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Por Eduardo Videla  La necesidad
de la prevención del delito antes que la represión y el estímulo de la participación
ciudadana en materia de seguridad más que el énfasis en el aumento indiscriminado de las
penas son los dos grandes ejes del Plan Estratégico sobre Seguridad Ciudadana, que fue
consensuado por más de treinta instituciones --muchas de ellas con posiciones
encontradas-- como la Policía Federal y otros organismos de seguridad, el Centro de
Estudios Legales y Sociales, la APDH y especialistas de siete universidades, el Ministerio
de Justicia, la Cámara de Diputados, el Senado y la Legislatura porteña, entre otros. El
plan, una iniciativa de la Universidad de Buenos Aires, fue presentado anoche ante las
flamantes autoridades nacionales por Patricia Bullrich, directora del programa.
Coincidencia o no, Bullrich podría ser una de las encargadas de aplicar el plan que
elaboró: hoy asume como secretaria de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios del
Ministerio de Justicia. "Cuando una sociedad tiene falta de seguridad puede apuntar a tener mejores sistemas de contención, pero antes debe analizar qué le está pasando", dijo Bullrich a Página/12, al fundamentar las razones que motivaron la elaboración del trabajo. El plan fue elaborado por cinco comisiones multidisciplinarias, que trabajaron durante un año hasta arribar a la conclusión final. "El consenso fue de un 100 por ciento. Los puntos en los que no hubo un acuerdo total no fueron incluidos en el documento", destacó Bullrich. Entre otros puntos, el plan estratégico prevé, entre otras medidas, requerir la formación universitaria para los oficiales de la policía; la confección de un mapa del delito, que deberá ser actualizado periódicamente; la creación de la figura del ombudsman de la seguridad pública, a nivel nacional y provincial, para el control del desempeño policial, y la integración de la seguridad privada a la actividad policial. En cuanto a la actuación de la policía, el plan promueve que "se adecue estrictamente al principio de razonabilidad, evitando todo tipo de actuación abusiva, privilegiando el proceder preventivo y disuasivo antes que el uso de la fuerza". Se sugiere, en ese sentido, que se debe "recurrir al uso de armas de fuego sólo en caso de legítima defensa propia o de terceros". El plan menciona, además, la necesidad de incrementar la cantidad de efectivos policiales y su presencia en las calles, así como de mejorar sus ingresos salariales y condiciones de vida. También propone incrementar la capacitación del personal judicial y penitenciario. --¿Qué expectativas tiene respecto de la aplicación de este plan por parte del nuevo gobierno? --le preguntó este diario a Patricia Bullrich. --Lo vamos a incorporar a la discusión en el futuro Gabinete de Seguridad que va a convocar el gobierno, que va a estar integrado por la Secretaría de Seguridad y los ministerios de Interior, de Justicia y el de Desarrollo Social, que va a jugar un papel clave en materia de políticas de prevención. En ese aspecto, el plan se propone como objetivo "reducir los índices de delito y violencia en y hacia los niños, adolescentes y grupos en situación de riesgo". Como medidas para lograrlo, se sugiere "realizar talleres en las escuelas primarias sobre la problemática de la seguridad, incluyendo la temática del narcotráfico, estimular la actividad deportiva y cultural de los jóvenes y brindarles formación de utilidad laboral". En cuanto al futuro de las comisiones que elaboraron el plan, Bullrich explicó que "después de trazar las líneas estratégicas, objetivos y metas, habrá que elaborar los programas para su ejecución concreta". Para Gustavo Palmieri, del Centro de Estudios Legales y Sociales, lo más importante del trabajo es "el consenso sobre la necesidad de mejorar las políticas de gestión en seguridad, incrementar la participación ciudadana, perfeccionar los mecanismos de control y apuntar a una mayor transparencia, entendida como un mayor acceso a la información estadística necesaria para elaborar políticas". En la elaboración del programa participaron representantes de las universidades de Buenos Aires, Quilmes, Lanús, San Martín, Morón, Del Salvador y de Belgrano; Gendarmería, Prefectura y Policía Federal; el Instituto de Política Criminal bonaerense, la Confederación General Económica y la Cámara de empresas de seguridad, entre otros. El programa fue presentado por Bullrich, junto al rector de la UBA, Oscar Shuberoff, en el salón del Consejo Superior de la Universidad, ante representantes de los organismos que participaron en la elaboración del documento.
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