La
política de empleo que lanzará el Gobierno deja de lado la reforma laboral de Erman y el
Plan Trabajar. Extiende el período de prueba.
José Luis Machinea, ministro de Economía, ya tiene en carpeta el plan
contra la desocupación. Apuesta a la reactivación y a la mejora en la competitividad como
factores de creación de empleo.
Por Raúl Dellatorre
La política de
empleo que prepara el Ministerio de Trabajo, con colaboración de Economía, contempla
como puntos centrales la anulación de la reforma laboral del año 1998 (Ley Erman), la
transformación del Plan Trabajar en un programa de subsidio al empleo privado y la
extensión del período de prueba a 180 o 360 días con pago pleno de cargas sociales, y
posterior disminución de aportes en caso de efectivización del trabajador. Según la
interpretación de las actuales autoridades, dicho menú de medidas junto con la
reactivación económica y la mejora en la competitividad empresaria son los factores que
permitirían una recuperación del nivel de empleo a partir del año próximo. El
“shock de confianza” que el equipo económico espera que se produzca una vez
pasado el temor al “efecto 2000” resultaría en un crecimiento del PBI no menor
del 3,5 por ciento. Paralelamente, una vez definidas las leyes impositiva y de
Presupuesto, se supone que ello se reflejaría en una disminución del riesgo país, que
realimentaría la recuperación. También aportaría a una mayor generación de empleo una
mejora en la competitividad de las empresas, que vendría aportado por la baja de tarifas
de servicios y disminuciones de otras cargas. Otro aspecto de la política de empleo que
lanzará el Gobierno en los próximos días se refiere a la reasignación de los fondos
previstos para el Plan Trabajar (empleos temporales de muy baja remuneración) a un
programa de subsidios de nuevos empleos en el sector privado. También se prevé modificar
el límite para el período de prueba, que la reforma laboral aprobada en 1998 (elaborada
por consenso entre el entonces ministro de Trabajo, Erman González, y la CGT) fijó en 30
días y ahora se buscará ampliar a 180 o 360 días, sin cargo por indemnización. Otro
cambio con respecto a la legislación actual es que el empleador deberá pagar todas las
cargas sociales durante el período de prueba, buscando desalentar la rotación de
personal en las mismas condiciones. Pero en el caso de que los empleados a prueba sean
efectivizados, está previsto conceder una rebaja de aportes patronales para esos nuevos
empleos. También quedaría desactivada la ultraactividad de los convenios laborales, por
la cual todo convenio que no fuera renegociado permanecía vigente sin plazo ni
vencimiento. Se habilitaría la negociación a cualquier nivel (incluso por empresa), pero
negociado por el sindicato de rama, prevaleciendo el convenio colectivo de ámbito menor
por sobre cualquier otro. Este criterio dejaría de lado el actualmente vigente, en cuanto
a que siempre prevalece la condición más favorable al trabajador. En la práctica, la
norma consagraría la flexibilidad sin límite. La nueva legislación laboral también
reemplazaría el actual límite de horas de trabajo, fijado en 48 horas semanales,
reemplazándolo por un tope anual, que permita a las empresas acomodar los horarios según
sus necesidades. Los contratos temporales quedarían restringidos a los casos que se
justifiquen por razones estacionales, para lo cual las autoridades piensan instrumentar
una reglamentación muy estricta. La apuesta del actual Gobierno ratifica, en lo
conceptual, el criterio seguido por el modelo impuesto en la última década que
reemplazó los que prevalecían bajo el denominado Estado de Bienestar. La mejora en las
condiciones laborales no se derivan de una mayor protección al trabajador sino de la
eliminación de rigideces en el mercado laboral. De tal forma, el aumento del empleo y las
mejoras salariales quedarían libradas al efecto de un aumento en la competitividad de las
empresas. En tal sentido apunta la reforma pergeñada en conjunto por José Luis Machinea
y Alberto Flamarique.
Frente a frente con el FMI
El ministro de Economía, José Luis Machinea, tuvo ayer su primera reunión formal con
los representantes del Fondo Monetario Internacional para Argentina. Teresa Ter Minassian
y Tomás Raichmann recibieron del nuevo inquilino del Palacio de Hacienda los lineamientos
de un programa integral (reforma laboral, seguridad social, nueva legislación del
monotributo, reducción de aportes patronales para nuevos empleos). La revisión de las
metas macroeconómicas quedó para una próxima visita, el 7 de enero, a cargo de
técnicos del organismo, fecha para la que la conducción económica podría presentar los
números requeridos. En cuanto a la contraprestación a recibir, la intención del equipo
económico es eludir el pedido de un desembolso efectivo de dinero del FMI, para evitar
una señal que los mercados podrían interpretar como de extrema necesidad. El antecedente
de Brasil pesa en las conciencias de los funcionarios. En cambio, preferirían disponer de
un crédito contingente por unos 5000 millones de dólares, que le serviría de colchón
para salir a cubrir las necesidades de financiamiento del 2000 con créditos a tomar en el
mercado.
A pedido del Banco Mundial
El Palacio de Hacienda es proclive a que se avance hacia la transformación del Banco
Nación en sociedad anónima. E intentará demostrarlo elaborando un proyecto de ley que
se daría a conocer en los próximos días. La norma permitiría cumplir con una de las
condiciones reclamadas por el Banco Mundial aún pendientes para el desembolso de un
crédito por 1000 millones de dólares, ya acordado en septiembre del año pasado.
Destrabar dicho crédito es uno de los requerimientos de la actual conducción económica
para formar el colchón financiero que necesita para afrontar sus vencimientos del año
próximo. Las otras condiciones incumplidas son el reemplazo del seguro de desempleo y el
sistema de indemnizaciones por un fondo de capitalización privado, y un proyecto de
saneamiento del PAMI mediante la tercerización de sus servicios. La conducción
económica confía en que la flamante intervención en la obra social de los jubilados
cumpla los pasos necesarios para eliminar ese obstáculo. En tanto, el Ministerio de
Trabajo está abocado al diseño del proyecto de creación del fondo de capitalización.
La expectativa oficial es que el Banco Mundial se dé por conforme con la elaboración de
los proyectos, ya que difícilmente la transformación del Nación y la eliminación de
indemnizaciones puedan superar con éxito el examen parlamentario.
La política de
empleo que prepara el Ministerio de Trabajo, con colaboración de Economía, contempla
como puntos centrales la anulación de la reforma laboral del año 1998 (Ley Erman), la
transformación del Plan Trabajar en un programa de subsidio al empleo privado y la
extensión del período de prueba a 180 o 360 días con pago pleno de cargas sociales, y
posterior disminución de aportes en caso de efectivización del trabajador. Según la
interpretación de las actuales autoridades, dicho menú de medidas junto con la
reactivación económica y la mejora en la competitividad empresaria son los factores que
permitirían una recuperación del nivel de empleo a partir del año próximo. El
“shock de confianza” que el equipo económico espera que se produzca una vez
pasado el temor al “efecto 2000” resultaría en un crecimiento del PBI no menor
del 3,5 por ciento. Paralelamente, una vez definidas las leyes impositiva y de
Presupuesto, se supone que ello se reflejaría en una disminución del riesgo país, que
realimentaría la recuperación. También aportaría a una mayor generación de empleo una
mejora en la competitividad de las empresas, que vendría aportado por la baja de tarifas
de servicios y disminuciones de otras cargas. Otro aspecto de la política de empleo que
lanzará el Gobierno en los próximos días se refiere a la reasignación de los fondos
previstos para el Plan Trabajar (empleos temporales de muy baja remuneración) a un
programa de subsidios de nuevos empleos en el sector privado. También se prevé modificar
el límite para el período de prueba, que la reforma laboral aprobada en 1998 (elaborada
por consenso entre el entonces ministro de Trabajo, Erman González, y la CGT) fijó en 30
días y ahora se buscará ampliar a 180 o 360 días, sin cargo por indemnización. Otro
cambio con respecto a la legislación actual es que el empleador deberá pagar todas las
cargas sociales durante el período de prueba, buscando desalentar la rotación de
personal en las mismas condiciones. Pero en el caso de que los empleados a prueba sean
efectivizados, está previsto conceder una rebaja de aportes patronales para esos nuevos
empleos. También quedaría desactivada la ultraactividad de los convenios laborales, por
la cual todo convenio que no fuera renegociado permanecía vigente sin plazo ni
vencimiento. Se habilitaría la negociación a cualquier nivel (incluso por empresa), pero
negociado por el sindicato de rama, prevaleciendo el convenio colectivo de ámbito menor
por sobre cualquier otro. Este criterio dejaría de lado el actualmente vigente, en cuanto
a que siempre prevalece la condición más favorable al trabajador. En la práctica, la
norma consagraría la flexibilidad sin límite. La nueva legislación laboral también
reemplazaría el actual límite de horas de trabajo, fijado en 48 horas semanales,
reemplazándolo por un tope anual, que permita a las empresas acomodar los horarios según
sus necesidades. Los contratos temporales quedarían restringidos a los casos que se
justifiquen por razones estacionales, para lo cual las autoridades piensan instrumentar
una reglamentación muy estricta. La apuesta del actual Gobierno ratifica, en lo
conceptual, el criterio seguido por el modelo impuesto en la última década que
reemplazó los que prevalecían bajo el denominado Estado de Bienestar. La mejora en las
condiciones laborales no se derivan de una mayor protección al trabajador sino de la
eliminación de rigideces en el mercado laboral. De tal forma, el aumento del empleo y las
mejoras salariales quedarían libradas al efecto de un aumento en la competitividad de las
empresas. En tal sentido apunta la reforma pergeñada en conjunto por José Luis Machinea
y Alberto Flamarique.