Uno de los documentos interceptados por la justicia cordobesa se titula Causas para recusar los juicios y los jueces y para negarse a contestar ni siquiera como testigos. Allí se incluyen los motivos que deberán argumentar los represores al ser citados y se propone recusar "a los jueces, que para más ahora ya no son siquiera las Cámaras Federales actuando como tribunal de apelaciones del Consejo Supremo de las FF.AA. como dispone la ley (inconstitucional), sino cualquier juez federal...".

Según los represores, "no es tarea jurídica la investigación histórica, por lo tanto el juez no tiene autoridad para llamarnos a declarar, pues no está investigando un delito para castigarlo sino por una mera curiosidad histórica". Entre los argumentos que exponen para evitar a la Justicia, señalan: "Esas preguntas las proponen civiles que nos acusan ¿de qué?, si teóricamente no hay posibilidades de sanción ¿Y para qué? si es sólo por razones de curiosidad histórica, o sentimentales para encontrar a sus deudos, no es un juzgado el ámbito apropiado, ni un juez quien debe presidir esa investigación, sino en todo caso un panel de estudios a donde deberíamos asistir como panelistas para discernir la verdad de lo que pasó en la Patria en la Guerra Revolucionaria que nos declaró el marxismo".

"Si en cambio, es un camino disimulado que ha tomado el marxismo para sumar pruebas sobre supuestos delitos a fin de que se nos juzgue de nuevo el día de mañana, más razón para no responder a ese interrogatorio supuestamente inocuo, pues nos puede incriminar en una futura e inconstitucional renovación de los juicios que, a estar por la experiencia que estamos viviendo, va a producirse inexorablemente", afirma contradictoriamente el escrito. La intervención de los abogados está clara en las distintas comunicaciones escritas que circularon entre los militares. Pero además de buscar acciones concretas en la letra de la ley --siempre según su propia interpretación--, no abandonaron los códigos propios: las pautas de seguridad para evitar filtraciones en las comunicaciones y para actuar en caso de allanamientos están puntualmente incluidas en los partes.

Cuando la presentación a testimoniar sea inevitable se recomienda la vieja y conocida mala memoria así como el desplazamiento de la responsabilidad hacia los camaradas que murieron. Las instrucciones son decir frente a la Justicia lo menos posible y nunca mencionar nombres, así como tampoco nombrar a los centros clandestinos de detención y tortura. A estos lugares que funcionaron como verdaderos campos de concentración --los más temibles en el Tercer Cuerpo fueron el Campo de La Ribera y La Perla, además de la Unidad Penitenciaria 1 en Córdoba--, los militares los llamaron LRD (lugares de reunión de detenidos) y así deberán considerarlos ante el tribunal, simplemente como centros donde estaban presos los "subversivos", custodiados por personal de Gendarmería.

Sobre los desaparecidos, el "manual" sugiere el antiguo argumento de que no existen, que en realidad están en el exterior o murieron en combates donde hubo "bajas" en ambos bandos y están enterrados en el cementerio San Vicente, en Córdoba. Desconocer por completo las torturas, afirmar que La Perla era, por ejemplo, un lugar de "clasificación" de presos, donde éstos pasaban tres o cuatro días y hablar lo menos posible son las recomendaciones para quienes tengan que declarar. Entre las maniobras de los represores también está considerada la presión y la intimidación hacia los militares que no estén tan comprometidos y que pudieran llegar a brindar datos.

La estructura de defensa organizada por los represores habría sido diseñada desde hace meses. La difusión de esta macabra estrategia no será obviada seguramente por la Cámara Federal a la hora de decidir sobre la polémica cuestión de citar a los militares bajo juramento de decir la verdad o permitiéndoles, una vez más, despacharse con mentiras y evasivas a su antojo.

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