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 Dos de los
jefes policiales que intervinieron en la masacre de Ramallo fueron llevados ayer por la
fuerza pública ante el juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, quien los
indagó como imputados en la investigación por ese caso. Los dos policías, sin embargo,
se negaron a declarar y, tal como adelantó ayer Página/12, salieron en libertad. Se
trata del jefe de la Departamental de Seguridad de San Nicolás, comisario inspector
Alfredo Biardo, y el coordinador de Investigaciones local, Roberto Isaías, de la misma
jerarquía. El primero está imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de
funcionario público. El segundo, por irregularidades en la instrucción de la causa.
Ambos delitos son excarcelables por lo que los dos salieron por la misma puerta que
habían entrado, eximidos de prisión. Ahora, Villafuerte Ruzo tiene 10 días para decidir
sobre su situación procesal.Biardo, como jefe máximo de las fuerzas policiales en la zona, debía haber estado orgánicamente al mando de todos los grupos operativos de la Bonaerense que actuaron en la masacre: el grupo Halcón y el Geo, además de las fuerzas de seguridad locales. La falta de coordinación y la ausencia de una orden expresa son algunos de los principales cargos que pesan sobre el comisario inspector, designado en el cargo por el ex ministro Osvaldo Lorenzo, y removido después de la masacre. La pena correspondiente es menor a los tres años, por lo que, en caso de ser encontrado responsable no irá a la cárcel. Pero la situación de Biardo puede complicarse después de la entrega del informe pericial realizado por Gendarmería sobre las armas utilizadas el 17 de setiembre. Este diario ya anticipó parte de los resultados de dichas pericias, señalando que ninguna de las víctimas murió por balas de los asaltantes. Los proyectiles fueron disparados por las fuerzas policiales. Biardo, responsable de las fuerzas desplegadas en torno del banco, podría quedar entonces vinculado con el triple homicidio. Por el lado del comisario inspector Isaías, Villafuerte le imputa lo que al menos configuran gruesos errores en las primeras horas de la instrucción tras la masacre. Isaías, coordinador de Investigaciones local, estaba a cargo de la recolección de pruebas hasta que fue removido de la responsabilidad. Pero un arma larga que arrojaron los delincuentes por una de las ventanillas del Polo verde y el handy que utilizaron para mantener conversaciones paralelas con policías nunca fueron registradas en las actas y jamás aparecieron. El handy es clave porque fue comprado por un miembro de las fuerzas policiales bonaerenses, y fue utilizado por la banda para comunicarse con policías que no integraban el comité de crisis. Su desaparición abona las sospechas sobre las vinculaciones policiales con la banda. Por otro lado, también como parte de la acusación que pesa sobre Isaías, las armas que Villafuerte ordenó recolectar apenas finalizada la masacre aparecieron con demoras, incluso tres de ellas fueron entregadas al juez tres días después. Una de esas armas fue disparada por un miembro del grupo Halcón, de apellido Francescuoli, y fue la que provocó la muerte del gerente del banco, Carlos Chávez. Villafuerte tiene ahora diez días para decidir la situación procesal de los dos acusados.
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