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 Pese a los
cuestionamientos que hicieron públicos durante la sesión, el bloque justicialista de
senadores permitió ayer que la Cámara alta le diera media sanción al Compromiso Federal
suscripto por los gobernadores, por el cual se materializa la distribución de fondos
entre el gobierno nacional y las provincias durante los próximos dos años. El gobierno
aliancista, que asume hoy, logra así ganar su primera batalla en el Congreso,
asegurándose un techo de 1350 millones de pesos mensuales a los recursos que deberá
girar a las provincias por impuestos coparticipables y fondos específicos. Las
jurisdicciones locales, a su vez, se aseguran el apoyo del gobierno nacional para
refinanciar sus deudas. Las diferencias entre los senadores justicialistas quedó reflejado más durante el debate –unos se opusieron vehementemente al acuerdo, otros lo apoyaron con reparos– que al momento de la votación. El bloque en su conjunto permaneció en el recinto para dar quórum, pero un sector se retiró a la hora de votar. Sólo dos se opusieron a aprobar la ley en general y cuatro en el artículo primero. Un mecanismo mediante el cual el bloque se otorgó a sí mismo libertad de conciencia pero, a su vez, garantizó en todo momento los votos suficientes para aprobar el documento suscripto por los mandatarios provinciales, respetando el mandato de los gobernadores. Desde temprano, el senador Eduardo Bauzá y el gobernador pampeano Rubén Marín actuaron como operadores para ordenar la tropa propia tras el apoyo al acuerdo, desmembrada el martes cuando los legisladores más rebeldes lograron frustrar la sesión. El desconocimiento del acuerdo alcanzado por los gobernadores justicialistas y el gobierno electo de la Alianza, alcanzado entre la noche del lunes y madrugada del martes, fue un abierto desafío de los senadores a los mandatarios provinciales para pelear la conducción del que será a partir de hoy partido de la oposición. Pero ese liderazgo no era lo único que estaba en juego. Desde el mismo martes, el justicialismo empezó a percibir que el costo político por entorpecer los primeros pasos de la Alianza, frente a la opinión pública, constituiría una cuesta difícil de remontar si se cristalizaba esa posición. Además, los gobernadores provinciales que inician hoy su gestión –y en similar medida los que continúan su mandato– necesitan una urgente respuesta del gobierno federal para encarar la refinanciación de sus deudas, a riesgo de pasar un año 2000 jaqueados por los acreedores y enquistados con el poder central. Finalmente, primó la posición de los moderados. Y mientras que Diputados postergaba para la semana próxima la discusión del Presupuesto y la reforma impositiva, el Senado se allanó no sólo a tratar sino incluso a asegurar la aprobación del acuerdo federal. El acuerdo, firmado por 23 gobernadores en ejercicio y electos, propone una distribución preestablecida de fondos por dos años, por una suma fija de 1350 millones de pesos mensuales en el 2000 y un monto en el año siguiente que surgirá de promediar la recaudación coparticipable de los años 1998, 1999 y 2000, garantizando, en este caso, una transferencia mínima mensual de 1364 millones. A su vez, el acuerdo compromete la presentación durante el año próximo de un nuevo proyecto de ley de coparticipación federal al Congreso, y a cada una de las provincias a cumplir pautas de transparencia fiscal y reducción de gastos. El gobierno nacional, en tanto, asume la responsabilidad de implementar un programa de refinanciación de deudas provinciales, a tasas “más convenientes” y extensión de plazos de vencimiento. La administración de dicho programa pasará a manos del Organismo Fiscal Federal una vez que éste se cree. El proyecto de ley, con media sanción del Senado, pasará ahora a Diputados, donde la Alianza tendrá menos dificultades para convertirlo en ley. Desde la semana próxima, la Cámara baja tendrá una nueva composición y se descuenta una menor oposición del bloque justicialista encabezado por Humberto Roggero. Por otra parte, la pelea en la Cámara estará dominadapor la más conflictiva reforma tributaria, en la que los justicialistas prometen resistencia a aprobar los nuevos gravámenes sobre el consumo.
Deuda de 18 mil millones de pesos
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