|
Por Martín Granovsky Carlos Menem lo hizo. Consiguió instalar a Rodolfo Barra en un puesto del Estado hasta el 2003. Hoy el ex ministro de Justicia y ex juez de la Corte Suprema asumirá como presidente de la Auditoría General de la Nación luego de que el Partido Justicialista mandase a los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados una prolija carta firmada por Menem y Eduardo Bauzá oficializando su designación en nombre del principal partido opositor. Carlos "Chacho" Alvarez anticipó a Página/12 que no tomará juramento a Barra, y José Genoud, presidente provisional del Senado, confió anoche a este diario que el juramento no será necesario. Nadie quiere quedar estampado hoy en una foto junto a quien se definió una vez como "un soldado de Menem en la Corte Suprema" y jugó un papel clave en decisiones como éstas tres: * Los pliegos de peaje, como viceministro de Obras Públicas de Roberto Dromi. * El contrato de los DNI, como asesor de la empresa alemana Siemens. * Desde la presidencia del Organo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), el perdón de pagos sustanciales en forma de canon a Aeropuertos Argentina 2000, el concesionario piloteado por Eduardo Eurnekian. Tal como anticipó este diario hace dos semanas, los diputados Darío Alessandro, Melchor Cruchaga y Alicia Castro presentaron una "tacha" (por el francés "mancha") contra Barra por presuntas irregularidades en la gestión del control de aeropuertos. A la vez Menem pareció facilitar las cosas, porque hizo opción de la facultad constitucional de que la oposición designe al presidente de la Auditoría, pero lo hizo antes del 10 de diciembre, cuando aún el PJ no había pasado a la oposición. El pedido de Menem estaba viciado de nulidad, y lo estuvo hasta ayer a la tarde, cuando el senador Jorge Yoma entregó a Alvarez una nota formal de Menem y Eduardo Bauzá, senador y secretario general del PJ, postulando a Barra. Ese gesto desmontó el compromiso público de Alvarez y su par en Diputados, Rafael Pascual, de no aceptar un juramento contra natura. En algún momento de la tarde la Alianza se ilusionó pensando que debía ser todo el consejo nacional del PJ, y no solo su presidente, el que promoviera la candidatura del presidente de la AGN. Pero la ilusión se desvaneció al constatar que en 1995 Raúl Alfonsín firmó en solitario en nombre de la Unión Cívica Radical la nominación de Enrique Paixao para la AGN. Tampoco se produjo un movimiento concreto contra Barra en el Partido Justicialista. Eduardo Duhalde, el mayor crítico público de Barra en el peronismo, no negoció en procura de un candidato alternativo. Y otro dato fue evidente: Fernando de la Rúa no se pronunció en favor de Barra, pero tampoco en contra. Si eligió convertir al PAMI en un tema central, prefirió no hacer lo mismo con Barra. Un senador que aseguró interpretar el pensamiento del nuevo Presidente dijo que a De la Rúa le importaba más la votación del compromiso fiscal, el cambio de Eduardo Menem a José Genoud como presidente provisional del Senado y la ley de ministerios. En realidad el proyecto original de Menem no era nominar a Barra sino al ex director de Yacyretá Saúl Bouer, el mismo que debió abandonar la intendencia cuando el agua sepultó las calles de Buenos Aires y su propia suerte. Menem también pensó en su abogado personal Ricardo Klass y en el secretario de Transportes Armando Canosa, acusado por Duhalde de haber realizado una renegociación "confusa" de los contratos ferroviarios. Un dirigente peronista relató que los autores de la sugerencia de Barra fueron Augusto Alasino, Jorge Matzkin, Humberto Roggero y Alberto Pierri. --Si nos pegan duro, peguemos duro --fue la consigna de uno de ellos, convencido de que nada irritaría más que la presencia de Barra. Otro se puso por un momento del otro lado y razonó distinto: --Para nosotros era mejor Bouer. ¿Usted se imagina una pelea pública entre (el ministro de Infraestructura, Nicolás) Gallo y Barra? A quién le va a creer la gente. A Barra no. Dos senadores de la Alianza dijeron a Página/12 que su próxima apuesta, después de la digestión forzada de Barra auditor, será aprobar la modificación de la AGN que, dicen, el PJ se comprometió a firmar. La idea es que la AGN pase a tener ocho miembros y requiera un quórum de cinco para sesionar. La Alianza imagina que el PJ contará con cuatro miembros: dos senadores, un diputado y Barra, el presidente. El oficialismo también tendrá cuatro: dos diputados, un senador y un vicepresidente, cargo éste que debería instaurarse. Si hay empate el presidente de la AGN desempataría, pero se supone que la administración previa del quórum impediría darle todo el poder a Barra. Pero eso es futuro, así sea a dos días. Anoche, el bloque de senadores del PJ ya distribuía las invitaciones para hoy sabiendo que lo peor que puede pasarle a Barra es quedarse sin discurso ni champagne. EL JURAMENTO SEGUN ALVAREZ Y GENOUD Por M.G. --¿Por qué dice que no lo hará? --le preguntó anoche Página/12. --Disiento políticamente con esa designación y por eso no le voy a tomar juramento. Hay conflicto de intereses si la persona que debe controlar las cuentas del Estado es la misma que asesoró a empresas vinculadas a la prestación de servicios públicos y el que debe controlar las cuentas del Estado. --¿A qué empresas se refiere? --Barra desarrolló trabajos previos en empresas concesionarias, después fue funcionario de Roberto Dromi y terminó asesorando a Siemens en el contrato de los nuevos DNI cuando acababa de ser funcionario. Y era, además, asesor presidencial de Menem. Esos eran sus compromisos cruzados. Quiero agregar, como antecedente, que Barra tiene la responsabilidad intelectual de haber ideado la reelección y luego la re-reelección. --Esa es una crítica política. --Más que eso, porque solo podía su proyecto lograrse distorsionando la Constitución Nacional, y no quiero en la Auditoría General de la Nación una persona capaz de llegar a ese extremo.
REVISION DE LA PLANTA DEL SENADO El primer día de Carlos "Chacho" Alvarez como vicepresidente de la Nación no resultó apacible, y no sólo por la nominación de Rodolfo Barra en la Auditoría General. Además de echar un vistazo a su despacho en la Casa de Gobierno y concluir que es "un tanto inhóspito, muy grande, con el empapelado que se cae y el piso que se levanta", Alvarez comenzó a analizar la cuestión de los empleados del Senado. Para que no cunda el pánico en el cuerpo, el líder del Frepaso aclaró: "La gente que trabaja tiene que estar tranquila, los que tienen que estar intranquilos son los que hace muchísimo tiempo sólo pasan a fin de mes a cobrar el sueldo, que yo creo que son bastantes" dijo, antes de asegurar que "en cuatro o cinco meses no habrá más ese tipo de empleados". Alvarez admitió que la purga no va a ser fácil. "A diferencia de una empresa privada, en la administración pública el sistema para despedir a una persona que no cumple con sus tareas es mucho más difícil y engorroso desde lo administrativo", explicó. A pesar de las dificultades, el vicepresidente adelantó que la nueva gestión aliancista planteará "un sistema de control para que sólo vaya quedando en el Senado la gente que está cumpliendo efectivamente funciones". Además, anunció que hoy firmará el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias para que el Parlamento dé tratamiento a una serie de proyectos de ley, entre ellos, un paquete tendiente a combatir "la evasión fiscal". El vicepresidente adelantó que enviará un proyecto de ley al Congreso, que aún no fue redactado, para que "a medida que aumente la recaudación se pueda ir bajando el IVA", el cual, dijo, no debería ser superior a "un 15 por ciento". También tuvo tiempo para recorrer su despacho de la Casa Rosada, en el que piensa pasar "tres días por semana". Alvarez confesó que le resulta "un tanto inhóspito" por su gran amplitud y algunos "problemas" de tipo edilicio, aunque aseguró que todas esas deficiencias se ven "compensadas" por el histórico balcón contiguo a la oficina, desde donde Juan Domingo Perón le habló al pueblo el 17 de octubre de 1945. "Es muy grande. Yo estoy acostumbrado a cosas más chicas, más acogedoras", sostuvo Alvarez, quien ayer a la mañana inauguró su oficina de vicepresidente con una improvisada conferencia de prensa. El despacho está ubicado a pocos pasos del Salón Blanco. "Si lo comparamos con el despacho presidencial las diferencia es bastante considerable", se quejó con ironía. Orden para que fiscales puedan investigar a Barra
Entre los servicios está el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) que hasta hace poco fue dirigido por el propio Barra. Todos los antecedentes están en manos del Procurador General de la Nación, Nicolás Becerra. La investigación de la Defensoría pide al procurador que determine si hay delito en las modificaciones en el contrato de concesión que, según la denuncia, perjudicaron a la Fuerza Aérea como institución encargada de la seguridad en las estaciones aeroportuarias. Otro punto de cambio de contrato es la posibilidad de anexar terrenos fiscales a los que ya ocupa la aeroestación de Ezeiza por parte de la empresa concesionaria Aeropuertos Argentina 2000. También llegará a manos de Becerra la información de que la concesionaria no sólo no pagó parte del canon que adeudaba del primer semestre de este año --unos 30 millones de dólares-- sino que además, y contando con el visto bueno del ente que conducía Barra, depositó esa cifra en un banco de Estados Unidos hasta tanto se resuelva un pedido realizado por AA2000 que incluía la devolución de 200 millones en concepto de deficiencias aeroportuarias que la empresa entendía que las había heredado de la administración estatal. Por último, la Defensoría del Pueblo recogió denuncias según las que el ORSNA autorizó diversos descuentos al canon a abonar por el primer semestre de 1999. Estas quitas llamaron la atención a los miembros de la Defensoría porque mucha de esos descuentos "se encuentran trabajos que habría realizado el Instituto Nacional del Agua (INA), sin perjuicio de lo cual aparecen pagos a este Ente realizados por la Autoridad de Control (el ORSNA)". El INA era conducido por el cuestionado funcionario Mario De Marco Naón. Las modificaciones del contrato de concesión fueron detectadas por los pesquisas de la Defensoría cuando estudiaron la resolución 280 del ORSNA, adelantada en exclusiva por Página/12. Según el gremio de aeronavegantes, esa resolución de Barra quitó fondos a la Fuerza Aérea y desprotegió la seguridad de los aeropuertos. El dictamen de la Defensoría sostiene que "la Fuerza Aérea en su oportunidad requirió fondos presupuestarios para hacer frente a este tipo de gastos, sin perjuicio de lo cual los fondos no fueron derivados a esa dependencia, sino que ingresaban al ORSNA". La resolución de Cantero indica que parte de esos fondos fueron usados para los gastos de ese Ente y otro tanto fue a la Jefatura de Gabinete. Este ítem del informe culmina casi con un lamento: "A pesar de la insistencia no se ha podido obtener un detalle fehaciente de esos gastos". La resolución 280 le confirió al concesionario la posibilidad no sólo de proveer el material referido a la seguridad a los 33 aeropuertos que tiene bajo su órbita, sino que también, explicó Alicia Castro, "se convierte en la virtual contratista directa de los restantes aeropuertos no concesionados porque el instrumental adquirido es distribuido a todas las aeroestaciones del país sin siquiera pasar por una licitación como exige la ley". Pero el punto que más llama la atención es que uno de los destinos del canon que cobra el Estado a la empresa concesionaria es justamente para la seguridad de los aeropuertos. En la denuncia, el ítem que desarrolla a posibilidad de anexar terrenos fiscales al aeropuerto internacional de Ezeiza está íntimamente relacionado con el accidente del avión de LAPA en Aeroparque el 31 de agosto pasado. De acuerdo al propio detalle de la resolución de Cantero, cuando se produjo el accidente cobró fuerza nuevamente el proyecto de AA2000 de trasladar Aeroparque a Ezeiza. Según lo presentado por al empresa concesionaria, se hacía imprescindible la incorporación de terrenos al aeropuerto a pesar de que --como detalla el dictamen de la Defensoría-- "de forma expresa habían quedado fuera de la concesión". La Defensoría sostiene que el ORSNA "a pesar de las observaciones que realizó la Fuerza Aérea y de las circulares emitidas, dio una opinión favorable propiciando ante el Poder Ejecutivo el dictado de un decreto" donde se otorgaban provisoriamente los terrenos solicitados. Del informe de la Defensoría, se desprende que el ORSNA estaba al tanto de la falta de pago de la parte del canon adeudado correspondiente al primer semestre de 1999. El total correspondiente es de aproximadamente 170 millones de dólares. Sin embargo, AA2000 hasta el momento sólo pagó 55 millones. Lo que, siempre según la denuncia, sabía el organismo que dirigía Barra era que la deuda, que asciende a 30 millones, había sido depositado "en garantía" en la Unión de Bancos Suizos de Nueva York y que se mantendrá allí --según una decisión de la propia empresa-- hasta tanto se resuelva un reclamo de 200 millones que realiza contra el Estado nacional. Estos son los puntos que llevaron a la Defensoría a observar la existencia de "hechos presumiblemente delictivos de acción pública".
|