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 "El FMI
debería otorgar un waiver (perdón) por el déficit fiscal de este año. Pero no a
nosotros, que estamos sólo hace cuatro días, sino a Roque Fernández", aseveró
ayer Miguel Bein, flamante secretario de Programación Económica. José Luis Machinea
avaló más tarde al miembro de su equipo. Insistió en que la situación fiscal es peor
de la esperada y que el rojo del '99 "va a tener como superpiso 6200 millones",
se atajó. Por esa razón dijo que aún no puede informar cuándo cobrarán el aguinaldo
los empleados de la administración pública. "Tenemos un problema presupuestario y
de caja, pero en la medida en que podamos pagarlo antes de fin de año lo vamos a
hacer", indicó el ministro, quien estimó que el próximo lunes dará a conocer
finalmente la fecha de la liquidación. Otro tema al que se refirió es que el equipo
económico planea enviar una ley al Congreso para propiciar una baja de las comisiones de
las AFJP. Machinea y Bein volvieron a encontrarse ayer con la misión del FMI. Tomás Raichmann y Teresa Ter Minassian se interesaron especialmente sobre la situación fiscal. Al respecto, el jefe del Palacio de Hacienda sostuvo que "como mínimo" el déficit de este año será de 6200 millones de pesos. Los funcionarios del Fondo prefirieron no dar a conocer su estimación. Pero, ante la situación planteada en Corrientes, volvieron a la carga con un tema que consideran clave para el funcionamiento económico de la Argentina: el estado de las cuentas públicas y de endeudamiento en los distritos del interior. "Se interesaron en cómo se refinanciarán las deudas de las provincias, ya que al igual que nosotros quieren que la solución sea definitiva y no que haya un alivio parcial para que luego resurja el problema con un nuevo endeudamiento desproporcionado", comentó una fuente de Economía. En ese sentido, Machinea les detalló el nuevo Pacto Fiscal suscripto entre la Nación y las provincias, y la recomendación del Gobierno a que adhieran a la Ley de Convertibilidad Fiscal que rige para la administración central. Pero la discusión a fondo sobre el tema fiscal tendrá lugar a partir del 7 de enero, cuando comience la negociación formal de un nuevo acuerdo con el FMI. "Vinimos a conocer a la gente, a intercambiar datos, pero no vamos a evaluar el cierre fiscal del año porque ni siquiera vinimos con los técnicos. Vamos a volver la segunda semana de enero y ahí sí nos vamos a quedar el tiempo que sea necesario", aseguró Raichmann. Los técnicos del FMI y el equipo económico se volverán a encontrar pasado mañana, para preparar los términos de la próxima negociación. En otro orden, el jefe del gabinete de asesores de Economía, Pablo Gerchunoff, sostuvo ayer que se continuarán buscando alternativas para bajar los costos de los servicios privatizados y en algunos otros rubros donde existen altos costos para los consumidores. En este caso, anticipó que se enviará al Congreso un "conjunto de iniciativas que apuntan a reducir las comisiones de las AFJP". "Se buscará inyectar más competitividad en el sistema, sin vulnerar la seguridad jurídica", añadió. La Alianza pretende avanzar en esta dirección, negociando además con otras privatizadas o concesionarias, para compensar el efecto del aumento de impuestos. Otra de las tareas a la que está abocada la nueva gestión en Economía es buscar las fuentes de financiamiento para el 2000. El secretario del área, Daniel Marx, reveló que el Gobierno apelará a cuatro fuentes para obtener recursos: emitirá un bono global por unos 3000 millones de dólares, se deshacerá de sus tenencias accionarias en las empresas privatizadas, recurrirá a préstamos del Banco Mundial y del BID y continuará colocando títulos públicos en el mercado local. En total, Economía necesita que le presten 17.000 millones. Asimismo, el funcionario aseguró que "vamos a pedir una ampliación" del actual crédito contingente acordado con el FMI. El programa vigente alcanza a 2800 millones de dólares, y la intención sería llevarlo a 5000 millones.
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