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 La alta tasa
de desempleo, la gran cantidad de nuevos pobres, las prácticas discriminatorias contra la
mujer, así como las relativamente elevadas tasas de mortalidad materna y embarazos
adolescentes, y el incremento de la violencia doméstica contra la mujer, son las deudas
sociales que deja pendientes el gobierno de Carlos Menem, de acuerdo con el último
informe del Comité de Derechos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas. El
organismo recomendó al Estado argentino adoptar medidas efectivas para "reducir el
desempleo, combatir la evasión impositiva, garantizar los derechos de la mujer y atacar
las raíces del problema de los chicos de la calle".El Comité que redactó el informe es el organismo encargado de vigilar la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos y Culturales, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966. La Argentina lo ratificó en enero de 1976 y, hasta abril del '96 lo habían suscripto 133 países. El pacto contiene las disposiciones jurídicas internacionales más importantes para garantizar los derechos relativos al trabajo en condiciones justas, la protección social, un nivel de vida adecuado en áreas como la salud y la educación. El organismo elaboró sus conclusiones tras recibir el último informe del gobierno argentino --suministrado en 1997-- y contrastarlo con datos de la Organización Internacional del Trabajo, la Unesco, la Organización Mundial de la Salud y de organismos no gubernamentales. El comité se reunió el 11 de noviembre en Ginebra, y el 3 de diciembre último dio a conocer las conclusiones, que se difundieron esta semana. Entre los países examinados en este informe, además de la Argentina, se encuentran México, Armenia, Camerún, Bulgaria y las Islas Salomón. El informe rescata como puntos positivos "el éxito del programa oficial para combatir el mal de Chagas, reconocido por la OMS", y la restitución a poblaciones aborígenes de amplias porciones de tierras en las que vivieron sus antepasados. Sin embargo, el organismo manifestó su preocupación por la situación de seis comunidades mapuches del área de Pullmari, en el sur argentino, que, pese a haber obtenido el reconocimiento legal sobre sus tierras, no tienen aún los derechos de propiedad sobre ellas. El comité también se mostró preocupado por un alto número de nuevos pobres, que "tradicionalmente pertenecieron a la clase media"; y porque los beneficios para la población desempleada sólo alcanzan al 6 por ciento de los desocupados. También alertó sobre "las prácticas discriminatorias de facto contra la mujer, particularmente en las áreas de empleo y pago igualitario". Entre otras preocupaciones del organismo internacional, se encuentran "los programas de privatización de las jubilaciones" y la falta de iniciativas adecuadas para resolver el problema del déficit habitacional. En cuanto al área de la salud, el comité alertó en particular sobre la "relativamente alta tasa de mortalidad materna y la elevada cantidad de adolescentes embarazadas". También advirtió sobre "el incremento de la incidencia de la violencia contra la mujer, en particular la violencia doméstica". El organismo recomendó, entre otros puntos, que el gobierno ratifique la convención de la OIT sobre pueblos indígenas y que encuentre una solución para satisfacer los derechos de las comunidades mapuches. También instó a las autoridades a asegurar que el sistema de seguridad social "garantice una adecuada jubilación mínima". También urgió al gobierno a "mejorar la efectividad de las medidas en el área de seguridad e higiene en los lugares de trabajo", que "revise sus políticas de salud y, en particular, preste atención al tema de la salud mental, la mortalidad materna, los embarazos adolescentes y el VIH-sida". Además, reclamó que intensifique sus esfuerzos para combatir los problemas de la violencia contra la mujer y de los chicos de la calle, "atacando las raíces que provocan esa situación".
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