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 Hoy 11
millones de electores venezolanos podrán aceptar o rechazar la nueva Constitución, el
instrumento requerido desde hace años por el presidente Hugo Chávez para aplicar su
proyecto revolucionario. Según los sondeos, un 75 por ciento está convencido de que con
ella habrá mayor justicia social y serán llevados a los tribunales políticos y
funcionarios que durante décadas amasaron fortunas con el petróleo de todos. El
documento incorpora notables avances en derechos humanos y mantiene el modelo
latinoamericano que reserva al Estado el sostenimiento de la población. Pero no establece
la subordinación de las Fuerzas Armadas a las instituciones de la democracia, refuerza el
presidencialismo y suma el poder electoral y ciudadano a los tres clásicos del Estado:
Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Chávez, de 45 años, el teniente coronel que protagonizó en 1992 un golpe contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez, cumplió dos años de cárcel y arrasó en las presidenciales del 6 de diciembre del 1998, niega que "la farsa democrática" bipartidista posterior al derrocamiento del dictador Marcos Pérez Jiménez, en 1958, vaya a ser reemplazada ahora por otro remedo de democracia, por una autocracia constitucional de corte castrense. "Esta constitución lo que trata es de romper con el pasado corrupto", subrayó. La nueva Constitución venezolana, señalan sus promotores, pretende crear un nuevo orden político, jurídico y social y aplicar una nueva justicia distributiva. El texto establece la creación de la figura del vicepresidente, la ampliación del mandato presidencial de cinco a seis años, con posibilidad de una reelección inmediata, y la eliminación del Senado. Habrá una sola cámara, la Asamblea Nacional, con diputados elegidos en una proporción de uno cada 1,7 por ciento de la población. También incluirá tres diputados por cada uno de los 23 estados, y tres indígenas elegidos directamente por las etnias. Aprueba el voto militar y la reestructuración de la policía. Reconoce los derechos territoriales y culturales de los pueblos indígenas, en una sección del texto constitucional que conmovió a la premio Nobel Rigoberta Menchú. La semana laboral no podrá ser superior a las 44 horas, queda prohibida la extradición de venezolanos, todos los cargos por elección popular serán revocables. Los medios ya protestaron que el articulado defienda "la información veraz", que consideran una traba a la libertad de prensa. Y la "vida humana" será protegida desde la concepción. Si el texto se aprueba, Venezuela dará a la condena al aborto un status constitucional. La consulta se efectúa en una nación conocida hace 20 años como "la Venezuela saudí", en un país que subsidió el whisky en los barrios pobres de Caracas, que dilapidó el equivalente a 17 planes Marshall --la ayuda de Estados Unidos a Europa para su reconstrucción después de la II Guerra Mundial--, y que hoy atraviesa la peor crisis económica de su historia. El 80 por ciento del censo es pobre o empobrecido y aprobará probablemente el polémico contrato social redactado y aprobado, en un tiempo record, 107 días, por la mayoría gubernamental en la Asamblea Constituyente, elegida el 25 de julio pasado. La Constitución de 1961, cuyos principales mandatos ignoraron Acción Democrática (AD), socialdemócrata, y Copei, democristiano, durante sus 41 años de alternancia en el poder y control de sindicatos y jueces, será sustituida por un texto de nueve títulos, 350 artículos, 18 disposiciones transitorias, una derogatoria y otra final tan controvertida como pocas leída por quienes deberán votarlo. El objetivo proclamado es construir una sociedad "democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia, federal y descentralizado". Según sus críticos, la Carta Magna de inspiración "humanista" cosechará resultados contrarios a los pretendidos en sus enunciados, porque favorece el centralismo, consagra un populismo tutelado militarmente, una economía dirigida, un parlamentarismo distorsionado por las prerrogativas presidenciales, arrincona la discrepancia y facilita las invasiones de tierras por los indígenas. Venezuela se declara República Bolivariana de Venezuela. El cambio disgustó a muchos, entre ellos al presidente de la Comisión Constitucional de la Asamblea Constituyente, Hermann Escarrá, diputado oficialista que recogió cerca de medio millón de firmas para enmendarlo. La Constitución considera propio el territorio que correspondía a la Capitanía General de Venezuela de 1810 con las modificaciones de los tratados y laudos no viciados de nulidad. La salvedad abre el camino, según algunos expertos en derecho internacional, a varias reclamaciones, sobre todo la referida a la Guayana Esequiba (159.000 metros cuadrados). La información deberá ser "oportuna, veraz e imparcial y sin censura". Los medios de comunicación temen que alguien decida discrecionalmente cuándo las crónicas reúnen esas características. El artículo que se refiere a la protección de la vida fue redactado en términos aceptables para la jerarquía católica. "El Estado garantiza asistencia y protección integral a la maternidad, en general, a partir del momento de la concepción, durante el embarazo, el parto, y el puerperio".
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