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Por Mariana Carbajal  El Gobierno
porteño deberá realizar, en un plazo de 30 días, un censo de los embriones que se
conservan congelados en los centros de reproducción asistida de la ciudad, para proceder
a su identificación. Así lo dispuso la Cámara de Apelaciones en lo Civil, de la Capital
Federal, en un fallo en el que, además, señaló la "imperiosa necesidad" de
dictar una legislación que regule las técnicas de fecundación artificial, prohibió la
destrucción de embriones y determinó que sólo podrán ser donados con la intervención
de un juez. Se estima que en el país hay entre 1500 y 2000 óvulos fecundados en
laboratorio, que todavía no fueron implantados en el útero de una mujer y permanecen
criopreservados a 196 grados bajo cero. La resolución del tribunal alertó a los
especialistas: "Podría ser el primer paso para regular en forma restrictiva la
fertilización asistida", cuestionó Sergio Pasqualini, director del Instituto
Médico Halitus. "Todos coincidimos en que no se deben destruir los embriones, pero
que no se apunte a prohibir el congelamiento de embriones porque es de fundamental
importancia para los tratamientos", objetó Ester Polak, del CER Instituto Médico."Realizar un censo de embriones es inviable porque permanentemente se utilizan algunos y se congelan otros nuevos. Se puede hacer un corte, una especie de fotografía de un momento, pero el número varía permanentemente", señaló Polak. La sentencia de la Sala I de la Cámara puso en el tapete la problemática de los embriones y los ovocitos pronucleados (cuando el espermatozoide penetró en el óvulo, pero no se ha producido la unión de los cromosomas del padre y de la madre), generados en los laboratorios de los centros de reproducción asistida, que se acumulan debido a que, muchas veces, las parejas que lograron un embarazo en un primer intento deciden no tener más hijos. Aunque en países como Gran Bretaña y España hay leyes que fijan su destrucción después de transcurridos 5 y 10 años en el freezer, respectivamente, aquí no existe ninguna norma que regule éste ni otro aspecto vinculado con fertilización artificial. No obstante, los centros médicos locales especializados se oponen a desecharlos y son partidarios de que sean dados en adopción prenatal, en caso de que la pareja no desee intentar un nuevo embarazo. Además, su destrucción está prohibida por el Código de Etica de la Sociedad Argentina de Esterilidad y Fertilidad (Saeyf), entidad a la que pertenecen la mayoría de los institutos dedicados a realizar reproducción asistida en el país. "No hay ningún centro que deseche embriones", aseguró a este diario Nicolás Neuspiler, ex presidente de la Saeyf y director regional de la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida. El fallo, que se conoció ayer, lleva las firmas de los camaristas Julio Ojeda Quintana y Delfina Borda, y confirma una sentencia de primera instancia dictada por el juez civil Ricardo Güiraldes, en una causa iniciada en 1993 por el abogado y profesor de Derecho Civil de la UBA, Ricardo Rabinovich, quien se presentó a los tribunales para que los asesores de menores tomen intervención en relación con los embriones, para controlar que no se destruyan. Rabinovich se opone lisa y llanamente a la criopreservación de embriones. "Se están congelando personas", planteó ayer ante Página/12. Para Polak, el planteo de Rabinovich es anacrónico. "Desde que inició la causa a la fecha, la tecnología y la ciencia han avanzado muchísimo. Fomenta la creencia de que se congelan bebitos, cuando en realidad se trata de óvulos fertilizados del tamaño de la cabeza de un alfiler, cuya sobrevida es de casi el ciento por ciento. No tener la posibilidad de criopreservarlos limita las técnicas y hoy es considerado por la comunidad científica internacional inadmisible, porque a la vez aumenta el riesgo de embarazo múltiple y de que se descarten embriones en buenas condiciones", indicó Polak. En un sentido similar opinó Gabriel Fiszbajn, director asociado del Centro de Estudios en Ginecología y Reproducción (Cegyr). "Los embriones se congelan para evitar embarazos múltiples. Y también para diferir el momento de la implantación en el útero, en los casos en que la mujer, por ejemplo, presenta alguna enfermedad que pueda afectar el desarrollo del bebé o si el útero no está preparado para recibirlo", explicó Fiszbajn. Los especialistas consultados coincidieron con el fallo en la necesidad de una legislación que regule la actividad. En los últimos años se presentaron más de una docena de proyectos en el Congreso, pero ninguno avanzó. En realidad, uno de ellos, impulsado por el justicialismo, llegó a tener media sanción del Senado, pero por falta de tratamiento en Diputados caducó recientemente. Sin embargo, la iniciativa establecía tantas restricciones a los centros --prohibía, incluso, el congelamiento de embriones-- que prácticamente hubiese impedido la continuación de la mayoría de los tratamientos.
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