Por Victoria Ginzberg Los funcionarios del Hospital
Militar de Campo de Mayo entregaron a los familiares de Roberto Santucho y Benito Urteaga
un acta en la que se ordena la incineración de documentación referida a los años
1974-1983. Lo sorpresivo es que no se trata de una disposición fechada en 1983 ni en 1984
sino diez años después, en septiembre de 1994, seis meses antes de la autocrítica del
general Martín Balza. La familia de los líderes del PRTERP recibieron esa respuesta
cuando fueron con sus abogados y miembros del juzgado a realizar una inspección al lugar
y pidieron revisar los libros de registros pertenecientes a la época de la dictadura.
En Campo de Mayo, asiento del Hospital General 602-Hospital Militar de Campo de Mayo
Cirujano Primero Doctor Juan Madera, se procede a labrar la presente
ACTA, autorizando la incineración de Once Libros Registros de Internaciones
comprendidas entre los años 1974 al 1983 inclusive. Este es el texto del acta Nº
032/94 que recibieron los abogados Miguel Gaggero y Elena Mendoza, Facundo Urteaga, Ana
Santucho, la secretaria del juzgado de Alfredo Bustos, Martina Forns, y un miembro del
Equipo Argentino de Antropología Forense, durante la inspección en el hospital. El
documento da constancia del cumplimiento de la orden emanado del memorándum del Ejército
de fecha 16 de septiembre de 1994.
Evidentemente se trató de ocultar algo, aseguró Gaggero. El abogado
consideró que hay una disposición legal que permite la destrucción de historias
clínicas después de quince años, pero no hay nada sobre los registros. Si bien podrían
haber usado el término de 15 años, habían pasado casi 20. Además, es sugestivo que se
haya ordenado la incineración de lo que correspondía justamente a la época de la
dictadura.
Otras personas cercanas a la causa también consideraron singular la orden del Ejército,
sobre todo porque durante la inspección en el hospital de Campo de Mayo la secretaria del
juzgado recogió, de una pila de papeles abandonados, un libro de registros de nacimientos
correspondiente a los años 1974-1978. Para los investigadores esto indica que no se
quemaron todos los documentos. Y se preguntan cuál fue el criterio de selección.
El acta de incineración fue autorizada por el jefe de División, Jorge Francisco
Jaralampakis. El suboficial mayor Miguel Luis Yedro le dio el visto bueno. El memorándum
lleva la forma de quien era director del hospital en 1994, el coronel Juan Carlos
Borkowski, y del teniente coronel Armando Humberto Olmos, de la División de Inteligencia.
De un estudio preliminar del libro encontrado, de tamaño oficio y forrado con papel
araña verde, surge que allí constan los nacimientos legales producidos en el hospital
entre 1974 y 1978. En el servicio de Ginecología y Obstetricia y en el Pabellón de
Epidemiología del Hospital Militar de Campo de Mayo funcionó, entre los años 1976 a
1980, una maternidad clandestina. Pero, aparentemente, no se registraba a las mujeres que
pasaban por allí. En el libro, sin embargo, se pueden ver con claridad las firmas de los
médicos que atendían los partos regulares en el hospital, entre ellos la de Carlos
Alberto Raffinetti, involucrado en la apropiación ilegal de dos menores, llevada a cabo
por el represor Norberto Atilio Bianco.
Los familiares de Santucho y Urteaga están intentando averiguar cuál fue el destino de
los líderes del PRT-ERP y dónde están sus cuerpos. Al declarar en esta causa, Eugenio
Máximo Caputti, quien trabajó en la morgue del Hospital de Campo de Mayo durante diez
años desde 1966 hasta 1976 o 1977, según dijo afirmó no
recordar si en el lugar había una cámara frigorífica. Por el contrario, Stella
Maris Vidal, quien trabajó como médica ad honorem en el lugar, precisó que la morgue
era una habitación de tres por cinco, con una mesa de autopsia y una cámara frigorífica
de tres catres. Aseguró, también, que en una oportunidad no la dejaron entrar al cuarto
porque se encontraba el cuerpo de Santucho. Se trata de la primera
confirmación de este hecho. Otra persona ya había afirmado que elcadáver del líder
guerrillero estuvo en el lugar, pero se trató de un testigo de identidad reservada. Los
investigadores y familiares decidieron ir personalmente al hospital para reconocer la
morgue y pedir los registros con la intención de constatar si existe algún indicio
escrito del paso de Santucho por el lugar. Pero se encontraron con un acta de
incineración.
Bussi, testigo en la causa El ex dictador Antonio Bussi aceptó declarar en la causa donde se investiga
el destino de los restos de los ex jefes guerrilleros del Ejército Revolucionario del
Pueblo, Mario Santucho y Benito Urteaga, según informó el abogado de los familiares de
los dirigentes asesinados, Manuel Gaggero. Sin embargo, el hijo del militar, Ricardo
Bussi, aseguró no saber nada: Mi papá no me dijo nada, confesó sorprendido
a Página/12 y advirtió que puede tratarse de una maniobra política. Pero
Gaggero fue más preciso. Dijo que el militar se presentará el 15 de diciembre en el
juzgado de San Martín. La presencia de Bussi es importante porque él habría estado
presente en la inauguración del Museo de la Subversión, en Campo de Mayo, donde se
supone fueron enterrados los dirigentes del ERP. |
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