 Dos
argentinos, jóvenes y pobres por añadidura, murieron en medio de una balacera desatada
por una brutal represión decidida por el comandante mayor de Gendarmería Ricardo Alberto
Chiappe. No se sabe quién disparó las balas que los ultimaron. Algunas versiones
pretenden que fueron policías correntinos, otras que lo hicieron “activistas de
izquierda infiltrados” armados por la misma policía. Hay aún quien sospecha que
fueron los gendarmes usando “perros”, que así se llaman las armas no
autorizadas que esgrimen los cuerpos de seguridad “por izquierda”. Sería toda
una, auspiciosa, novedad para los usos y costumbres nacionales que alguna vez se conociera
y se castigara condignamente a los asesinos. Por ahora, sólo hay conjeturas.Lo que, en
cambio, es indisputable es que la barbarie en medio de la cual se cometieron los
homicidios y fueron heridos decenas de ciudadanos y cuatro gendarmes se desencadenó
cuando el gendarme mayor decidió reprimir, hecho del que asumió “la plena
responsabilidad”, asegurando que si no hubiera obrado tan sagazmente “las
consecuencias hubieran sido terribles e inimaginables”. Frase que, sin mucha malicia,
permite inferir que Chiappe no considera terrible la muerte de dos personas como costo
táctico del operativo de desalojo de un puente.El hombre que tuvo el mando en tal
circunstancia, tal como reveló ayer en este diario Horacio Verbitsky, tiene antecedentes
funestos, ya que participó en la guerra sucia, asignado a dos campos de concentración:
Campo de Mayo y La Perla. Aunque su currículum fuese menos nefasto, no parece cuerdo que
la decisión de cómo obrar frente a una multitud de ciudadanos peticionando, una
cuestión de Estado al fin, quede en manos del integrante de una fuerza de seguridad,
siendo que la tradición de las Fuerzas Armadas, policiales y de gendarmes vernáculas es
obrar la mayoría de las veces con incompetencia, brutalidad, macartismo y –en muchos
casos– con sadismo. Un uniformado (sea o no un ex represor) no debería ser el más
alto eslabón de la cadena de mandos de un gobierno democrático para sopesar y decidir
acerca del tono ideológico y los riesgos de una movilización popular. Pero lo fue, o al
menos eso dicen Chiappe en persona y el gobierno nacional. El ministro del Interior
Federico Storani, el funcionario que exhibió la mayor mesura y cintura frente a los
medios durante los momentos más críticos, explicó a Página/12 que la orden de reprimir
ya estaba dada “en forma genérica” y que las instancias de diálogo cerradas
(después de que) “nos comunicamos a través de radios, a través de sacerdotes y de
sindicatos e invariablemente había una respuesta negativa y cada vez más
radicalizada”. El gobierno dice haber dejado todo en manos de Chiappe, sin agotar
antes la razonable instancia de colocar a alguien representativo y con autoridad poniendo
el cuerpo donde ocurrían los hechos y no teledirigiendo una crisis desatada en una
provincia donde la Alianza no es ni siquiera primera minoría. Recién ayer llegó Walter
Cevallos en representación de Interior. Recién el viernes se anunció la remisión del
dinero que empleados y comerciantes necesitan para sobrevivir.Para colmo, el interventor
Ramón Mestre optó por desplazarse con tiempos vaticanos. El jueves, al ser ungido,
avisó que iría a la provincia el lunes, transformándose en una versión civil del
famoso general Alais. El viernes, ya conocida la matanza, explicó que no conocía la
situación de Corrientes y que “no pudo zafar” de su designación. Añadió que
seguiría difiriendo su viaje hasta el lunes, entre otras cosas porque debía buscar su
ropa en Córdoba. Tras tamañas declaraciones a la prensa se explica que en su
(fracasante) campaña para ser reelecto gobernador de su provincia haya rehuido todo
contacto con los medios.Cuestión de velocidad El gobierno nacional responsabiliza de todo
lo ocurrido a la dirigencia correntina y –en voz baja– lamenta la mala suerte de
que esta bomba (sin duda armada durante años y aun décadas) le haya explotado a los
siete días de haber asumido. Le sobra razón en orden a quién tiene la culpa del
déficit, la corrupción, la inequidad, el desgobierno y la violencia en Corrientes. Le
falta autocrítica en cuanto a su velocidad para anticipar los hechos (que la
administración De la Rúa conocía antes del 10 de diciembre), de la que la parsimonia de
Mestre –que contiene un cálculo político nada inocente y a la luz de los hechos
nada acertado que era llegar con el puente despejado– es apenas una muestra. Al fin y
al cabo, si Chiappe estimó los riesgos de su operación a ojito tiene el atenuante de que
la SIDE –que con algo de benevolencia debería ser considerada más idónea para
hacer esas evaluaciones– está acéfala por morosidad en designar su titular.Fuentes
insospechables del gabinete nacional explicaron a Página/12 que la decadente dirigencia
correntina complicó toda posibilidad de negociación y aun de asistencia anteponiendo sus
demandas de participar en el nuevo gobierno y en el reparto de alimentos o medicamentos.
“Nos preguntan ‘¿para nosotros qué hay?’, en vez de ayudar a paliar el
quilombo que generaron”, se enardeció ante Página/12 un ministro. Y no cuesta
creerle dados los antecedentes de los Romero Feris y su estilo político. Pero la función
de un gobierno en un país con graves quistes de corrupción y autoritarismo no es
solamente denunciar sus lacras a voz en cuello sino combatirlas con las herramientas que
permiten la ley y los recursos del Estado nacional, que no son pocas. El presidente
Fernando de la Rúa, tras escuchar las patéticas declaraciones de Mestre y otras no muy
felices del secretario de Seguridad Enrique Mathov, que aseguró “tenía entendido
que no había que lamentar ninguna víctima fatal”, cuando las muertes se estaban
comentando por radio, escribió de puño y letra un comunicado que leyó su vocero
deplorando los hechos. El comunicado mantuvo el tono de mesura que signó su campaña
electoral pero no incluía ninguna mención a acciones concretas propias de su rango
ejecutivo.De juegos y de escenariosHasta que los gases lacrimógenos, la pólvora y la
sangre tiñeran la primera semana de su gestión hubiera podido decirse que al Gobierno le
había ido bien. Había conseguido la aprobación en Diputados del presupuesto, la rebaja
de las tarifas telefónicas. Había hecho pie en el PAMI con la intervención y había
dado un gran paso para conseguir el levantamiento de la Carpa Blanca. En el otro platillo
de la balanza debiera computarse la fallida y derrotada oposición al juramento de Rodolfo
Barra, un traspié agravado por la interna ostensible que enfrentó al vicepresidente
Carlos “Chacho” Alvarez y al senador José Genoud. Algunos intérpretes también
sumaron al debe la jura de Carlos Corach pero en verdad la primera línea de la Alianza no
la vivió como derrota. En rigor, la pactó antes de las elecciones, la concretó en la
transición y –con De la Rúa y el propio Alvarez a la cabeza– confía en que
Corach será un interlocutor mucho más razonable y confiable que la hueste de senadores
carentes de conducción política nacional y ajenos a sus conducciones políticas
provinciales, que los aliancistas sindican como “cobradores de peaje” y que
responden al “Choclo” Augusto Alasino.También es real que despuntan algunas
internillas por ahora no explosivas. Por caso, el jefe de Gabinete Rodolfo Terragno
sufrió un knock down con la confirmación de Carlos Silvani al frente de la AFIP, un dato
que tampoco hizo del todo feliz al ministro de Economía José Luis Machinea. Por su
parte, el ministro de Infraestructura y Vivienda Nicolás Gallo y la ministra de
Desarrollo Social y Medio Ambiente Graciela Fernández Meijide siguen pulseando en sordina
por espacios concretos de poder, léase programas que están en zonas fronterizas entre
sus dos flamantes reparticiones. Esta semana hubo un par de reuniones que patentizaron
esos tironeos (ligadas especialmente a programas municipales de obvia importancia
política) sin que la sangre llegara al río pero sin que tampoco hubiera armisticios.Sea
porque afrontan juntas esa batalla común, sea porque ambas tuvieron protagonismo en el
desembarco en el PAMI no hubo en estos días choques ostensibles entre Graciela y Cecilia
Felgueras, coprotagonistas de la interna virtual más anticipada por propios y extraños.
De la Rúa se permitió un gesto reparatorio inusual hacia Felgueras que fue designarla
“viceministra” (cargo inexistente en la Constitución nacional y en las leyes)
en el respectivo decreto. “Un guiño –explicó a este cronista un importante
consultor del radicalismo –, Cecilia no fue desplazada, apenas tendrá que esperar su
tiempo. En el 2001 Fernando quiere asegurarse de que Graciela sea cabeza de la lista de
senadores y será el turno de Cecilia.” “Alfonsín es un jugador de truco.
Decide rápidamente, cambia la modalidad de juego en cada mano, es pura táctica. De la
Rúa es un jugador de ajedrez. Se toma sus tiempos para decidir sus jugadas pero tiene
objetivos precisos. Es un estratega”, dice el consultor, uno de los pocos hombres que
integró los equipos de campaña de ambos, elogiando más al actual presidente que al
anterior. Tal vez sea así y se verá con el tiempo.Pero hay otra verdad que se hizo
patente en estos días: los tiempos y los lugares de la política no son fijados casi
nunca por un protagonista solo. Nadie decide solo cómo se juega, dónde se juega, cuándo
se juega... a veces ni a qué se juega. El dirigente de raza es capaz de generar nuevos
escenarios pero ninguno predispone todos ni puede negarse a participar de algunos armados
por otros. Y, en la Argentina, la mayoría de los escenarios cambian de la noche a la
mañana. A veces, a los tiros.
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