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Por Laura Vales  Además de cajones
vacíos, Víctor Alderete dejó en el PAMI un territorio minado. Eso deben haber sentido
ayer las nuevas autoridades de la obra social en su segunda jornada de trabajo; en
principio, porque descubrieron que alguien les había ahorrado el trabajo de liquidar los
sueldos de diciembre incluyendo en ellos más de cuatro mil aumentos de última hora y
recategorizaciones que Alderete repartió antes de irse. Apenas repuestos de la sorpresa,
los interventores detectaron que esos beneficios, listos para ser pagados, ni siquiera
habían sido refrendados por el directorio del instituto. Y dieron la orden de dejarlos
sin efecto. Mientras tanto, en una carrera contrarreloj, terminaron de redactar un escrito
que esta mañana presentarán ante la Corte Suprema para desarmar lo que consideran la
herencia más pesada de la gestión anterior: el plan para traspasar a manos privadas los
servicios médicos destinados a cuatro millones de jubilados.Como se recordará, en el centro de este proyecto hay un negocio millonario por el que tres gerenciadoras pueden llegar a administrar el grueso de las prestaciones de salud. El plan llegó a licitarse y en enero de este año se declaró ganadoras a las empresas Siglo XXI, Argentina Salud y Plan Azul. Pero el traspaso nunca llegó a concretarse: el mismo día en que Alderete anunció los resultados de la compulsa, la Justicia hizo lugar a una impugnación presentada por la Defensoría del Pueblo porteña que congeló el proceso. La defensoría consideró que los pliegos de la licitación habían sido armados para beneficiar intereses que no eran precisamente los de los jubilados, y a partir de entonces comenzó una guerra judicial en la que Alderete puso todas sus energías en destrabar la virtual privatización del PAMI. Después de una serie de apelaciones, el caso llegó finalmente a la Corte, que debe dirimir si da vía libre o no al traspaso. Con el escrito que hoy se presentará ante el máximo tribunal, las nuevas autoridades del PAMI desistirán de la apelación planteada por Alderete. Es decir, le dirán a la Corte que no están de acuerdo con el sistema ideado por la gestión anterior para poner en manos de tres intermediarias la atención de los jubilados. Por el contrario, los planes de la Alianza pasan por eliminar progresivamente el sistema de gerenciadoras para que el PAMI vuelva a contratar de manera directa a médicos de cabecera, clínicas y sanatorios. Consideran que de esta manera no sólo se ahorrará dinero sino que también se podrá controlar mejor la calidad de los servicios y se terminará con importantes focos de corrupción. En las últimas semanas hubo versiones que indicaron que la Corte aprobaría este traspaso de los servicios a manos privadas. El tema es una de las preocupaciones centrales del Gobierno, que considera el saneamiento del PAMI como una cuestión de Estado. Pero está claro que en este camino habrá no pocas dificultades. Ayer, por si quedaba alguna duda, se hizo evidente que a las nuevas autoridades del PAMI hasta lo más sencillo se le volverá complicado. Por empezar, se encontraron con que los archivos donde Víctor Alderete guardó los contratos de la obra social estaban protegidos por fuertes cerraduras. Y en el edificio de Perú y Diagonal Sur nadie parecía saber dónde estaban las llaves para abrirlas. Mientras tanto, hubo conversaciones con los ministros de Salud de varias provincias para garantizar que los beneficiarios tuvieran atención en todo el país. El médico sanitarista Angel Tonietto, que integra la intervención junto a Felgueras y el economista Horacio Rodríguez Larreta, explicó a este diario que hoy el ministro de Salud, Héctor Lombardo, firmará un decreto para declarar el estado de emergencia sanitaria. En concreto, la medida significa que los hospitales públicos deberán reforzar sus servicios y que los gastos que deban afrontar serán asumidos por el instituto. La emergencia estará vigente hasta tanto se superen losconflictos con los prestadores, ya que la situación generalizada es que en el PAMI sólo están funcionando las emergencias médicas, mientras que el resto de las prestaciones están cortadas o sufren graves deficiencias. Tonietto también mantuvo conversaciones informales con los médicos de cabecera, que están en paro hace cuatro meses por un atraso en los pagos y a última hora de anoche decidían en asamblea si levantarán la huelga. “Compartimos el proyecto de salud de la intervención” explicó Héctor Almada, secretario general de Appamia; “pero hay muchos médicos que están temerosos de levantar las medidas de fuerza sin haber firmado un preacuerdo. El miedo concreto es que nos den un pagadiós, es decir que las promesas no se concreten”. En el mismo sentido, Vicente Federico –titular del Sindicato Médico de la Argentina que nuclea a unos 400 profesionales– aseguró hoy que en su gremio están “esperanzados” con la intervención; “hemos solicitado una audiencia con las nuevas autoridades y esperamos que esto mejore, aunque peor de que lo que dejó (Víctor) Alderete nunca podría estar”, concluyó el médico.
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