Por Felipe Yapur
 El ex
dictador Antonio Domingo Bussi no oculta su estrategia. Necesita, casi con desesperación,
conseguir fueros parlamentarios para protegerse de las causas penales que pesan contra
él. Es por ello que ayer, apenas unas horas después de que se conociera el fallecimiento
del senador nacional de Fuerza Republicana por Tucumán, Carlos Almirón, los bussistas
comenzaron a realizar gestiones para que el septuagenario general ocupe la banca vacante.
Sin embargo, integrantes del bloque de la Alianza como del justicialismo adelantaron a
Página/12 que Bussi no tiene posibilidades de incorporarse a la Cámara alta. En
Tucumán, en tanto, comenzó a gestarse la posibilidad de que un aliancista sea el
reemplazante de Almirón.Bussi tiene su pliego de diputado nacional en el freezer luego de
la decisión que tomó el Congreso en la histórica sesión del 1º de diciembre, y todo
indica que su intención de ser miembro de la Cámara baja no tiene futuro. Esto pone de
muy mal humor al anciano general y le imprime presión a su hijo Ricardo, para que consiga
buenos resultados.Dura tarea le encargaron al hijo de Bussi. Debe defender a su padre de
genocidio, enriquecimiento ilícito, secuestro de menores y lograr que, “si no es
diputado, sea senador o algo que le otorgue fueros”. Pero para alcanzar el objetivo
debe atender varios frentes de batalla. Por un lado están las deudas ante la Justicia
(ver aparte). Por otro el diploma de diputado. Y ahora surge la batalla de los senadores
que tiene dos patas, una que se apoya en Tucumán y la otra en la Cámara alta nacional.
Cuando todavía estaban velando a Almirón, el vástago del militar reanudó las gestiones
que mantuvo con varios senadores del justicialismo poco después de que su padre
concluyera su mandato de gobernador el 29 de octubre pasado. De acuerdo con las consultas
realizadas por este diario, el representante del ex dictador no recibió la respuesta
esperada. Bussi hijo recordó el acompañamiento irrestricto de todas las iniciativas del
menemismo durante la administración de Carlos Menem y que hasta le permitió al
desaparecido Almirón convertirse en vicepresidente de los senadores. Pero no hubo caso,
las respuestas fueron siempre negativas.Jorge Yoma, un senador ultramenemista y presidente
de la estratégica Comisión de Asuntos Constitucionales, dejó entrever cuál fue la
respuesta que recibió el bussismo en su momento: “En 1995 la cámara le rechazó su
pliego de senador por ser gobernador electo de Tucumán. Hoy, en todo caso, la Legislatura
de esa provincia debe votarlo de nuevo”, dijo. Sin embargo, operadores de esa bancada
fueron más directos al sostener que “los diputados no le permitieron jurar por los
gravísimos crímenes que pesan sobre él. Entonces, por qué los senadores tienen que ser
los que blanquean al milico”.En la vereda del oficialismo hay un panorama similar.
Sorpresivamente la razón que esgrimen algunos miembros del bloque oficialista es muy
parecida a la de los hoy opositores. El radical y presidente provisional del Senado, José
Genoud, señaló a este diario que “la Legislatura tucumana debe elegir el
representante por la minoría según su composición actual. Recién cuando el pliego
llegue a nuestro cuerpo lo analizaremos”.Genoud fue precavido al opinar. Otros
senadores, que prefirieron hablar en estricto off the record, fueron más precisos y
dijeron: “En el ‘95 Bussi era el suplente de Almirón. El Senado le dijo que no
podía serlo porque estaba asumiendo su cargo de gobernador y le rechazaron el pliego.
Bussi apeló la medida y nunca se respondió. Es por eso que hoy los bussistas insisten
con esa posibilidad. Pero desde el punto de vista político es imposible que lo dejemos
asumir”. En Tucumán Bussi también la tiene difícil. Las elecciones del 24 de
octubre fueron las peores de la corta historia política de Fuerza Republicana. El
genocida alcanzó un escaño de diputado, pero lo hizo luego de que el PJ y la Alianza se
repartieran las otras cuatro bancas. Esteresultado es el que alimenta el argumento de
algunos legisladores radicales tucumanos, como José Ascárate, quien sostiene que
“Bussi no es senador suplente, porque su pliego fue devuelto. Entonces, esa banca le
corresponde a la segunda fuerza política que, de acuerdo con las últimas elecciones, es
la Alianza”. El razonamiento de Ascárate tiene algunas aristas no muy definidas. Es
verdad si se tienen en cuenta los comicios de octubre, pero en Tucumán hubo dos
elecciones este año. El 6 de junio, cuando el bussismo fue derrotado en la elección de
gobernador, captó más votos que la Alianza. Son estos resultados los que tienen en
cuenta los bussistas a la hora de defender la banca. Mariano Poliche, legislador bussista,
indicó a este diario que “pelearemos hasta las últimas consecuencias para que el
general Bussi acceda a ese cargo. Le corresponde”. Pero inmediatamente agrega:
“Si él no puede, entonces nombraremos a otro”. El justicialismo vernáculo por
ahora mira de reojo la pelea. Un vocero del gobernador Julio Miranda aseguró que
“respetaremos a la primera minoría: el partido de Bussi. Pero ellos están divididos
y pueden perder en la Legislatura. En verdad, es un problema que debe resolver
Bussi”. Pero el justificativo del vocero esconde una mentira. El PJ tiene 20 de los
cuarenta legisladores; la Alianza necesita de ellos para imponer su tesis y saben que
Miranda suele decir entre su gente que “hay que terminar con Bussi de cualquier
manera”. Esta puede ser una de ellas.
SERA JUZGADO EN TUCUMAN POR ROBO DE
BEBES
Manos libres para el juez
Por F.Y.
El juez
tucumano Ricardo Maturana tiene las manos libres para investigar al ex dictador Antonio
Bussi acusado por la sustracción, retención y desaparición de la menor Mónica Alarcón
en 1977. Ayer, el fiscal general del Tribunal Oral Federal de esa provincia, Alfredo
Terraf, desistió de la apelación interpuesta contra la competencia del juez. Pero el
fiscal también tiene otra tarea. Debe estudiar y responder un exhorto que envió el juez
Baltazar Garzón por la desaparición de una ciudadana española en esa provincia cuando
Bussi reinaba en esa provincia durante la dictadura. La decisión de Terraf, que actuó en
su calidad de subrrogante, terminó con la diferencia de opinión que existía entre el
magistrado y el fiscal Alfredo Brito, quien había apelado la decisión de investigar al
militar por considerar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hace más de 11
años, había declarado extinguida la acción. La resolución del planteo estuvo demorada
casi un año hasta que Terraf, a raíz de la licencia del fiscal general Hugo Colombres,
definió el planteo a favor de la prosecución de la causa. Colombres se había excusado
argumentando razones de amistad con el general represor Luciano Benjamín
Menéndez.Mariano Poliche, legislador provincial por Fuerza Republicana, indicó a
Página/12 que “Bussi me dijo personalmente que se presentará a declarar en esta
causa como en la que se sustancia en Buenos Aires por el caso (Mario) Santucho. El no
piensa eludir a la Justicia”, se jactó. La diferencia entre Maturana y Brito se
generó cuando este último consideró, en obvia adhesión a la obediencia debida, que la
causa Alarcón era competencia de la Justicia Federal de Córdoba militarmente Tucumán
dependía del III Cuerpo del Ejército, que por aquellos años era conducida por
Menéndez, un amigo íntimo y superior de Bussi. El magistrado insistió con su teoría y
provocó que Brito apelara haciendo reserva del caso federal. El camino de esta disputa a
la Corte Suprema de la Nación quedó trunco cuando Terraf no compartió el criterio del
fiscal en primera instancia y ahora se encuentra en condiciones de requerir la elevación
a juicio contra el anciano general.Pero esta no será la única tarea de Terraf. Ahora
debe abocarse al estudio de un oficio que llegó a Tucumán, procedente de España, donde
el juez Baltasar Garzón le imputa a Bussi responsabilidad en la desaparición de una
ciudadana española. |
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