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 El titular
del recientemente creado Ministerio de Infraestructura y Vivienda, Nicolás Gallo,
declaró que revisará los contratos renegociados sobre el final la administración
menemista para ferrocarriles y peajes, y se pronunció a favor de nuevas licitaciones para
el 2003, con criterios totalmente distintos. Respecto de las rutas, se manifestó contra
cualquier extensión contractual a cambio de la deuda que, por subsidios, mantiene el
Estado con las concesionarias y criticó la idea de establecer un precio general de
referencia. También confirmó el inicio de negociaciones con las privatizadas para
intentar bajar tarifas.Al hablar de los ferrocarriles, Gallo criticó que se presente como una renegociación lo que, al alterar simultáneamente plazos y tarifas, representa un nuevo contrato no mediado por el mecanismo previo de la licitación. "Un aumento tarifario sólo debe compensar una inversión ya hecha", aclaró. Pero, además, esa misma inversión "hay que estudiarla mejor; los criterios racionales deben incluir la modernización del servicio --explicó--, pero también las necesidades de las ciudades y pueblos por donde pasa el ferrocarril". El nuevo ministro se refería así a las críticas y quejas, entre otras, de la provincia de Buenos Aires. "Una renegociación que extiende nada menos que en 20 años los plazos de concesión y en 5 los subsidios no puede ser hecha en un período de transición, lo normal es que las medidas de esta magnitud se consulten", se quejó. Para el nuevo ministro "era más lógico volver a licitar, incluso con la posibilidad de que el propio actor concesionario gane la partida, pero con otras reglas", sostuvo. Al referirse a los contratos de peajes de las rutas concesionadas --9 mil kilómetros repartidos entre trece empresas--, el ministro dijo que "son malos, con licitaciones mal hechas y un enfoque erróneo que genera distorsiones que afectan" a todos los usuarios. Sobre el costo de los peajes, consideró un error conceptual aceptar "un valor de referencia de un peso por cada cien kilómetros construidos, puesto que todo depende del tráfico". No obstante, las rutas menos transitadas podrían compensarse con las de más circulación. El nuevo gobierno tiene pensado eliminar los 80 millones de dólares anuales que destina a subsidios para las rutas y dirigirlos a obras nuevas. El ministro recalcó además que por ninguna razón se darán prórrogas a cambio de la deuda de 200 millones de pesos que el Estado mantiene con las concesionarias. Cualquier medida se tomará "después de auditar a las empresas y los contratos", manifestó. El objetivo global de la Alianza para con las empresas privatizadas y concesionadas será la búsqueda de una reducción tarifaria negociada. En los equipos técnicos del nuevo gobierno se considera a estas tarifas como uno de los componentes centrales del "costo argentino" y, por lo tanto, un espacio para bajar costos de producción, ganar competitividad y evitar presiones devaluatorias. Gallo reconoció haber logrado avances en este sentido, aunque por ahora sólo con las telefónicas y algunos concesionarios de rutas. En todos los casos, "lo primero que vamos a hacer --declaró Gallo-- es revisar individualmente cada contrato renegociado y efectuar las correspondientes auditorías". Todo parece indicar que las armas que utilizará el ministro para las prontas renegociaciones serán los potenciales baches e incumplimientos contractuales, así como la posibilidad de llamar a nuevas licitaciones al vencimiento de los actuales acuerdos.
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