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Por Raúl Kollmann  El jefe de
la Departamental de Seguridad de San Nicolás, Adolfo Biardo, será detenido hoy por su
responsabilidad en el fallido operativo que terminó en la llamada Masacre de Ramallo.
Pese a la imputación, el jefe policial se beneficiará en seguida con la excarcelación.
En el mismo momento, también se procederá a la detención de un segundo alto oficial de
la Bonaerense, el coordinador de Investigaciones de esa zona, comisario inspector Isaías,
responsable de la desaparición de un handy con el que se comunicaban ladrones y policías
y de varias armas que utilizaron algunos policías y uno de los delincuentes. También se
le otorgará la excarcelación. En ambos casos, la indagatoria que se les tomará va a ser
sólo el primer paso. Al final del proceso pueden terminar imputados por homicidio. Estas
serán las dos primeras detenciones de uniformados que ordenará el juez federal Carlos
Villafuerte Ruzo. Habrá una tercera: un suboficial que actuó como nexo con la banda
antes del robo.Tal como adelantó Página/12, las pericias que se están haciendo en la Gendarmería confirmaron que ninguna de las armas que tenían los delincuentes provocó la muerte de los dos rehenes, el gerente Carlos Chávez y el contador Carlos Santillán, ni del delincuente Javier Hernández. Por lo tanto, quedó ratificado que las muertes fueron producto de disparos policiales (ver aparte). Esto vuelca definitivamente la responsabilidad sobre los jefes del operativo, en concreto el titular de la Departamental de Seguridad, comisario Biardo. En principio, Villafuerte Ruzo le imputará a Biardo la falta de conducción, la ausencia de coordinación, las comunicaciones en distintas frecuencias de todos los grupos que actuaron, la confusa orden de no disparar que nadie sabe si se dio o no y, en consecuencia, la muerte de los dos rehenes y el delincuente. La realidad es que el alto oficial será indagado primero por incumplimiento de los deberes de funcionario público, pero puede terminar acusado por triple homicidio por omisión. Desde el punto de vista judicial, tendrá mucha importancia la secuencia de las acusaciones. * Las pruebas para imputarle a Biardo el incumplimiento de los deberes de funcionario público por el catastrófico operativo ya están reunidas. Es un delito excarcelable. Por lo tanto, el oficial declarará y después puede quedar en libertad. * Una vez que esté definitivamente terminada la pericia de la Gendarmería --aproximadamente el 20 de diciembre--, quedaría claro que los disparos que mataron a las tres personas que iban en el auto provinieron de policías. Esto ya introduciría contra Biardo la imputación por homicidio. Ya no sería excarcelable. * Pero hay otra vuelta de tuerca: está la sospecha de la ineptitud, pero también que la masacre fue producto de un acto doloso, una masacre que no puede ser simplemente una fatalidad, un error, ya que supuestamente la cometió gente idónea. En ese caso, la acusación por homicidio es mucho más grave. La otra detención, la del coordinador de Investigaciones, Isaías, está relacionada con la recolección de pruebas inmediatamente después de la masacre. Está probado que los delincuentes tiraron desde el auto un arma larga, que no fue secuestrada y nadie sabe dónde está. El otro elemento clave faltante es el handy que utilizaron delincuentes y policías para comunicarse y, según parece, mantener una negociación paralela a la oficial. Ese aparato es clave porque --tal como anticipó Página/12-- fue comprado por un policía y prueba la vinculación de la banda con algún integrante de la Bonaerense. Para completar, el juez dio la orden de secuestrar todas las armas que utilizaron los policías --grupos Halcón, Geo y de la comisaría de Ramallo, todos de la Bonaerense; grupo Geof de la Federal--, pero algunos entregaron las armas horas más tarde y hubo efectivos que recién hicieron llegar sus fusiles tres días después. O sea que hubo una manifiesta ineficacia; otra vez incumplimiento de los deberes de funcionario público, pero la sospecha evidente es que se trató de cubrir la responsabilidad de los uniformados.
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