Hubiera sido mejor dialogar

Por Federico Polak

Página/12 en sus ediciones de anteayer y el jueves se ocupó en forma destacada --como no podía ser de otra forma por tratarse de un diario especialmente preocupado por el tema de los derechos humanos-- de la cobertura de la subsecretaría del área. De las notas se desprendería, un poco por lo que afirman los cronistas y mucho por declaraciones de miembros de los organismos, que quien esto escribe es un abogado especialista en temas comerciales --lo que es cierto-- o bien en aspectos administrativos, según la edición que se lea, desconocido por los dirigentes y con el único antecedente de haberse opuesto a la detención de Pinochet. Pero mi análisis sobre el caso Pinochet publicado en este mismo diario fue político, ante la certeza que el mediático juez Garzón terminaría como un aliado táctico del conservadurismo, creándole a Chile un problema político de extrema gravedad. Que lo diga hoy la Concertación, que impensadamente debe luchar por conservar el poder. Por otra parte, resultaría propio de la Inquisición analizar cada una de las decenas de notas que he escrito sobre derechos humanos.

Integro la APDH desde los tiempos de la dictadura y luché desde allí por la verdad y justicia y el sostenimiento de las consignas que fueron caras a los argentinos. En los primeros tiempos de los ochenta encabezamos las marchas que tímidamente primero, y con bravura después, cubrieron las calles de Buenos Aires al grito "Los desaparecidos/ que digan dónde están". El país, bajo la administración de Raúl Alfonsín y la valentía de un puñado de jueces, hizo suya, como ningún otro en la historia, la segunda parte de la ecuación. Es decir: hizo justicia, condenó a parte de las cúpulas militares y aún hoy lo sigue haciendo en el tema de la sustracción de bebés. Los tuvimos presos, fueron indultados en una decisión que nos llevó a la calle otra vez bajo el signo de la protesta, y hoy tenemos también presos procesados por esas sustracciones.

La tutela de los derechos humanos para atrás tiene por cierto la deuda de la otra parte de la ecuación: la verdad. La protección de ese derecho cercenado por el terror requiere la acción de los poderes del Estado, pero la Justicia ya se hizo y no es posible reabrir puertas cerradas en procura de condenas que las leyes hoy derogadas de la obediencia debida y punto final cerraron. Se sabe que se pretende lo contrario, incluso utilizando tácticas fascistas que recuerdan los célebres juicios norteamericanos de los '50, en los cuales quien negaba ser comunista iba preso por falso testimonio, y quien lo admitía era encarcelado por comunista.

Cuando me propusieron ser el titular de derechos humanos y en un principio acepté contra el consejo de mis mejores amigos, que me proponían para cargos en el gobierno de alta jerarquía y responsabilidad, imaginé que en un diálogo fraterno con las organizaciones podríamos juntos elaborar el camino de la búsqueda de la verdad, y estructurar toda una política de defensa integral de los derechos humanos y garantías contenidos en nuestra Constitución. Una política en la que todos los funcionarios debían estructurar un plan de desarrollo humano, única forma de proteger el pan, el trabajo, la educación y evitar el cercenamiento de los más elementales derechos del hombre, que peligran siempre en un marco social de altas tensiones. Es el momento de hacerlo, cuando ya no acecha el enemigo de la democracia y el Ejército, por caso, ha elaborado un fuerte sentimiento de culpa y ha pedido perdón por boca de su último jefe. Ignorar que entramos en una década muy distinta que la de los '70 es desconocer la realidad y evitar afrontar los nuevos desafíos. Tengo la seguridad de que cualquiera sea el designado para encabezar estas políticas --Simón Lázara, Leandro Despouy, Diana Conti o cualquier otro-- coincidirán con ello.

Es cierto que no soy un militante profesional de la defensa de los derechos humanos. No realizo cotidiana y exclusivamente esa militancia. Pero soy un político que cuando lo tuvo que hacer, lo hizo y parece muy difícil de creer que la dirigencia no lo sepa, salvo que se trate de dirigentes nuevos, que no lo eran en tiempos de la dictadura. Martín Abregú insinúa que mi designación respondería a favores que me deben de la campaña. Esto suena grotesco. Para un abogado cuyos clientes son empresas, la atención del área le depararía seguramente la pérdida de muchos de ellos al volver a la profesión: lo confundirían con uno de los llamados por los americanos "crazy liberals", a quienes desprecian. Una de las paradojas de la historia es que la defensa de los derechos esenciales parece reservada a la izquierda, en tanto muchos de nuestros viejos compañeros de lucha no provenían precisamente de ese campo.

Lamento que la operación casi corporativa para imponer al encargado del área haya pasado por los diarios y con cartas al Presidente y al ministro. Resulta difícil imaginar que los empresarios y los militares, por ejemplo, hubiesen hecho lo mismo para procurar la designación del ministro de Economía o el de Defensa. Hubiese resultado más apropiado sentarse a dialogar, antes que a descalificar. Justamente eso es lo que distingue al político del extremista: el primero se pone en el lugar de quien piensa diferente; el segundo lo suprime. Pero hay algo peor: se mina el camino a la Alianza progresista justamente en el terreno donde el menemismo tuvo de parte de algunos, más que complacencia, complicidad.