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Por Laura Vales  Los centros
de jubilados afines al menemismo y la CGT están dispuestos a avanzar hasta las últimas
consecuencias para impedir la intervención del PAMI. Y ya pusieron en marcha un plan a
dos puntas: la primera consiste en sembrar los juzgados del país de pedidos de amparo,
apostando a que algún juez dicte una medida de no innovar que frene la asunción del
equipo multipartidario encabezado por Cecilia Felgueras, que deberá administrar las
cuentas del Instituto e investigar los supuestos casos de corrupción de la gestión de
Víctor Alderete. De hecho, cuatro de estos recursos judiciales ya fueron presentados en
tribunales de la Capital y el interior del país a través de organizaciones de jubilados.
La segunda pata de su estrategia es poner trabas a la intervención desde adentro, a
través de los miembros del directorio de la obra social que anunciaron su oposición a
ser desalojados del PAMI. En los últimos años el directorio apoyó de manera
incondicional cada paso dado por Alderete y ayer le dieron una última muestra de lealtad:
el todavía presidente del PAMI pidió una licencia por tiempo indeterminado y se la
otorgaron de inmediato. En la Alianza ratificaron que el miércoles la obra social será
intervenida y que la Oficina Anticorrupción la tendrá como primer objetivo. "No hay
marcha atrás posible" es la respuesta oficial; "Alderete y su directorio están
afuera. Es improbable que algún juez les dé la razón, pero aún así en el peor de los
casos se tardará una semana más para llegar al mismo punto".
Alderete había dejado trascender que ayer se presentaría en las oficinas del PAMI con el argumento de que todavía le queda un año largo de mandato y que nadie lo había removido formalmente. Por eso, desde temprano en la mañana hubo una guardia de jubilados que lo esperaron en la puerta para darse el gusto de abuchearlo. Pero no apareció; en cambio, envió una solicitud de licencia por tiempo indeterminado. Siete integrantes del directorio se reunieron de urgencia y aprobaron su solicitud. También distribuyeron un comunicado para oponerse a la intervención alegando que el PAMI ya fue normalizado, que es una obra social no estatal y que sus fondos tampoco provienen del Estado, por lo cual "no existen razones jurídicas ni fácticas" para intervenirlo. Se trata de las mismas razones esgrimidas en los recursos llevados a la Justicia. Una de esas presentaciones ya fue rechazada in limine por un juzgado de Santa Rosa, en La Pampa. Pero lo cierto es que los aliados de Alderete distribuyeron durante toda la semana pasada decenas de copias del modelo de amparo en todo el país. Domingo Petrecca, uno de los directores del PAMI en representación de la CGT, confirmó a este diario que la Confederación de General de Jubilados y Pensionados, una organización estrechamente ligada a la central obrera, presentó uno ante el juzgado nacional a cargo de Marta Córdoba, en la Capital Federal. Y que lo mismo hicieron otras federaciones en el interior del país. Petrecca es uno de los funcionarios que ayer aprobó el pedido de licencia para Alderete junto a Eduardo Polemann, quien pasó a ocupar su lugar como presidente del PAMI. Apenas trascendió la decisión del directorio, la futura interventora Cecilia Felgueras puntualizó que la licencia no alteraba la situación porque "a partir de la intervención tanto el presidente como el directorio quedarán sin funciones". En la Alianza creen que todo se trata de una argucia legal con la que Alderete buscó evitar, además del mal trago de ser despedido, la posibilidad de que tener rendir cuentas sobre el estado en que entrega el PAMI. "Como presidente del directorio él debería entregar un informe sobre las deudas, la situación de las prestaciones, los contratos en vigencia y un inventario con todos los bienes del PAMI", sostuvo ayer el diputado Alfredo Villalba, quien agregó que hay sospechas de que en los últimos días la obra social se convirtió en tierra arrasada. El decreto de intervención será firmado hoy por De la Rúa. Fuentes del Gobierno aseguraron que también se anunciará la decisión de dar marcha atrás con todos los nombramientos y aumentos de última hora. Y que el miércoles, tras la asunción de las nuevas autoridades, un equipo de la oficina Anticorrupción comenzará a revisar las cuentas que dejó la gestión del íntimo de Carlos Menem.
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