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 Ya no será
de 10 mil pesos sino de 7 mil el límite para comprar bienes con dinero contante y
sonante. El jefe de asesores de Economía, Pablo Gerchunoff, reveló ayer que las
transacciones que superen ese tope deberán pagarse mediante cheque o tarjeta de crédito.
Como anticipó Página/12, la medida forma parte del plan de la Alianza para
combatir la evasión, puesto que al quedar documentadas las compras, la DGI podrá cruzar
las liquidaciones de impuestos de los contribuyentes con esa otra fuente de información.
Claro que el costo para facilitar el accionar del organismo recaudador recaerá sobre los
consumidores, quienes deberán recurrir al servicio de bancos y empresas emisoras de
dinero plástico --y pagar las comisiones correspondientes-- si quieren adquirir un bien
de valor superior a los 7 mil pesos. Aunque no fuera ésa la intención, con esta medida
el gobierno favorece la actividad bancaria."La lucha contra la evasión va a ser fuerte, con más eficacia que show", subrayó Gerchunoff, deslizando una crítica hacia la gestión de los funcionarios menemistas en esa materia, el último de los cuales fue Carlos Silvani. El jefe de asesores de José Luis Machinea destacó que la fijación de un tope para las compras en efectivo es una de las medidas más importantes, porque "la DGI tendrá más información para cruzar". Sin embargo, la aplicación de la norma debería salvar primero algunas complicaciones legales. Por un lado, el peso es la moneda de curso legal en la Argentina y nada debería impedir que se la utilice para cancelar pagos de operaciones. Por otro, podría haber presentaciones ante la Justicia con el argumento de que no se puede obligar a nadie a tener una cuenta corriente bancaria o una tarjeta de crédito para comprar un bien. Por lo tanto, habría que modificar algunos artículos del Código Civil. Machinea anunciará formalmente esta semana el "plan económico global" de la Alianza, donde estarán incluidas las medidas de orden impositivo. Gerchunoff empezó ayer a preparar el terreno para algunos anuncios que no resultarán simpáticos. En cuanto a los aumentos de impuestos, sostuvo que "es un esfuerzo adicional que se toma sin pedirle disculpas a nadie. Nosotros no vamos a hacer contabilidad creativa, y nuestro objetivo es que el déficit fiscal del año que viene no sea mayor a 4500 millones de pesos, y en realidad probablemente algo menos", sentenció. Para cumplir con esa premisa, dijo que es necesario llevar a cabo "la reducción de gastos más importante de los últimos diez años", exactamente de 1132 millones de pesos. "Vamos a predicar con el ejemplo", añadió Gerchunoff, al anticipar que habrá una revisión de la estructura de personal del propio Ministerio de Economía. "En los estudios previos, detectamos focos de sobredimensionamiento en Economía, y cada secretario deberá presentar un informe detallado antes de fin de año, para llevar adelante una reducción de gastos", indicó. En ese sentido, dijo que la reestructuración "va a ser muy dura", y que pasará por la no renovación de contratos de empleados y asesores, sin afectar a los trabajadores de planta. En cuanto al paquete impositivo, sostuvo que "éste no es el momento para poner un tributo a las rentas financieras". El plan de la Alianza recibió críticas por la exclusión de esa fuente de beneficios en el incremento de la presión tributaria. En respuesta a ese cuestionamiento, Gerchunoff no descartó que se tomen medidas al respecto más adelante, "una vez que el mercado financiero argentino se encuentre definitivamente consolidado", al tiempo que aseguró que "el 92% del paquete impositivo recaerá sobre el 10% de la población de mayores ingresos". Finalmente, desestimó la versión periodística que sostenía que el empresario Norberto Agulleiro, del Exxel Group, asumiría como titular de la AFIP. "Eso no tiene asidero", afirmó, y dijo que entre hoy y mañana se dará a conocer el nombre del nuevo director del organismo.
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