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Por Mariana Carbajal  La ministra
de Desarrollo Social, Graciela Fernández Meijide, anunció ayer que promoverá la
transformación de los institutos de detención de menores en pequeños hogares, y que
impulsará --a través de una ley-- la gratuidad en la obtención de los DNI en casos de
chicos nacidos en hospitales públicos, a fin de garantizarles el derecho a la identidad.
Meijide hizo los anuncios durante el acto de presentación del informe anual de Unicef, en
el que la Argentina figura en el lugar 63 del ranking de países, de acuerdo con el
índice de mortalidad infantil en menores de cinco años, detrás de Uruguay, Chile, Costa
Rica y Cuba (ver aparte). Según denunció el titular de Unicef en Argentina, Edward
Madinger, el trabajo infantil en el país alcanza a poco más de un cuarto de millón de
niños y niñas menores de 14 años. "La Argentina como un país moderno no puede
permitir que, por su situación económica, parte de su población dependa de la
explotación de sus hijos", cuestionó Madinger.Su discurso fue particularmente crítico de las políticas locales hacia la infancia, algo poco habitual en representantes de organismos de Naciones Unidas. El máximo representante de Unicef presentó el informe titulado "Estado Mundial de la Infancia 2000", en la sede del Ministerio de Desarrollo Social, acompañado por Fernández Meijide. Madinger consideró que los indicadores referidos a los menores en la Argentina, incluidos en el documento, no se condicen con el grado de desarrollo del país. "La conclusión es que en Argentina quedan desafíos importantes para hacer lo suficiente por los niños. Suficiente en términos de acceso para toda la población a servicios básicos de salud, de agua y saneamiento, de educación de calidad, de servicios sociales, de justicia", enumeró el funcionario de Unicef. Más adelante, Madinger destacó la actuación de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, en la defensa de los derechos de los niños. Carlotto, quien fue invitada al acto, figura en el informe como líder en la Argentina en trabajar por el interés superior del niño. "Su invalorable contribución en la construcción de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, ha quedado incorporada en el artículo 8 que refiere al compromiso de los Estados Parte de respetar el derecho de niñas y niños a preservar su identidad y sus relaciones familiares", recordó. El informe, presentado ayer, aborda la situación de la niñez a diez años de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño. Al señalar la existencia de 252.000 niños y niñas de hasta 14 años de edad que trabajan en la Argentina, Madinger recordó que el tratado --incorporado a la Constitución nacional-- considera "inaceptable" cualquier empleo que pueda ser "peligroso o nocivo para la salud y para el desarrollo físico, mental o social" de la infancia. Según datos de Unicef, entre quienes trabajan el riesgo de deserción escolar es "diez veces superior y se duplican las posibilidades de retraso escolar". Los niños son "explotados" en diferentes actividades urbanas y rurales "en condiciones, a menudo, brutales", coincidió Fernández Meijide. Tras escuchar el crítico diagnóstico del parte del titular de Unicef, la ministra reconoció que "la situación es grave" y destacó como uno de sus objetivos es "erradicar el trabajo infantil". Además, Fernández Meijide anunció un amplio plan de reformas tendientes a cumplir con los principios de la Convención. Prometió impulsar la derogación de la Ley de Patronato de la Infancia --una de las principales demandas de Unicef--, reformar el régimen penal de menores vigente y transformar los institutos de menores en pequeños hogares.
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