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Por Eduardo Tagliaferro  De la gloria
a Devoto es uno de los dilemas con el que suelen enfrentarse los políticos que ocupan
cargos públicos. Al formalizar en el día de ayer el traspaso de la Cancillería al
aliancista Adalberto Rodríguez Giavarini, la gloria comenzó a ser un hecho cada vez más
lejano para el ex canciller Guido Di Tella y aunque Devoto no aparezca como cercano, la
pregunta de si teme ir preso, formulada por los periodistas que lo aguardaban horas más
tarde en los tribunales federales, logró enmudecerlo. Di Tella se presentó en forma
espontánea en el despacho del juez federal Jorge Urso para solicitarle que lo cite cuanto
antes a prestar declaración indagatoria en la causa por la venta ilegal de armas a
Ecuador y Croacia.Urso había promovido, sin éxito, el juicio político de Di Tella para poder indagarlo en la causa del tráfico de armas, en la que está acusado de "ocultar pruebas" a la Justicia federal, ser "partícipe de la falsedad ideológica" de los decretos presidenciales que autorizaron la venta del material bélico, y haber puesto en peligro las relaciones amistosas con el Perú. El cargo de ocultamiento de pruebas es el que más compromete la situación procesal del ex canciller y se relaciona con no haber entregado a la Justicia federal un cable confidencial enviado desde Perú por el ex embajador Arturo Ossorio Arana en el que se advertía sobre la existencia de informes de inteligencia peruanos alertando sobre un posible desvío de armas argentinas hacia Ecuador. Ayer, al salir de los tribunales federales, Di Tella se refirió al cable de Ossorio Arana como a un simple rumor. "Se informó a las autoridades que competía informar", fue la respuesta con la que el ex canciller evitó responder si el ex presidente Carlos Menem fue uno de los funcionarios alertados después de haber recibido el informe diplomático. El cable de Ossorio Arana había sido enviado cuatro días antes de que partiera desde Ezeiza el primero de los vuelos de la empresa Fine Air trasladando el armamento argentino comprado por la empresa ecuatoriana Prodefensa. Cuando la Justicia federal le solicitó a la Cancillería la remisión de todos los cables relacionados con el caso, éste no fue entregado. Precisamente, el ocultamiento de este cable había sido señalado por el ex ministro Oscar Camilión como el motivo de su procesamiento por omisión de denuncia. A veces desembozada, otras en forma manifiesta, la disputa entre Camilión y Di Tella fue una constante a lo largo de la investigación por la venta ilegal de armas. Camilión siempre sostuvo que el principal responsable en aceptar la validez de los certificados de uso final emitidos por los países compradores del armamento era el canciller Di Tella, ya que su ministerio tenía los mecanismos para verificar la autenticidad de las compras. En su descargo, Di Tella sostenía que la competencia de su ministerio en la venta de armamento se restringía a informar si existía algún embargo o prohibición de venta para los países compradores. El comportamiento de Di Tella a lo largo de la instrucción de la causa tuvo lo mismos vaivenes que el discurso oficial, primero insinuó que el gobierno venezolano estaba involucrado en el desvío del armamento argentino, luego se manifestó engañado por los intermediarios y finalmente impulsó la autodenuncia del gobierno argentino ante el Comité de Sanciones de la ONU. La denuncia fue presentada por el embajador argentino ante la ONU, el abogado Emilio Cárdenas, quien presidía la comisión que supervisaba el embargo contra los países integrantes de la ex Yugoslavia. Antes de asumir en ese cargo Cárdenas había afirmado que el gobierno de Carlos Menem era una "cleptocracia".
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