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Por Adriana Meyer  Esta carpeta
sí, este bibliorato no. Estos papeles sí... y estos archivos también". Era la
madrugada del martes 7 de diciembre y era Víctor Alderete quien daba las órdenes, en la
sede central del PAMI, cuatro días antes de abandonar su cargo al frente del directorio
de la obra social de los jubilados. Una camioneta recorrió dos veces el camino que va
desde ese edificio, ubicado en Perú y Diagonal Sur, hasta un departamento ubicado en el
centro de Morón. Sus ocupantes --entre quienes estaría una secretaria del ex
funcionario-- abrieron la puerta y comenzó la descarga. Ayer a la tarde, fueron
encontradas allí ochenta cajas con esa documentación durante el allanamiento ordenado
por el juez federal Gabriel Cavallo. El magistrado comprobó así la veracidad de dos
denuncias anónimas recibidas por los diputados aliancistas María América González y
Jorge Giles, quienes recibieron asesoramiento en la flamante Oficina Anticorrupción. El juez federal de Morón Alberto Criscuolo y la delegación local de la Policía Federal realizaron el procedimiento por pedido de Cavallo, ante la sorprendida y asustada mirada de los habitantes del departamento de la calle Intendente Grands número 12, que cobijó por pocos días los preciados papeles de Alderete. "Imaginemos por un momento que ahí no hay nada comprometedor... ¿por qué sacar documentación oficial del Estado a la medianoche y llevarla a un domicilio particular?", razonó el diputado socialista Jorge Giles al ser consultado por Página/12. "El 10 de diciembre, antes del acto de jura en el recinto del Congreso, me encontré con una persona muy asustada que estaba esperándome en la puerta de mi despacho, y no sólo me pidió reserva de su identidad sino que ni siquiera se identificó. Me dijo que sentía escepticismo por los políticos pero confiaba en mí y me contó todo", relató el legislador. Según Giles, el hombre tenía miedo de lo que sabía. Durante las últimas semanas de su gestión, Alderete en persona dirigió un operativo de selección y traslado de documentación. Antes de los viajes nocturnos habría habido "limpieza" en todas las oficinas y gran cantidad de papel fue triturado por las máquinas recicladoras de ese material. Sin embargo, todo esto parecía "normal" en un traspaso de autoridades. "Lo impresionante del caso es que el propio Alderete se quedó en la sede central y en una noche hicieron todo", enfatizó. El diputado no quiso dar precisiones para preservar a su informante, pero esta persona podría ser uno de los choferes de Alderete, quien aseguró que ya conocía el departamento de Morón. Giles comentó la denuncia con su compañera María América González porque consideró que tenía mayores conocimientos que él sobre el PAMI. La legisladora frepasista se conmocionó con el dato, pero el lunes 12 al mediodía recibió la misma información en forma de un anónimo que le pasaron por debajo de la puerta de su despacho. "Ese papel escrito con computadora me quemaba en las manos", graficó González. Junto a Giles y a la diputada Nilda Garré, González comprobó que la dirección de Morón que mencionaban los enigmáticos informantes realmente existía. Tras lo cual los tres visitaron a José Massoni, designado jefe de la Oficina Anticorrupción. "Conversamos a modo de consulta, porque todavía no existen formalmente como institución", afirmó Garré a este diario. Una fuente del organismo todavía virtual aseguró a Página/12 que los legisladores tomaron contacto con un equipo que ya está trabajando en la investigación de los casos de corrupción de la administración de Carlos Menem, y recibieron orientación sobre cómo canalizar con rapidez y celeridad la información que tanto los había movilizado. Aunque temían que una filtración frustrara el descubrimiento, los tres aliancistas visitaron ayer al mediodía al juez Cavallo en los tribunales federales de Comodoro Py. El magistrado investiga una denuncia contra Alderete que formuló en setiembre el abogado Ricardo Monner Sans por la presunta compra directa --a una empresa de reciente formación-- de audífonos para hipoacúsicos a un valor que duplicaría el de mercado. Cavallo les tomó una declaración testimonial conjunta a los diputados, y apenas éstos estamparon su firma en el escrito ordenó el allanamiento. "El hallazgo de las ochenta cajas corroboró una denuncia prácticamente anónima", comentó un funcionario que participó del procedimiento. Durante la transición, el equipo de la Alianza liderado por Cecilia Felgueras no pudo obtener la cantidad mínima de documentación que necesitaba. Cuando asumió la intervención encontró vacías las oficinas del PAMI. Garré y González coincidieron en elogiar la actitud y los veloces reflejos de Cavallo, al tiempo que manifestaron su esperanza de que estos papeles "sirvan para condenar a los corruptos". Víctor Alderete --apodado "Pony" por su amigo Carlos Menem-- se imaginó incinerándolos en la parrilla de su casa en el country Los Lagartos, pero se los sacaron de las manos.
Por Laura Vales La gestión de Alderete dejó a un PAMI en el que sólo funcionan con normalidad los servicios de emergencia. Hay cuentas impagas acumuladas desde mayo, que las nuevas autoridades sólo pudieron comenzar a revisar durante el fin de semana luego de acceder a los contratos que el íntimo del presidente Carlos Menem dejó en armarios herméticamente cerrados, cuyas llaves habían desaparecido como por arte de magia. Los contratos son revisados por más de 25 técnicos de la Sigen y un equipo de seis abogados coordinados por la intervención, explicó a este diario la viceministra de Desarrollo Social, Cecilia Felgueras, quien desde el miércoles pasado está al frente del PAMI junto al médico sanitarista del Frepaso Angel Tonietto y el economista del PJ Horacio Rodríguez Larreta. La decisión es que a partir de enero se renovarán sólo por tres meses, "una medida que nos dará un margen razonable para auditar la calidad de los servicios que presten", explicó Felgueras. Ayer se pagaron más de 40 millones en concepto de cápitas atrasadas a clínicas y sanatorios, que corresponden a servicios prestados de mayo a agosto de este año. Y una parte de la deuda quedó en manos de los técnicos de la Sigen quienes, según fuentes del PAMI, quieren volver a chequearla ante la sospecha de que puede esconder irregularidades. Algunos prestadores como la Asociación de Empresas de Salud de la República Argentina (AESRA), que nuclea a clínicas y sanatorios de todo el país, aseguraron ayer que llegaron a un principio de acuerdo con la obra social para seguir atendiendo a los jubilados ante el compromiso de saldar las deudas de setiembre y octubre antes de fin de año.
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