Por David Cufré
Doce horas
le demandó ayer a la Alianza conseguir la aprobación del proyecto de Presupuesto del
2000 en la Cámara de Diputados. Antes, la negociación con el justicialismo por esta ley
clave para el funcionamiento del Gobierno había sido tan engorrosa como resultó la
sesión de ayer. Y ahora la última palabra la tendrá el Senado la próxima semana. La
media sanción de la Cámara baja mantuvo en líneas generales la propuesta de José Luis
Machinea, que establece un recorte del gasto público de 1400 millones de pesos, el mayor
que se haya realizado en la última década. El conflicto que estuvo a punto de frustrar
la aprobación del proyecto fue por la eliminación de los regímenes de promoción
industrial y diferimientos impositivos. La bancada justicialista amagó en un momento con
retirarse del recinto, lo que hubiera dejado sin quórum la sesión y ocasionado un
escándalo político. Sin embargo, la sangre no llegó al río y se alcanzó un acuerdo
salomónico, por el cual se dejó sin efecto la promoción industrial, pero se habilitó a
14 provincias a aplicar diferimientos impositivos por un total de 959 millones de pesos.
El Presupuesto establece una autorización de gastos para el próximo año de 48.175
millones de pesos. Con el paquete impositivo que presentó la Alianza, que ya obtuvo media
sanción de Diputados, se lograría limitar el déficit fiscal a 4500 millones. Ello
también es posible gracias al fortísimo ajuste del gasto público. Algunas
particularidades del proyecto de Presupuesto con media sanción de Diputados son las
siguientes:u Se mantienen las pensiones graciables que entregan los legisladores, por un
total de 25 millones de pesos.u Se recorta de 250 a 150 millones el subsidio para La
Rioja. Menem había intentado ratificar la primera suma por decreto en el último tramo de
su gestión.u Se aumentaron en 20 millones las partidas para el Congreso, con un
presupuesto para el 2000 de 446 millones.u Apertura de un registro de retiros voluntarios
en la administración pública. Se recortaron en 372 millones los fondos para pagar
salarios.u Emisión de títulos públicos para saldar una deuda con la UOM por 41
millones.u Por primera vez, el Poder Ejecutivo podrá utilizar recursos de capital
para obra pública para cubrir gastos corrientes. Es decir, si es necesario
profundizar el ajuste podrán cancelarse planes de infraestructura.u La Jefatura de
Gabinete deberá evaluar la viabilidad económica y ambiental de un proyecto
para construir un reactor nuclear en Río Negro. El proyecto fue duramente cuestionado por
Greenpeace. u Las Fuerzas Armadas podrán vender activos para financiarse.Algunos datos
curiosos del ajuste, que en primer momento propuso Roque Fernández, luego aceptó
Machinea y ayer fueron ratificados con la media sanción de Diputados, son los siguientes:
el Instituto Malbrán pierde 2,2 millones de pesos de su presupuesto, al Fondo Nacional de
las Artes se le quitan 5 millones, el Teatro Nacional Cervantes recibirá 588 mil pesos
menos, y el Instituto Nacional de Cinematografía, 475 mil. También se recortan en 100
millones de pesos las partidas para el PAMI. Por segundo año consecutivo se canceló el
aumento de fondos que se había aprobado con anterioridad para las universidades, por un
total de 120 millones de pesos, que se suman a los 105 millones que el Poder Ejecutivo no
entregó este año. Otros recortes con mejor imagen pública son a los gastos reservados
de 200 millones y a los Aportes del Tesoro Nacional de 165
millones, y se bajan en 13 millones los gastos de publicidad de actos de gobierno.
Los diputados de extracción sindical bregaron ayer sin éxito para que las obras sociales
mantengan una partida de 21,5 millones de pesos, que fueron giradas para atender programas
de lucha contra el sida en loshospitales públicos. En cambio, consiguieron que no se les
quitaran otros 200 millones para cubrir una deuda del PAMI con el Banco Interamericano de
Desarrollo. Pero esa resultó apenas una pelea preliminar ante el acalorado debate que
surgió luego por la promoción industrial y los diferimientos impositivos. El proyecto
establecía eliminar ambos regímenes, de los cuales las mayores favorecidas son las
provincias de La Rioja, San Juan, San Luis y Catamarca. Los legisladores justicialistas
que representan a esos distritos consiguieron sumar al resto de la bancada en su rechazo a
esa propuesta. Incluso el aliancista catamarqueño Horacio Pernasetti se mostró también
contrario a la supresión de los regímenes. Eso dio lugar a una discusión de más de
tres horas. En un rincón del recinto, el subsecretario de Presupuesto, Nicolás Gadano,
informaba permanentemente con su teléfono celular a Machinea de los acontecimientos. La
salida fue eliminar la promoción industrial en el 2000 y mantener los diferimientos
impositivos, que les permite a las empresas que inviertan en las 14 provincias con ese
régimen no pagar impuestos por plazos de 10 a 20 años.
El plan se hace rogar El
ministro de Economía, José Luis Machinea, espera dos cosas antes de dar a conocer su
plan económico global: primero, que el Senado convierta en ley el paquete impositivo que
tiene media sanción de Diputados y segundo, acordar metas con la delegación del Fondo
Monetario Internacional (FMI). Por un lado, según estimó una fuente del Palacio de
Hacienda, es poco razonable dar a conocer un plan económico sin tener la certeza de cómo
será el esquema tributario. Pero, a su vez, es un condicionamiento, junto a la sanción
del Presupuesto, para el acuerdo con el FMI, cuya misión, que arribó ayer a Buenos
Aires, se entrevistó con el secretario de Hacienda, Mario Vicens, y luego con Machinea.
Puede haber otra licitación
El ministro de Infraestructura y Vivienda, Nicolás Gallo, continuó ayer su cotidiana
prédica acerca de las revisiones contractuales de las privatizadas e insistió en la
posibilidad de llamar a una nueva licitación de los servicios de trenes urbanos si la
Justicia se pronuncia contra la renegociación sustentada en los decretos firmados por
Carlos Menem, pocos días antes de abandonar el poder. Un funcionario no puede
resolver con la empresa un plan tarifario y de inversiones sin suficiente información y
consenso. Si, además, lo hace por 20 años parece más una contratación directa,
se quejó. Otro sector privatizado criticado por Gallo fue el de los aeropuertos. Luego de
comentar que Aeropuertos 2000 lo invitó a Ezeiza para que aprecie personalmente el avance
de las obras, el funcionario sostuvo que aprovechará la ocasión para constatar si las
inversiones se ajustan a las establecidas en el contrato de concesión. Por último, en
relación a las concesiones de rutas, Gallo sostuvo que podría pedir a la Procuración
del Tesoro un dictamen que habilite a la rescisión de algunos contratos en los cuales no
se haya cumplido con lo acordado. |
PRONOSTICO ECONOMICO OPTIMISTA PARA EL 2000 DE LA
CEPAL
Después de la tormenta sale el sol
La Cepal, la organización de las Naciones Unidas que en décadas pasadas
representó una fuente de pensamiento económico autónomo frente a las recetas más
ortodoxas de Washington, presentó el adelanto preliminar de su evaluación de las
economías de la región durante el año que termina. Aunque el balance es negativo para
1999, es optimista para el 2000, para el que proyecta una tasa de crecimiento del 3,6 por
ciento. Aunque la consideración conjunta del subcontinente encubra profundas diferencias
entre países, el informe de Cepal muestra algunos rasgos que se destacan por sobre las
fronteras:u La salida neta de capitales. u La negativa relación con el ciclo de precios
de las comodities, que afectaron, en general a todas las balanzas comerciales de la
región.u El aumento del desempleo del 8,0 al 8,7 por ciento.u La consolidación del
proceso de estabilización de precios.u La reducción de los déficit comerciales, tanto
por el estancamiento del ingreso como por la depreciación de algunas monedas.En el
capítulo Argentina se estima, en un contexto de caída de la demanda agregada y
deflación (-1,7 por ciento), una contracción del producto del 3,5 por ciento para 1999
junto a una desocupación del 14 por ciento. La recesión influyó también en la
recaudación tributaria con su consiguiente efecto sobre el déficit fiscal, que aumentó
hasta superar el 2 por ciento del PBI; erigiéndose a fines de año en tema
prioritario de la política económica.
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