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Por Cledis Candelaresi  Aunque la
Alianza estrena esta semana mayoría en Diputados, no podrá prescindir del apoyo del
justicialismo si quiere aprobar esta semana el proyecto de Presupuesto para el año 2000
y, junto a éste, el paquete fiscal. Al renovarse la composición de la Cámara, el
discutido dictamen sobre aquella iniciativa perdió vigencia, lo que obliga al flamante
oficialismo a buscar la aprobación de su propio proyecto en comisión y, posteriormente,
conseguir el apoyo de los dos tercios en el recinto para tratarlo antes de que se cumpla
el tiempo reglamentario. Relegados en el protagonismo, los legisladores del PJ discuten
cómo aprovechar este circunstancial poder para forzar cambios en el menú impositivo, el
más urticante para el partido que dejó la Rosada."Podemos apelar a la vieja técnica de aprobar los proyectos en Diputados, para dar la batalla después en el Senado", propuso el jueves un destacado asesor de la bancada justicialista, poco después que fracasara la sesión en la que iban a tratarse aquellos proyectos. Pero la alternativa de modificar la propuesta fiscal en la Cámara alta, donde el PJ conserva la mayoría, aún no convenció a todos los del bando dirigido por Humberto Roggero. La compleja arquitectura parlamentaria obliga a barajar y dar de nuevo, aun en aquellas iniciativas sobre las que se había conseguido algún consenso. Después de arduas negociaciones que involucraron también a los senadores, Diputados se disponía a avalar el proyecto de Presupuesto. Pero la intención de la Alianza de anexarle a último momento el paquete tributario frustró la sesión e hizo que cayera el dictamen sobre la otra iniciativa. Sin despacho, un proyecto sólo puede ser considerado en sesión si los dos tercios de la Cámara avalan su tratamiento. Si esto no ocurre, es necesario, tras un nuevo dictamen, esperar los quince días reglamentarios para que éste pueda ser debatido en sesión. Antes, deben conformarse las comisiones encargadas de dictaminar. Estas condiciones en cadena cuentan ahora para las dos iniciativas aliancistas, aunque la resistencia del PJ se limitaría a la tributaria. El primer reparo que manifestaron los diputados justicialistas contra el proyecto fiscal es que no tuvieron tiempo de analizarlo en detalle, porque ingresó al Congreso recién el martes por la noche. En segundo lugar, aprovechan su rol opositor para cuestionar políticamente la regresividad que le imputan a su contenido. "No podemos avalar una propuesta que sólo carga las tintas sobre el consumo", protesta Oscar Lamberto, quien secundará al radical Raúl Baglini en el comando de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Pero la verdadera resistencia se explica porque la propuesta parlamentaria de Fernando de la Rúa vulnera los intereses de las provincias, la mayoría de ellas en manos del partido que comanda Carlos Menem. Y, al mismo tiempo, porque desafía a los mismos lobbies empresariales a los que los legisladores del PJ cedieron cuando se discutió el proyecto tributario enviado por Roque Fernández. La prevista suba de Impuestos Internos afecta varias economías regionales, del mismo modo que la quita del 30 por ciento del Fondo del Tabaco rebana recursos a otras y recrudece la presión de las tabacaleras, cuyos representantes son caras muy conocidas en el Parlamento. En rigor, el nuevo gobierno postula cambios muy semejantes a los que ya intentó el ex ministro de Economía, Roque Fernández, pero que fueron frustrados por la resistencia del PJ, de la propia Alianza, y la de los sectores empresarios involucrados. La administración saliente intentó sin éxito, por ejemplo, subir la alícuota y la base de los Impuestos Internos y generalizar el IVA. Difícilmente los legisladores justicialistas convaliden ahora lo que ya negaron a su propio gobierno, al menos que sobre la mesa de negociación De la Rúa ponga una carta muy tentadora.
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