Si se admite que hay que recaudar más para bajar urgentemente el déficit fiscal, el paquete impositivo preparado por la Alianza es aceptablemente bueno y hasta progresivo en general, pero no deja de ser muy tímido y de estar dominado por el temor a molestar al lobby financiero, del que depende que la Argentina consiga en el 2000 los 25.000 millones que necesita para cubrir los déficit gemelos: el externo y el fiscal. Aunque las reformas tienen una orientación progresiva, afectan especialmente a los ricos menos ricos, mientras procuran no indisponer a los verdaderamente pudientes. La principal conclusión que se extrae de este conjunto de propuestas es que, a pesar de contener algunas buenas iniciativas, en lo sustancial no corrige los vicios básicos y la inequidad del régimen tributario argentino. El principal de aquéllos, fuera de la evasión, es la escasa recaudación de Ganancias y, dentro de ésta, lo poco que tributan las personas físicas en relación a las sociedades, exactamente al revés que en los países exitosos.
Los tributaristas consultados ayer por Página/12 rehusaron arriesgarse a un análisis detallado del paquete porque hay todavía muchos cabos sueltos y aspectos por definir. Un ejemplo de esto es la vigencia de las reformas. Lo correcto es que rijan hacia adelante; es decir, desde el momento en que se sancione y publique la ley. Pero, en ese caso, gran parte del aumento esperado de recaudación recién ocurriría en el 2001. Si se quiere recaudar en el 2000 habrá que retrotraer la vigencia a 1999, lo que en la práctica, corriendo ya los últimos días del año, equivale a darle vigencia retroactiva.
Dentro de la cautela de los expertos, éstas son algunas de sus observaciones críticas:
  Siguen sin ser gravadas las ganancias de capital, extraño privilegio por el cual los empresarios argentinos que vendieron sus empresas a inversores extranjeros por sumas fabulosas no debieron tributar por el beneficio logrado. Esta anomalía se mantiene. Lo mismo ocurre con los dividendos y con las rentas financieras, lo que es profundamente regresivo.
  No se elimina en Bienes Personales (vulgo Riqueza) la exención por la cual no corresponde el impuesto cuando las acciones de una sociedad constituida en el país estén en manos de una sociedad del exterior nominativa. Este es el caso típico de las privatizadas, pero esta exención también incentiva a que empresarios locales armen sociedades en el extranjero y las hagan figurar como dueñas de sus empresas. Como detrás de toda sociedad hay en última instancia personas físicas, correspondería que las firmas les retengan la alícuota de Bienes Personales y la ingresen a Impositiva.
  En este mismo tributo se traza una raya en los 200.000 pesos de patrimonio, para aplicar a partir de allí una tasa de 0,75 por ciento (un cuarto de punto superior a la básica). La queja es que muchos situados por encima de esa línea, pero no muy arriba de ella, no pueden ser metidos en la misma bolsa con los verdaderamente opulentos, cuyas fortunas se miden en millones.
  Lo mismo vale para la aplicación de la alícuota adicional del 3 por ciento en Ganancias para quienes embolsen más de 120.000 anuales. Se acepta que éstos son claramente ricos en relación a la mayoría, pero es exagerado confundirlos con la napa privilegiada, que gana varias o muchas veces esa suma.
  Fijarle a la TV por cable una alícuota del 10,5 por ciento de IVA implica que no tendrán que ingresar ni un peso a Impositiva, ya que enjugarán el IVA cobrado a los abonados con el pagado a los proveedores y la deducción del aporte al Comfer. Fuera del poder de lobby del sector, ¿cuál es la razón de no aplicarle la alícuota general, permitiendo en ese causa una recaudación de 160 millones?
  En el caso de la extensión del IVA a los transportistas, también con una tasa reducida, tampoco le generará ingresos al fisco, pero probablemente ayude a reducir el negreo, porque los ahora alcanzados empezarán a exigir facturas por los bienes y servicios que adquieren.

LA EVASION EN COMBUSTIBLES ALCANZA A LOS $200 MILLONES
Plan para controlar mangueras

Por Cledis Candelaresi

José Luis Machinea dispondrá cambios en el régimen del Impuesto a la Transferencia de los Combustibles. En un documento de su consultora, el inminente secretario de Energía, Daniel Montamat, planteó que en el mercado de las naftas existe una evasión no inferior a los 200 millones de pesos anuales, que, a su juicio, podría combatirse con algunas modificaciones tributarias y la creación de un grupo especial de control “de no más de 20 personas”.
“De los 3500 millones de pesos que aporta el impuesto a los combustibles en un año, el 6 por ciento se evade”, sentencia Montamat en uno de sus informes, y en cuya elaboración participó Héctor Formica, otro de los especialistas en energía cercano al futuro titular del área.
El panorama descripto en ese documento identifica al menos dos mecanismos por los cuales mayoristas y estacioneros, fundamentalmente, eluden el pago del ITC. La principal maniobra, según Montamat, es la elaboración de las llamadas “sopas”, mezcla de naftas con otros productos desgravados como los solventes alifáticos. “Existen unos 20 mil metros cúbicos por mes que se estarían derivando al mercado informal”, calcula. La otra forma de adulteración es el agregado de gasolinas y condensados del gas natural.
Gracias a esas mezclas, el Fisco estaría perdiendo un mínimo de 180 millones de pesos anuales; 120 sólo por el “estiramiento” con solventes. Montamat propone gravar estos productos y reembolsar el impuesto a los empresarios que prueben haberlo empleado en usos industriales.
La otra puerta para la evasión descripta en el trabajo es la desgravación de las naftas patagónicas, que, en muchos casos, terminan comercializándose en el resto del país, donde se cobra como si estuviera gravada. Al margen del costo que tiene este subsidio, por esta vía el fisco pierde de recaudar no menos de “20 millones al año”. En este caso, los especialistas radicales recomiendan eliminar el subsidio y, con lo que se recaude por el cobro del ITC, integrar un “Fondo Para el Desarrollo Patagónico, gerenciado por los gobiernos de las provincias beneficiadas”. La idea de gravar las naftas sureñas, adoptada por Machinea, fue postergada hasta que la difícil relación con las provincias permita avanzar en ese sentido. El futuro gobierno también elevará la imposición a la nafta común a fin de igualarla con la de la nafta súper.
La carta a jugar por la Alianza en el mercado de combustibles es combatir la evasión. “Las restricciones presupuestarias no justifican la ausencia de controles”, dice Montamat. “Las adulteraciones en materia de motonaftas requerirían de un equipo profesional de no más de 20 personas para llevar adelante auditorías técnicas y contables... con facultades de realizar inspecciones sorpresivas.”

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