Por Horacio Verbitsky Una investigación
periodística del diario El Tiempo de Azul frustró la asunción en el gabinete municipal
de Azul de un comisario acusado de haber torturado a detenidos durante el gobierno de
Isabel Perón, cargo por el que no fue juzgado. El electo intendente de Azul, Omar
Duclós, de la UCR, había ofrecido la secretaría de Control Urbano al comisario mayor
retirado de la policía bonaerense Carlos Ernesto Barral, de 60 años, invocando el
“reclamo de muchos azuleños de que podamos vivir en comunidad con orden”. El
diario obtuvo acceso al expediente judicial de 1974 con auxilio de quien fue abogado de
las víctimas, Juan Carlos Pugliese, hijo del ex presidente homónimo de la Cámara de
Diputados. El malestar en el propio bloque radical, el repudio del sindicato bonaerense de
docentes SUTEBA y la intervención del presidente del Comité Provincia de la UCR,
Leopoldo Moreau, fueron decisivos para que Duclós diera marcha atrás. El intendente lo
atribuyó a una decisión personal del ex policía, quien “no puede soportar que se
esté manoseando su figura permanentemente”. Duclós no quiso escuchar personalmente
a las víctimas. “Nos encontramos ante una palabra contra otra”, dijo.
El concejal justicialista Roberto Maumús también había cuestionado “la
contradicción” del radicalismo, que acusa al gobierno provincial por la designación
de Aldo Rico mientras incorpora en sus filas a quien “figuró en las listas del
riquismo como candidato”. Duclós defendió la designación: Rico “se levantó
en armas contra la Constitución”, mientras Barral “no participó de ningún
levantamiento”, dijo. Agregó que ni en los archivos de la CONADEP, la APDH ni el
CELS, encontró el apellido Barral. En Azul no hubo alianza con el Frepaso y Duclós ganó
la intendencia con la boleta radical. De inmediato anunció que disolvería la Dirección
Municipal de Derechos Humanos, que había creado su antecesor justicialista, Juan
Barbarena. El curriculum distribuido por Barral dice que entre 1972 y 1977 se desempeñó
como secretario de Zona XI Camineros de Azul, pero no menciona su presencia en Azul. En
1997 aspiró al cargo de Defensor de la Seguridad, pero Barbarena se opuso. Barbarena
militaba en el mismo grupo de la Juventud Peronista que los torturados de 1974.
En noviembre de ese año varios militantes de la JP denunciaron haber sido detenidos por
la policía y sometidos a torturas con picana eléctrica en una casa operativa de la
Triple A, de la cual fueron conducidos luego a la comisaría primera. La causa fue
investigada por el juez de instrucción Norberto Dante Ippólito, quien renunció tras un
atentado con bombas molotov en su domicilio y de una ráfaga de ametralladora que pasó a
20 centímetros del respaldo de la cama de su secretario Roberto Hansen. El 2 de diciembre
de 1974, a pedido del juez subrogante Alejandro Sastre Abella, el grupo médico de la
Unidad Regional XI de Azul constató y documentó la existencia de golpes y
“escoriaciones puntiformes cuya etiología es difícil de determinar” en la zona
mamaria del cuerpo de una de las víctimas, Estela Cerone. Pero el procurador general
José Agustín Carús aconsejó el sobreseimiento de los policías intervinientes y el
juez Sastre Abella archivó la causa, en la cual Barral no fue identificado. Cuando Cerone
declaró a la prensa local que le preocupaba ver “personeros de la dictadura unidos a
prácticas tristemente célebres ocupando cargos”, el comisario Barral mostró que
pese al cuarto de siglo transcurrido sus reflejos estaban intactos: “¿Cómo puede
ser que haya subversivos en cargos directivos docentes en las escuelas de Azul?”,
replicó. Uno de los detenidos en 1974, que por entonces integraba un grupo musical,
habló con este diario bajo condición de anonimato. Dijo que no tenía dudas sobre la
participación de Barral en los tormentos, porque cuando fue detenido el comisario le dio
la bienvenida en estos términos: “¡Mi vecino el cantante! Yo te voy a hacer cantar
de nuevo”. En lugar de Barral el intendente Duclós designó en Control Urbano al
capitán Abel Martín, quien pidió la baja del Ejército para asumir. Barral dijo que se
sentía discriminado: “La Policía es una fuerza civil armada, creada al solo efecto
de proteger los bienes de la sociedad y hacer cumplir las leyes. No es un cuartel”,
dijo.
Informe: Fernando Wilhelm
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