticas que reclama el género mujer, sin limitarlas a la protección de la maternidad, la creación de guarderías y la imprescindible cobertura de las necesidades básicas que hoy constituyen una urgencia insoslayable.

El retroceso actual radica en encoger las posibilidades de aplicación y expansión de estas políticas, por ejemplo a partir de la actual organización del Estado se posicionó al Consejo de la Mujer como un área del Ministerio de Desarrollo Social, formando parte de un proyecto diseñado según otras prioridades. Algo semejante podría ocurrir en la Cancillería con la Subsecretaría de la Mujer.

La posibilidad de transversalizar los problemas del género mujer en niveles ministeriales y de diseñar políticas acordes con las necesidades, derechos y deseos de las mujeres ha quedado atrás (aunque se intente afirmar lo contrario). Es mucho más abarcativo el espacio simbólico que genera esta jibarización que el achicamiento visible, porque la imposición de un modelo que inhibe la variable activa de nuestros derechos cívicos podría inspirar otras amputaciones en ámbitos diversos.

Los responsables por este diseño dispondrán de argumentos para fundamentarlo. ¿Estarán informados que los Estudios de Género Mujer --una disciplina académica presente en las universidades estatales y privadas de los países europeos, estadounidenses y latinoamericanos-- cuentan con los análisis sociopolíticos, históricos y económicos que estudian los contenidos y motivaciones de estos argumentos? Una síntesis de ellos nos enseñó que los resortes que los sostienen chirrian, repetidos y oxidados. En cambio, durante siglos, nuestros resortes vitales se mantuvieron tensos en la defensa de nuestras razones que contribuyeron en la revisión ética de las políticas patriarcales; resortes cuya cintura política también les permitió mantenerse elásticos en el entrenamiento necesario para recrear las políticas de género que, entre sus construcciones fecundas, se oponen a la exclusión y a las violencias.

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