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Por Mónica E. Gutiérrez Desde Córdoba Luciano Benjamín Menéndez y el resto de los militares retirados que habían sido citados por la Justicia federal de Córdoba podrán pasar tranquilos el fin de año: después de la resolución de la jueza Cristina Garzón de Lascano para que declaren como testigos sin el juramento de decir la verdad y la posterior apelación de la fiscal Graciela López de Filoñuk a la medida, todo el trámite pasará para el año que viene. Menéndez y compañía debían explicar su participación en los 30 asesinatos de militantes políticos ocurridos en la Unidad Penitenciaria 1 en 1976 bajo la simulación de fugas. Además de decidir la controversia por el carácter de las testimoniales de los represores, la Cámara Federal también estudiará la apelación que el abogado querellante realizó sobre la decisión de la jueza de no citar al ex juez Miguel Angel Puga. Osvaldo César Quiroga y Miguel Angel Pérez, ex suboficial y ex cabo del Ejército respectivamente, eran los primeros en la lista para testimoniar a partir del 20 de diciembre en la causa de la cárcel de barrio San Martín. Algunos testimonios acusan a Pérez de haber disparado en la cara de un preso de apellido Bauduco durante una sesión de golpes y tortura en el penal. Para el 27 estaba prevista la comparecencia de Menéndez y del general Juan Bautista Sasiaiñ, quienes comandaron el Tercer Cuerpo de Ejército en los años más oscuros de la Argentina. Varios sobrevivientes que pasaron por la cárcel cordobesa --entonces convertida en centro clandestino de detención-- aseguraron haber visto a Menéndez presenciando las simuladas "fugas" en las que resultaban fusilados los presos. Beneficiados por la ley de Punto Final y por el indulto, los ex jerarcas de la dictadura sólo pueden ser citados en carácter de testigos. Pero la titular del juzgado que instruye la causa de la verdad histórica para conocer lo sucedido en la Penitenciaría les sumó un nuevo beneficio: los convocó citando en su resolución una parte del artículo 249 del Código procesal, donde se exceptúa del juramento de decir la verdad "a los menores, inimputables, y a los condenados como partícipes del delito que se investiga". La fiscalía apeló la medida cuestionando que los citados sean condenados: "Nunca fueron condenados en la presente causa, por lo cual dicha equiparación carece de asidero". Según López de Filoñuk, esto "vulnera el derecho de las víctimas y de la sociedad en su conjunto a conocer cómo sucedieron los hechos (...) a la vez que se incumplirá con uno de los fines fundamentales de todo proceso penal, que es el descubrimiento de la verdad real". La apelación presentada, a la que se le sumará la del abogado Rubén Arroyo, determinará que las testimoniales deban ser aplazadas hasta que la cámara tome una resolución, por lo que pasarán para después de la feria judicial de verano. "Si el único y primordial objetivo de este proceso es la verdad real, llamar a declarar a personas sin tomarle juramento de decir la verdad aparece como un contrasentido", opinó Arroyo. El abogado de HIJOS ya presentó un recurso ante el tribunal de alzada para intentar revertir otra polémica decisión de la jueza, la de no citar al ex juez Puga, quien tuvo a su disposición varios de los presos asesinados. Garzón de Lascano había accedido al pedido que hizo el ex juez para no comparecer y que plasmó en un singular escrito, donde reivindicaba a la Justicia sometida a la dictadura militar y les recordaba a la magistrada y a la fiscal su actuación como funcionarias judiciales en aquella época. Según Arroyo, la jueza actuó "corporativamente" con esa resolución, "pero con el corporativismo entendido de la peor manera". "La causa ha tomado gravedad institucional, porque la última determinación de la magistrada no tiene sustento legal", dijo Arroyo en relación con que los militares no tendrían que jurar decir la verdad cuando acudan a declarar. Hasta ahora todos los testigos que desfilaron por el tribunal --la mayoría ex presos-- lo hicieron bajo juramento de decir la verdad, con la posibilidad de ser procesados por falso testimonio. Este fue el criterio adoptado por la mayoría de la cámaras federales del país. La de Bahía Blanca, por ejemplo, tomará declaración la semana próxima al militar en actividad Julián Correa y lo hará bajo juramento. El fiscal de esa ciudad, Hugo Cañon, ya pidió el procesamiento por falso testimonio de un ex suboficial del Ejército --Adalberto Bonini--, ya que habría mentido sobre su actuación en el campo de detención conocido como "la Escuelita". ASI ES EL DOCUMENTAL "EL DIA
DESPUES"
Por Susana Viau Tamburrini (hoy docente de Filosofía del Derecho en Suecia) y Guillermo Fernández (residente en Francia), dos de los cuatro protagonistas de la fuga de la terrorífica casa de Castelar eran jóvenes hace 14 años, cuando se sentaron frente a los jueces de la Cámara Federal; también lo eran el abogado Osvaldo Acosta, secuestrado en el Olimpo, o la cordobesa Susana Sastre, detenida en La Perla y más tarde en El Campo de la Rivera; María Verónica Lara era una niña. Tenía 16 años, era la más pequeña de todos los testigos que escucharon los integrantes del tribunal y reconstruyó con una exactitud que hoy la sorprende el día del secuestro de su madre. Los seis fueron convocados a Buenos Aires por el equipo que dirige Magdalena Ruiz Guiñazú y pudieron verse tal como eran entonces en el monitor que les proyectaba las imágenes del proceso, un proceso que, para el ex fiscal Julio Strassera, quizá sea "el único símbolo de la Argentina de este siglo". El monitor funcionó como disparador de la memoria y el guión, las entrevistas y el relato, medidos, intencionalmente parcos, moderaron las emociones. Así, los seis, a su modo, dejaron al descubierto el absurdo brotando de la vida cotidiana de los campos de concentración, el del papagayo detenido e identificado con un número, como cualquiera de los secuestrados en las barracas de La Perla, un animal que de tanto escuchar había aprendido, él también, a llamar a sus captores; el prisionero que por su condición de abogado había sido convertido en sumariante y juez de sus victimarios en simulacros de juicio que, invariablemente, debían terminar en la absolución; el guardia que una noche entró a la celda de Timerman para preguntarle cómo se escribía "lobby" porque estaban escribiendo un documento delirante sobre supuestas conspiraciones sionistas. "El Día Después" es lo que muestra y lo que evoca. Del pasado y su confrontación con el presente no escapan ni los jueces: Andrés D'Alessio, decano de la Facultad de Derecho; León Arslanian, renunciante a la titularidad del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires, frustrado reformador de la "maldita policía", inusitado defensor de Víctor Alderete; Ricardo Gil Lavedra, actual Ministro de Justicia; Eduardo Torlasco, candidato a ocupar la quemante Fiscalía Anticorrupción; Guillermo Ledesma, defensor agónico del empresario Alfredo Yabrán.
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