El
tiempo, por lo visto, no les alcanzó. El gobierno de Carlos Menem evacuó el poder sin
dar la última puntada. De modo que ahora deberá ser el equipo de José Luis Machinea
quien decida sobre los cientos de millones de pesos (mínimo 500, sin contar lo ya pagado)
que el Estado les entregaría a las compañías de seguros como definitivo corte (cut off)
de un largo pleito, arrastrado alrededor de uno de los grandes escándalos de corrupción
de la década. De hecho, un decreto publicado el 28 de setiembre último, el 1061/99, le
ordenó al Instituto Nacional de Reaseguros (en prolongada liquidación desde 1992)
"extinguir totalmente los efectos pendientes de los contratos de reaseguro celebrados
por el Inder con las entidades aseguradoras que se adhieran al régimen" que
establece ese mismo decreto. Faltaba menos de un mes para las elecciones.
El Inder había hecho una primera oferta de
corte a la plaza en 1997, de acuerdo con lo determinado por la Ley de Presupuesto de aquel
año, que además ordenaba que los importes a ofrecer (unos $ 850 millones) fueran
auditados por la Sindicatura General de la Nación. El corte comenzó con las PPC
(Planillas de Pago Contado), referidas a los siniestros presuntamente ya liquidados por
las compañías, que le reclamaban al Inder su parte como reasegurador. Esas pólizas, en
general de montos altos, fueron motivo de un áspero enfrentamiento entre las aseguradoras
y el instituto en los tiempos (entre 1994 y 1996) en que lo condujo el cavallista Roberto
Guzmán, porque éste les pidió que presentaran la documentación faltante, exigida por
contrato.
Una vez que Roque Fernández removió a
Guzmán y colocó en su sitio a Daniel Carlos Di Nucci (proveniente del Grupo Juncal, de
la BNL), cuando la Sigen empezó a controlar las PPC, sobre las cuales el Inder había
hecho un anticipo del 70% por disposición del propio Di Nucci, empezaron las
dificultades: faltaba documentación, no estaba fundada la razón para pagar y había
muchos errores de liquidación. Ante la hostilidad del Inder, en setiembre del 1998 la
Sindicatura decidió no auditar más las PPC, lo que impidió al instituto continuar con
la entrega de anticipos. Al mes de esa decisión, el síndico general de la Nación,
Héctor Luis Agustini, renunció. En su lugar fue designada María Cristina Benzi, que en
un principio mantuvo el mismo criterio. Pero cambió luego de incorporar a dos asesores,
los abogados Horacio Guerin y Jorge Viale. Este último sucedió en el Inder a Di Nucci en
marzo de 1999, cuando éste resolvió quedarse sólo con la Superintendencia de Seguros
(SSN). Se inició entonces la acelerada preparación del borrador del decreto. En julio el
instituto contrató para asistirlo a la consultora ICS (Inspection and Control Services),
presidida por Juan Alemann y cuyo gerente general es Eduardo Toribio, quien fuera vocal en
la primera comisión liquidadora del Inder. Esta quedó envuelta en la denuncia de
irregularidades que realizó en junio de 1994 Roque Maccarone cuando ejercía como
secretario de Finanzas, Bancos y Seguros. La causa, en manos del juez Jorge Urso, no dio
signos de moverse.
El decreto 1061 dispuso en un artículo que
la Sigen controlase los "procedimientos" por los cuales se llegaría a la oferta
del Inder a la plaza; vale decir, no los importes a acreditarles a las compañías. Pero
el mismo farragoso decreto tiene una trampa, porque en uno de los anexos dice que
"concluida dicha intervención (de la Sigen), y producidos los ajustes que
correspondan, se les comunicará a las entidades el resultado de la liquidación", lo
cual significa que la Sindicatura deberá sí opinar sobre la corrección de los importes.
Esto serviría de cobertura legal a los beneficiarios.
A las aseguradoras que acepten la
"oferta" se les pagará en efectivo hasta donde alcancen los fondos el Inder
(que hoy posee unos 150 millones puestos a plazo fijo). El resto se les saldará con un
bono vigente desde 1998, que ya tiene dentro tres períodos semestrales vencidos (sobre un
total de 16), los que deberían hacerse efectivos de inmediato, más los intereses
corridos (al 6% anual). En conjunto, las compañías reclamaron unos 400 millones por PPC,
de los cuales ya cobraron la mitad (los cobrarán totalmente), y por la reserva de
siniestros pendientes (run off) unos 700 millones, sobre los cuales se les reconocerá un
75%. Hay además otros 100 millones en intereses por demora en la acreditación de las
planillas. De este bruto de unos 1200 millones habría que restar unos 300 a 400 millones
por acreencias del Inder contra las compañías. También se trataría separadamente la
reserva de siniestros planteada por la disuelta CNAS (unos 80 millones) y la del Instituto
Provincial de Seguros de Misiones (unos 150 millones).
Según determinaron los síndicos, los
valores están inflados. En su revisión de las planillas se tropezaban con cuentas mal
hechas y cálculos falseados. En cuanto al run off, el Inder pagará el 75% sin siquiera
controlar si las estimaciones acerca de las futuras sentencias, en los juicios de los
asegurados contra las compañías, fueron correctamente hechas. Se aceptan como buenos los
valores que las compañías anotaron en sus balances. Por otra parte, el decreto define
muy deficientemente el control de la efectiva cesión de parte de la prima para contratar
el reaseguro, de modo que puede ocurrir que la compañía no haya pagado un centavo e
igual le reconozcan la presunta acreencia.
El decreto le dio al Inder un mes para tener
concluido el corte, que debía luego girar a la Sigen, que dispondría de 30 días
hábiles para estamparle su sello. Ese término venció el 9 de diciembre, día en que el
expediente, con sus más de 20.000 folios, tornó al Inder para ser despachado a
Economía, demasiado tarde para que el coordinador del equipo de Fernández, Julio Alberto
Cáceres, pudiera dar una última muestra de sensibilidad hacia las compañías.
Entre sus muchas perlas, el decreto incluye
un artículo, absolutamente extraño al motivo de la norma, que prorroga por tres años el
aporte especial del medio por ciento de la recaudación total por primas que las
compañías deben efectuar a la Obra Social del Sindicato del Seguro, más allá de las
contribuciones legales. Son unos 30 millones de pesos anuales, que el dirigente Ramón
José Valle debe agradecer tanto a Menem como a los empresarios del sector. |
