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Por Susana Viau y Adriana Meyer  A media mañana, con
sigilo, sin que nadie advirtiera su arribo, el banquero Raúl Juan Pedro Moneta dio fin a
seis meses de rebeldía y se presentó ante el juez federal subrogante Carlos Liporaci. El
prófugo más importante del país estuvo apenas 15 minutos en sede judicial. Los
suficientes para notificarse de la buena nueva y de la obligación de concurrir al juzgado
una vez por mes. El magistrado tuvo una gentileza para con el imputado y su colega
ausente, Gustavo Literas, quien regresa el lunes a su puesto: no lo interrogó. Moneta la
devolvió agradeciendo la rapidez con que había resuelto su solicitud de eximición de
prisión (ver aparte). Desde Mendoza, la voz del juez Luis Leiva, apartado de la causa por decisión de la Corte Suprema, sonaba socarrona y distendida: “No comparto la decisión, como no la comparte la Cámara de la provincia, pero hay que acatar”. Ayer, la fisonomía de Moneta parecía no haber cambiado tras los seis meses de clandestinidad. Cuando apareció acompañado por sus abogados Alejandro Mitchell y Alfredo Iribarren llevaba anteojos de sol, traje oscuro y la misma barba candado con que creyeron identificarlo, en julio, los pasajeros del vuelo Miami-México de American Airlines. Esa vez el banquero o su doble (que hablaba un porteño indiscutible) se documentó con un pasaporte brasilero. En verdad, tampoco le hubiera hecho falta un cambio de fisonomía: pese a las declaraciones de colaboración con la Justicia hechas desde el Ministerio del Interior, ninguna fuerza de seguridad, ningún servicio de inteligencia, habían tomado demasiado en serio la orden de búsqueda y captura impartida por el juez Leiva. De todos modos, Liporaci prefirió curarse en salud y evitarle a Moneta un innecesario mal momento: entre martes y miércoles envió oficios a todos los puestos fronterizos informando a los gendarmes que el banquero ya no era un prófugo de la justicia. La noticia recorrió desde Fray Bentos a Puente del Inca y de La Quiaca al control migratorio de Punta Arenas. Fueron 1098 notificaciones libradas por el juzgado con la velada indicación de no detenerlo. La cifra da la medida de la importancia del asunto: fueron algo menos de 800 las que se libraron tras el atentado a la AMIA y 600 se considera ya un número desusado. Todo lo ocurrido en Buenos Aires alrededor de la causa tuvo un sesgo de excepcionalidad. Los abogados de Moneta se informaron casi instantáneamente de la decisión de la Corte Suprema resolviendo en favor del juzgado 10 de la Capital el conflicto de competencias que mantenía con el de Leiva. La Corte selló de inmediato la notificación y con ella en su poder Mitchell e Iribarren tomaron un avión rumbo a Mendoza. Por una casualidad , entre el pasaje se encontraba el Procurador General Nicolás Becerra. Al descender, los abogados de Moneta buscaron un escribano, se dirigieron a los tribunales federales y ante notario le hicieron saber a Leiva que la suerte de Moneta ya no se encontraba bajo su jurisdicción. La resolución de la Corte se había apoyado en el dictamen elaborado para la Procuración por Luis González Warcalde. En las 19 líneas finales de las siete carillas y con las firmas de Julio Nazareno, Eduardo Moliné O’Connor, Guillermo López, Adolfo Vázquez, Augusto Belluscio y Carlos Fayt (Enrique Petracchi se excusó por la relación familiar que lo une con Alberto Petracchi, mano derecha de Moneta), el tribunal fue al punto: otorgó la competencia a Gustavo Literas por “la circunstancia de que las sedes de las entidades involucradas se ubiquen en esta ciudad, lugar en el que también se adoptaron las resoluciones del Banco Central cuestionadas en autos”. La Corte no sólo hizo caso omiso del hecho de que la sede del Banco Mendoza nunca salió de los límites de la provincia, donde estaban, asimismo, sus sucursales y residía la mayor parte de sus accionistas y directores. También contrarió el principio de territorialidad (los delitos se juzgan en el lugar donde se produjeron) que, sin ir más lejos,había consagrado la jurisdicción de la justicia mendocina en el complejo caso del Banco de Los Andes. La intervención de la Corte abrió la puerta a la decisión de Liporaci, quien se justificó aduciendo que al serle adjudicada la competencia a Literas no le quedaba otra opción que volver a otorgarle a Moneta el beneficio que aquel le había concedido en su momento. Los fiscales Paulo Starc y Guillermo Montenegro prefirieron postergar al menos hasta febrero la indagatoria del imputado para darse así el tiempo de estudiar el expediente instruido por Leiva. La medida de Liporaci produjo sorpresas y levantó suspicacias. Funcionarios de Comodoro Py recordaron el artículo 319 del Código Procesal Penal, que establece que “podrá denegarse la exención de prisión cuando la objetiva y provisional valoración de las características del hecho (...) hicieren presumir que el imputado intentará eludir la acción de la justicia o entorpecer las investigaciones”. Y, en este caso, quien reclamaba el beneficio hacía seis meses que “eludía la acción de la justicia”. Aun cuando no hubiera estado convencido de la aplicación de ese artículo, Liporaci tenía argumentos suficientes para postergar la decisión, sobre todo la necesidad de examinar con detenimiento la investigación de Leiva –que al decir de las fuentes se encuentra más avanzada– y luego resolver. “Es lo que hubiera hecho cualquiera de los jueces de este edificio”, comentó el secretario de uno de ellos, al tiempo que señaló que “la preocupación del juez por el resguardo de la libertad de los imputados parece ser selectiva”. Aludía a que el día anterior la Cámara había liberado a un joven de 18 años que estuvo encarcelado dos meses porque la policía le encontró cien gramos de marihuana. Liporaci había calificado el hecho como “comercio y transporte de estupefacientes”, en lugar de “tenencia y consumo”. En el foro mendocino se percibía el mismo malestar. Sin embargo, también coincidían en que Leiva, al fin de cuentas, se ha sacado un enorme peso de encima. Apuntan, además, que la historia de saneamiento, privatización y caída de los bancos de Moneta le costó a la provincia casi 1500 millones de dólares , pero aún no está cerrada: “Tarde o temprano todos los nudos llegan al peine”, graficaron.
Habla el magistrado que lo eximió Por A.M.
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25 de
mayo: Raúl Moneta es designado al frente del AMI (Argentine Media Investment), el holding
controlante del CEI en el cual participa el Grupo República, propiedad del banquero. El
otro socio era el fondo de inversión estadounidense Hicks, Muse, Tate & Furst
(HTM&F).