Página/12 en Estados Unidos
Por Mónica Flores Correa Desde Nueva York En el reporte anual de Human
Rights Watch (HRW) titulado “Informe Mundial 2000”, el prestigioso organismo de
derechos humanos manifiesta preocupación por la violencia policial en la Argentina,
“que ha seguido siendo alta en 1999”. El documento, que se dará a conocer hoy
en Nueva York, donde la organización tiene su sede, señala que en la mayoría de estos
casos de violencia sólo se ha garantizado “la impunidad para los perpetradores”
y que, en el limitado número de episodios donde se iniciaron acciones legales, muy pocos
se han resuelto en condenas “debido en parte a la falta de voluntad política” y
en parte a la renuencia de la policía a investigar a sus miembros. HRW critica
explícitamente en su sección dedicada a la Argentina a Carlos Ruckauf, el gobernador
electo de la provincia de Buenos Aires, por afirmar “imprudentemente” que era
necesario “‘matar a los asesinos’ o ‘disparar contra los
criminales’”.
También extiende su crítica a los candidatos que en la campaña electoral de este año
frecuentemente buscaron “conseguir votos sosteniendo que iban a imponer ‘una
mano dura’ contra el delito”. El documento menciona concretamente a Luis Patti
“intendente de Escobar y ex jefe de policía acusado de torturar a sospechosos a
comienzos de la década del noventa, quien propuso que los civiles se armasen contra el
crimen y defendió el uso de la tortura y de otros procedimientos irregulares en los
interrogatorios”.
Como lo hiciera en años anteriores, el análisis de HRW se ocupa también de las
violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en la última dictadura militar. Aunque
destaca algún episodio positivo en el transcurso del año –como el fallo histórico
de la Corte Suprema en el caso Tarnapolsky en el que se obligó a Emilio Massera a pagar
una suma de dinero a un familiar de desaparecidos–, el informe sobre la Argentina
describe básicamente una situación de repetida agresión contra los derechos humanos,
con fuerzas policiales descontroladas y organizaciones no gubernamentales obligadas a
presionar en busca de justicia.
Con respecto a la violencia policial y en base a la documentación del Centro de Estudios
Legales y Sociales (CELS), el informe de HRW dice que en la primera mitad de 1999 hubo 140
personas que murieron a manos de la Policía Federal y de la provincia de Buenos Aires, un
número significativamente mayor que en la última mitad de 1998, cuando hubo 86 muertos.
Describiendo detalladamente lo ocurrido en el robo del banco en Ramallo ocurrido en
septiembre, donde murieron rehenes y delincuentes, el organismo indica que este caso
“subraya la ineficiencia y la falta de entrenamiento de las fuerzas policiales que
participaron, su voluntad a ultranza de recurrir a la fuerza letal aunque se ponga en
peligro la vida de los rehenes y el poco exitoso intento del gobernador Duhalde de
reestructurar y controlar a la policía provincial, así como la evidente intervención de
la policía en actividades criminales”.
HRW también menciona varias acusaciones de tortura cometidas por la Policía Federal y la
bonaerense. Y cita casos de brutalidad policial en La Rioja, con los presuntos suicidios
de Leonardo Ruiz y Aldo Francisco Luna en dependencias policiales de esa provincia, y en
Tucumán.
El organismo destaca además que “la detención de seis ex miembros de la fuerza
policial por su participación en el ataque contra la AMIA”. Y “en un raro caso
de procesamiento de policías acusados de violaciones de derechos humanos, la Cámara de
Apelaciones de La Plata el 17 de mayo condenó a prisión a tres oficiales de la policía
provincial por la desaparición del estudiante de periodismo Miguel Bru en agosto de
1993”.
El reporte también señala que continuaron las investigaciones por las violaciones a los
derechos humanos durante la dictadura. HRW remarca que la mayor parte de las
investigaciones por las violaciones del pasado se deben a la acción tenaz de ONGs como
las Abuelas de Plaza de Mayo. Entre los ejemplos, cita la demanda de una prueba de ADN
obligatoria que las Abuelas hicieron en el caso de un ex oficial de la Marina detenido por
apropiación ilegal de un hijo de padres desaparecidos. En sus 517 páginas, “Informe
Mundial 2000” se ocupa de 68 países, incluyendo Estados Unidos. Según indica
Kenneth Rooth, director ejecutivo del organismo, “1999 será recordado como el año
en que la soberanía cedió espacio (o se consideró menos importante) en los lugares
donde se cometieron crímenes contra la humanidad. HRW respaldó a Kofi Annan, secretario
general de Naciones Unidas, en su afirmación de que los líderes nacionales pueden ser
procesados si no impiden los crímenes contra la humanidad o si permiten que otros países
los lleven a cabo.
Garzón y el gobierno
Por M.F.C.Al referirse al rol de la
comunidad internacional en la situación de los derechos humanos en la Argentina, el
informe de HRW destaca que en 1999 los tribunales europeos continuaron con el intento de
procesamiento de miembros de las fuerzas armadas involucrados en las violaciones a los
derechos humanos de la última dictadura militar. Pero subraya que “las autoridades
argentinas no han cooperado con estos esfuerzos, argumentando que las cortes extranjeras
no tienen jurisdicción (en estos casos)”.
Además, “el gobierno argentino apoyó completamente al gobierno de Chile en sus
esfuerzos para impedir el procesamiento del ex dictador Augusto Pinochet que instruyera el
juez español Baltazar Garzón”, dice HRW.
El reporte menciona que el juez Garzón acusó a la dictadura de haber llevado a cabo un
genocidio contra la comunidad judía, basándose en información de la Comisión de
Solidaridad con los Familiares de los Desaparecidos que dijo que el informe de la CONADEP
detalla las desapariciones de 1260 judíos.
El documento también hace referencia a las actuaciones de tribunales italianos y
franceses en relación con casos de desaparición de ciudadanos de esas nacionalidades en
los cuales estuvieron vinculados Guillermo Suárez Mason y Emilio Massera. El informe
detalla también que en marzo de este año “Un juez federal acusó al ministro de
Relaciones Exteriores (Guido Di Tella) de evitar deliberadamente que se adopten las
medidas para cumplir con el pedido de extradición de Emilio Massera que hiciera un
tribunal suizo por la desaparición en 1977 del ciudadano suizo Alexis Jaccard “. |
Libertad de prensa
Por M.F.C.El informe de HRW
cita la tarea realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y destaca la
preocupación de este organismo de la OEA con respecto a la libertad de expresión y
opinión en la Argentina. HRW destaca que la comisión “inició en marzo la
investigación de las violaciones al derecho de libertad de expresión y opinión, en
relación con los fallos de la Corte Suprema en contra de los periodistas Horacio
Verbitsky y Tomás Sanz”.
HRW cita el informe especial de la Comisión sobre libertad de expresión, donde ese
organismo manifestó preocupación por varias decisiones de la Corte Suprema argentina que
limitaban esta libertad, entre ellas, la que se refiere al caso del periodista Eduardo
Kimel. En el informe, el caso Kimel reaparece en los párrafos especialmente dedicados a
la situación de la prensa en la Argentina. “En abril, el periodista Eduardo Kimel
recibió una sentencia en suspenso de un año de prisión y una multa de 20.000 dólares
por afirmaciones hechas en su libro La masacre de San Patricio que relata el asesinato de
cinco sacerdotes y seminaristas palotinos en 1976”. El ex juez Guillermo Rivarola
demandó a Kimel por calumnias debido a las declaraciones que el periodista hace en el
libro sobre el rol que tuvo el magistrado en la investigación de las muertes de los
religiosos, dice el informe.
El informe también comenta las amenazas y ataques violentos sufridos por periodistas en
las provincias de Buenos Aires, Corrientes y Mendoza. Pero indica que los actos de
violencia y los intentos de amedrentamiento de la prensa fueron menos numerosos en 1999 en
comparación con años previos. |
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