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La reducción de las tarifas, anunciada el martes, fue precedidapor un mes de tensas negociaciones entre tres hombres de laAlianza y las dos concesionarias. Los planteos y las chicanas
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Por Raúl Dellatorre  La
negociación no fue fácil ni corta. Había que encontrar una fórmula presentable tanto
para la sociedad como para los accionistas de las empresas. La discusión entre los que
iban a ser funcionarios del gobierno de la Alianza y los representantes de Telefónica y
Telecom para acordar una rebaja en las tarifas urbanas demandó un mes. Y dos veces estuvo
a punto de naufragar. Después de cuatro años defendiendo hasta en audiencias públicas
la necesidad de aumentar el valor de los pulsos (consumo) y los abonos (cargo fijo) en el
servicio urbano, las concesionarias debían resignarse a rebajarlo. La idea fue de José
Luis Machinea: recabarles a las telefónicas un “esfuerzo” que acompañara el
que se le iba a reclamar a la población a través del impuestazo sobre diversos consumos.
Además de pedirle a Fernando de la Rúa que lo avalara, Machinea sondeó la opinión de
sus colaboradores más cercanos. Estos le sugirieron la conveniencia de participar de la
idea a la futura autoridad regulatoria en el sector: el Ministerio de Infraestructura.
Quien iba a ser ministro de Economía prestó sus oficinas de la avenida Córdoba casi
Callao para las reuniones que, casi sin interrupción, iban a mantener durante un mes tres
representantes del gobierno por asumir y uno por cada empresa. La primera cita se
concretó en la segunda semana de noviembre. En una de las estrechas salitas de la
Fundación Argentina para el Desarrollo con Equidad (FADE), entre divisores armados con
una suerte de biombos chinos, los gerentes generales de Telefónica y Telecom escucharon
sin el menor signo de tensión los primeros argumentos de Pablo Gerchunoff, Diego
Petrecolla y Enoch Aguiar. Los dos primeros, futuros miembros del equipo económico; el
último, quien iba a ser designado secretario de Comunicaciones. Los ministerios de
Economía y de Infraestructura habían elegido sus espadas para el lance. Sin mención de
incumplimientos de contratos ni de las abultadas ganancias de que disfrutan las
telefónicas, Gerchunoff utilizó un lenguaje casi diplomático para explicar los
sacrificios que tenían por delante el gobierno por asumir y la población. “Ustedes
están en condiciones de hacer algo en materia de tarifas para acompañar el esfuerzo de
todos”, fue la frase elegida para lanzar el requerimiento. La respuesta vino en el
mismo tono calmo. Fijación de una tarifa de interconexión (peaje) para los futuros
operadores que utilizaran la red instalada por Telefónica y Telecom, un derecho por el
uso de la numeración ya adjudicada, etc., etc., “a cambio” del sacrificio
reclamado. “Perdón, pero esos aspectos no tienen nada que ver con lo que estamos
solicitando”, aclaró uno de los miembros del terceto oficial. “Las condiciones
para un mercado desregulado se tratarán escuchando la opinión de todos, incluidos los
futuros operadores”, se les planteó a los hombres de las dos licenciatarias. ¿Y
entonces, qué recibimos como compensación?, fue la pregunta que sin formular, pero
manifestada en su cambio de expresión, dejaron planteada los representantes empresarios
al terminar ese primer encuentro. Sin participar en las mesas de negociación, Juan Carlos
Masjoan, presidente de Telecom Argentina, le hizo llegar a Machinea su posición: estaba
dispuesto a acceder a un descuento en las tarifas, pero en las tratativas debía mantener
una posición común con Telefónica. La postura no era gratuita: Masjoan aspiraba a ser
convocado como integrante del Consejo Asesor que reuniría De la Rúa en su entorno,
compuesto por empresarios “notables”. Se sucedieron un par de reuniones en la
sede de FADE, dominadas por una extrema tirantez, en las que las telefónicas estuvieron
incluso a punto de romper las negociaciones y dejar en vía muerta el acuerdo. Conscientes
de que sus interlocutores empresarios estaban condicionados por la necesidad de no quedar
ante sus accionistas como generosos Papá Noel de la primeraNavidad aliancista, el trío
de futuros funcionarios imaginó una propuesta que podría considerarse como una
compensación: la rebaja de tarifas se tomaría a cuenta de la que se disponga en
noviembre del 2000, cuando la Secretaría de Comunicaciones deba definir un nuevo nivel de
price cup o precio máximo de referencia, que se establece mientras no exista competencia
real en el mercado. La negociación entró en un terreno arduo. Las empresas se habían
pasado los últimos años explicando la imperiosa necesidad de los sucesivos aumentos en
las tarifas urbanas (mercado cautivo), mientras accedían a rebajas en las interurbanas e
internacionales (abiertas a la competencia). Ahora se les reclamaba que admitieran un
descuento “voluntario” sobre los pulsos y los abonos urbanos. Ante esto,
ofrecieron un “mix” de descuentos, incorporando al “esfuerzo” las
tarifas de larga distancia. La representación gubernamental lo rechazó: en competencia,
esos valores debían descender de todos modos, lo cual convertía en humo parte de la
oferta empresaria. Ya a esa altura de las negociaciones, nadie se ahorraba epítetos para
calificar las intenciones de la otra parte. Gerchunoff, Petrecolla y Aguiar incorporaron
entonces nuevos elementos a la discusión: las telefónicas necesitaban iniciar una nueva
etapa mejorando su imagen pública, y además corrían con la ventaja de que una rebaja en
las tarifas podría significarles un mayor consumo, con lo cual se diluiría el sacrificio
de ingresos. En apoyo de esta última apreciación, apuntaron que una rebaja en los abonos
comerciales podría redundar en que muchas pequeñas empresas habilitaran una nueva línea
con el ahorro. De paso, incorporaron a la discusión un aspecto ya evaluado en los
estudios previos: los abonos comerciales (37,50 pesos en Telefónica, 33,39 pesos en
Telecom) eran arbitrariamente elevados. En tanto, el debate sobre un impuesto especial a
los grandes beneficios de las empresas privatizadas ganaba espacio en las páginas de los
diarios. El tema jamás se trató entre los biombos chinos de la FADE, pero debe de haber
pesado cada vez que los representantes empresarios pretendieron amagar con abandonar la
mesa y pagar el costo de enemistarse con las nuevas autoridades. A cierta altura, y ya con
participación de técnicos de las dos empresas, Telefónica y Telecom accedieron a
disponer rebajas en las tarifas comerciales. El trío aliancista planteó la necesidad de
pasar a discutir qué descuento le correspondería a los clientes residenciales (usuarios
particulares), y se desató una nueva guerra. La discusión adquirió por momentos un tono
violento, al punto que otra vez –la segunda– toda la negociación corrió
peligro de sucumbir. La pulseada pudo encarrilarse, pero insumió otras tres semanas de
tira y afloje. Tras dos encuentros consecutivos de cinco horas –de 16 a 21–, en
la noche del jueves 9 de diciembre se arribó a un acuerdo en términos generales, a
escaso medio día de que el todavía senador Carlos Ruckauf le tomara juramento a Fernando
de la Rúa. El acuerdo para que las empresas resignaran un porcentaje sustancial de los
abonos comerciales y dispusieran “algún mecanismo” de descuento para los
usuarios particulares estaba sellado. Faltaba ponerle números a las rebajas. Esta última
etapa de negociación comenzó en la noche misma del viernes 10, la fecha en que la
Alianza asumió el gobierno. Por primera vez apareció en la mesa de negociación una
diferencia entre las dos concesionarias: Telefónica tiene mayor proporción de clientes
residenciales, y Telecom, de clientes profesionales y empresas. No había número común
que las conformara. El primer acuerdo fue fijar un descuento del 19,5 por ciento único
para los abonos comerciales, pero en las tarifas residenciales resultó imposible llegar a
una rebaja universal que hubiera hecho más transparente el beneficio. Los ya por entonces
tres funcionarios del gobierno debieron resignar uno de sus objetivos. Finalmente, ya
iniciada la semana pasada, las telefónicas arrimaron la propuesta de establecer los
descuentos según el plan al que adhirieran losclientes. “Pero así, quien no haga
ninguna opción no tendrá rebajas”, argumentaron los hombres del gobierno. “Y
los que elijan el plan más adecuado pueden recibir hasta un 15 por ciento de
descuento”, replicaron los empresarios, unos y otros con planillas y calculadora
sobre la mesa. Las oficinas de FADE ya se habían convertido en una sede paralela del
gobierno, y fue allí, en Córdoba 1776, séptimo piso, donde el martes por la mañana se
resolvió la prolongada partida: un mecanismo de rebajas que promediaría un beneficio del
5,5 por ciento sobre los pulsos consumidos por los clientes residenciales. Esa misma
tarde, Machinea y Nicolás Gallo anunciaron la grata nueva en la Casa Rosada.
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