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Por Adriana Meyer  Directivos
de la empresa LAPA y funcionarios de la Fuerza Aérea Argentina serían citados en febrero
próximo por la Justicia para prestar declaración indagatoria, acusados por los presuntos
delitos de estrago culposo e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en el
caso del avión que se estrelló en la Costanera el 31 de agosto, con un saldo de 67
muertos, adelantaron voceros judiciales. No conformes con la hipótesis del error humano
del piloto, apuntalada por la desgrabación de la caja negra, los investigadores
explicaron a Página/12 que apuntarían a buscar otras responsabilidades en la tragedia.
"Avanzamos porque entendemos que el accidente pudo haber tenido otras causas menos
evidentes", comentaron. Por otra parte, el juez federal Gustavo Literas, a cargo de
la causa, se encuentra en los Estados Unidos para hacer una reconstrucción del accidente
en un simulador de vuelos.El magistrado viajó ayer a Miami acompañado por tres especialistas de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), quienes pondrán en marcha el simulador y realizarán toda la prueba en la máquina provista por la empresa Pan Am Flights, ante la presencia de un fiscal norteamericano. Otro de los objetivos del viaje es obtener la desgrabación de la caja negra, que registra los parámetros técnicos de las veinte horas anteriores al accidente para saber si existieron fallas técnicas en los vuelos previos. En el juzgado consideran que la causa está "muy avanzada", con un 60 por ciento de la prueba ya producida. Los funcionarios judiciales tomaron 400 declaraciones testimoniales, escucharon a casi todos los sobrevivientes y están trabajando con un equipo de psicólogos especializados en aviación civil que analizan no sólo la integridad psicofísica de los pilotos del vuelo 3142 sino también los factores humanos que inciden en la operatividad de la empresa. Además, se solicitaron a la Fuerza Aérea todos las constancias de aumentos de presupuesto pedidos en relación con la seguridad de Aeroparque, a la empresa Aeropuertos Argentina 2000 le requirieron lo mismo y al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le pidieron que envíe copias de las habilitaciones del complejo Punta Carrasco, del Driving Golf y de la casilla de MetroGas que estaba en esa esquina. Cuando el avión arrasó ese puesto, el gas que quedó liberado alimentó el incendio de los restos, agravando en forma considerable la situación de los pasajeros que intentaban ponerse a salvo. Por otra parte, a fines de este mes estará terminado el informe de la Junta de Investigaciones de Accidentes de Aviación, elaborado por la Fuerza Aérea. Las fuentes consultadas por Página/12 destacaron que el informe será tenido en cuenta, pero "no es vinculante". Otro de los elementos que evaluarán es un estudio jurídico contable encargado a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) sobre los recursos asignados por LAPA a la instrucción y entrenamiento de los pilotos, y al mantenimiento de las aeronaves. Si bien la causa sigue caratulada como "interrupción del servicio aéreo con consecuencia de muerte", los esfuerzos fueron orientados desde hace varios meses hacia las condiciones laborales y profesionales de los pilotos de LAPA, y hacia las eventuales responsabilidades de la Fuerza Aérea en cuanto a la seguridad del Aeroparque Metropolitano. "El juez no va a ordenar que lo cierren porque no le compete, pero al final de esta historia podría concluir que ese aeropuerto no es seguro", comentó uno de los colaboradores de Literas. La semana pasada, el juez tomó declaraciones testimoniales en Córdoba a los últimos sobrevivientes que están en condiciones de hablar de la tragedia. Sus relatos contribuyeron a la descripción de lo ocurrido adentro del avión durante el carreteo por la pista del aeroparque Jorge Newbery, y tras el impacto con el terraplén del campo de golf. El juzgado inició además una investigación por los errores que cometió el Cuerpo Médico Forense en la identificación de los cuerpos de las víctimas. Algunos habrían sido causados por equivocaciones en el reconocimiento que realizaron los propios familiares, pero la mayoría se debió a las precarias e incompletas placas odontológicas que se utilizaron. Literas afirmó que "la responsabilidad caerá sobre quien corresponda" y ordenó a los jefes del Cuerpo Médico que se trasladen a Córdoba a dar explicaciones. El juez ordenó siete exhumaciones para hacer una nueva entrega a los familiares y autorizó la realización de contrapruebas para tener una certeza total de los reconocimientos.
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