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Los presos que reclaman la aceleración de sus
causas llegaron ayer a 1800, aunque anoche la situación se normalizaba. En
San Nicolás, también protestaron por la designación de Rico. |
 En las
unidades penitenciarias de Mercedes y Melchor Romero, en la provincia de Buenos Aires,
continúan en huelga de hambre 684 presos que reclaman la aceleración de las causas
judiciales y mejoras en las condiciones de detención, informaron a Página/12
voceros del Servicio Penitenciario Bonaerense. Hasta ayer a la tarde la protesta incluía
también a las cárceles de San Nicolás --allí los presos protestaron por la
designación de Aldo Rico como ministro de Seguridad--, La Plata, Campana y Magdalena,
donde la situación había comenzado a normalizarse una vez que los internos comunicaron
sus reclamos ante autoridades del Poder Ejecutivo provincial, con las que acordaron el
levantamiento de las medidas hasta tanto reciban una respuesta. En el momento de mayor
tensión fueron 1800 los reclusos bonaerenses que habían decidido rechazar los alimentos
sólidos y sólo bebían agua. El problema se trasladó ahora a Comodoro Rivadavia, donde
60 presos iniciaron una huelga de hambre por idénticos motivos.En Comodoro, los presos alojados en la Alcaidía de la policía local reclaman que el gobernador de Santa Cruz, José Luis Lizurume, contemple la posibilidad de otorgar "indultos y rebajas de condena", tal como lo hizo el mandatario de Neuquén, Felipe Sapag. Los detenidos, a través de sus voceros Albino Panasiuk y Ramón Valenzuela, solicitaron, además, que se faciliten las salidas laborales "sin marginaciones ni trabas". Fuentes del Servicio Penitenciario Bonaerense aseguraron ayer que la situación se estaba normalizando y que sólo quedaban 628 huelguistas en Mercedes y 56 en la cárcel de máxima seguridad de Melchor Romero. En los otros cuatro penales la situación se había normalizado. Uno de los grandes problemas es la gran cantidad de presos que se encuentran procesados, sin condena firme, en razón de las demoras que acumulan las causas a partir de la reforma del Código Procesal bonaerense. Uno de los casos más graves se vive en el penal de San Nicolás, donde el 80 por ciento de los internos está bajo proceso. El prefecto Héctor Raúl González, director de esa unidad, informó que además de "la aceleración de las causas y la aplicación del dos por uno" para los que estuvieron más de dos años presos sin condena, los presos "también expresaron su preocupación por la designación de Aldo Rico" como ministro de Seguridad. Los presos de San Nicolás, La Plata, Campana y Magdalena entregaron petitorios dirigidos al Procurador General de la Suprema Corte y a los miembros del tribunal de Casación Penal. La situación de mayor gravedad se vive en Mercedes, donde los presos iniciaron la protesta el 6 de diciembre. Las huelgas de hambre podrían extenderse a otros penales, según estimaron expertos consultados por este diario. La Fundación por los Detenidos Sociales (Fundeso) advirtió en un comunicado que "el proceso de transición del gobierno" nacional creó inquietud en los penales de Ezeiza, Caseros y Villa Devoto porque los detenidos carecen de "un interlocutor que exponga con claridad las políticas" respecto de algunos temas fundamentales como ser "la situación de colapso judicial" y "la crisis penitenciaria que se manifiesta con la cruda realidad de hacinamiento, hambruna y abandono sanitario". Patricia Pérez, titular de Fundeso, pidió la intervención del nuevo ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra.
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