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 Corrientes
está endeudada en más de 1400 millones de pesos, los docentes y los empleados estatales
no cobran sus salarios desde hace cinco meses, las dos plazas principales de la provincia
y el Puente General Belgrano, que la une con Chaco, están cortados desde hace una semana.
Con ese telón de fondo, ayer por la tarde la Gendarmería reprimió a los trabajadores
que cortaron el puente, aunque luego se interrumpió el operativo debido a una orden
judicial. La clase política local le sumó un nuevo desacierto: ahora la provincia tiene
dos gobernadores. En una trasnochada sesión, la Legislatura eligió al senador Carlos
Tomasella del Partido Liberal como vicepresidente primero del cuerpo, situación que lo
catapultó a la gobernación interina, cargo que el peronista Hugo Perié se niega a
abandonar. Aun ante ese arduo panorama, el gobierno nacional quiere evitar la
intervención federal. El propio Fernando de la Rúa, al retirarse de la Casa de Gobierno
cerca de la medianoche, expresó que "por ahora Corrientes puede resolver su problema
institucional".Fernando de la Rúa lleva cuatro días en el poder, y ya debió hacerle frente a uno de los tantos problemas que heredó de la administración de Carlos Menem. Con la bomba entre las manos, su equipo en el área política, encabezado por el ministro del Interior, Federico Storani, trabajó para evitar una represión que hubiera tenido un inmediato y negativo rebote en la opinión pública. El radical bonaerense se reunió con sus colaboradores, Carlos Becerra, Walter Ceballos y Enrique Mathov, quien asumirá hoy en su cargo de secretario de Seguridad Interior --pero desde ayer se puso a trabajar en el tema--, y analizaron largamente la situación. A la hora en que Storani invitó a dirigentes correntinos para conversar en su despacho, la Legislatura aún no había resuelto consagrar a otro gobernador, además de Perié. Para estar en condiciones de llegar a ese cargo, Tomasella fracturó el Pacto Autonomista y Liberal (PAL), se llevó a los liberales consigo, y se unió a los representantes del PANU, el partido de Raúl "Tato" Romero Feris, además de conseguir el voto del justicialista Jorge Abib. Tomasella reunió cuatro votos del PANU, el suyo propio, el de Abib, disidente, el de un autonomista disidente y el de un correligionario liberal. En la sesión, Tomasella recibió el repudio de la Unión Cívica Radical, del Partido Justicialista y del Partido Autonomista. Pero eso no lo amedrentó e inmediatamente comisionó a un grupo de legisladores para que se dirigiera hacia la Casa de Gobierno para comunicar su decisión a Perié e intimarlo a que deje el cargo. Al salir a la vereda del edificio del Senado provincial, los legisladores fueron agredidos por los manifestantes que desde hace meses acampan en la Plaza 25 de Mayo, denominada "Plaza del Aguante y la Dignidad". Los senadores retornaron a la Legislatura, que tampoco resultó un buen refugio, ya que alguien había arrojado gases lacrimógenos por los conductos de aire acondicionado del recinto. Perié apoya su postura en una interpretación de la Constitución provincial según la cual, una vez destituido el gobierno titular de la provincia (el que encabezaba Pedro Braillard Poccard), queda al mando el senador que haya ostentado el cargo en ese momento, sin perjuicio de que la Cámara alta renueve sus autoridades. Mientras tanto, en el puente se agruparon alrededor de un millar de docentes, trabajadores municipales, estatales provinciales, pequeños productores agropecuarios, vendedores ambulantes, taxistas, remiseros, choferes y propietarios de colectivos, periodistas, comerciantes y desocupados. La encrucijada para el flamante gobierno nacional es cómo resolver el incendio correntino sin la garantía de fondos necesarios para poner al día las cuentas provinciales. Por otra parte, temen la reacción de otras provincias que podrían "molestarse" por el auxilio financiero a un territorio donde el desmanejo económico provocó el estallido. Frente a ellos, y en el otro extremo del puente, se fueron ubicando 500 gendarmes que llegaron desde Rosario, quienes recibieron órdenes del juez federal Carlos Soto Dávila para reabrir el puente y retirar a los manifestantes. A pedido del gobernador interino Hugo Perié y de Storani, con quienes conversó telefónicamente, el magistrado reclamó "mesura y extremar los cuidados" a los gendarmes. Por la tarde, y encabezados por camiones hidrantes, que iban apagando las llamas que abrazaban las cubiertas que los manifestantes habían colocado como barricadas, los gendarmes avanzaron disparando bombas de gases lacrimógenos. En pocos minutos, la Gendarmería logró controlar el puente, pero ante una orden del juez, quien recibió denuncias de que niños y mujeres habían resultado lesionados, los gendarmes fueron retrocediendo para cederle nuevamente el control del viaducto a los manifestantes, quienes al cierre de esta edición aún permanecían allí.
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