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Por Eduardo Fabregat  Uno de los
últimos gestos en el gobierno de Carlos Saúl Menem puso a los representantes de la
industria del cine en estado de alerta: si el nuevo gobierno no reconsidera el decreto
1520/99, la producción podría sufrir un golpe aún mayor que los interminables recortes
presupuestarios de los últimos años. El texto del decreto, firmado por el entonces
presidente el 6 de diciembre, y dado a conocer en el Boletín Oficial el mismo día de la
asunción de Fernando de la Rúa, es bastante claro en sus intenciones. En el artículo
1º resume: "Instrúyese a la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad
autárquica dependiente del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, para
que acuerde con los titulares de los servicios de radiodifusión y medios de comunicación
gráficos, conforme a la normativa complementaria que dicte al efecto, la cancelación
total de sus deudas fiscales pendientes mediante la dación en pago de espacios
publicitarios en la programación de las emisoras o en sus publicaciones". El virtual
perdón de las deudas de los medios supone una fuerte merma en los ingresos del COMFER, de
los cuales, por la ley de cine 24.377, un 25% se debe transferir al Instituto Nacional de
Cine y Artes Visuales. La situación tampoco parece auspiciosa para el Instituto Nacional
del Teatro, que recibe un 8% de esa misma recaudación, de acuerdo con la ley 24.800.La medida que afecta al cine y al teatro ya había sido ensayada con el desmantelado canal estatal. En junio, otro decreto canceló la monumental deuda que ATC mantenía con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), y todos los juicios iniciados al respecto, a cambio de segundos de publicidad. En esta nueva movida, el gobierno saliente dispuso incluso la distribución de la publicidad oficial, destinando un 50% al Ministerio del Interior (para el reparto de espacios publicitarios a los partidos políticos), un 30% a la Agencia Télam (dependiente de la Secretaría de Prensa y Difusión) y un 20% a la AFIP, para difusión de informaciones referidas a la recaudación de impuestos. El decreto, además, instruye a la AFIP para que suspenda todas las acciones judiciales en un plazo de 90 días. En la tarde de ayer, los directores y productores consultados por Página/12 manifestaron una profunda preocupación por la medida, pero declinaron hacer declaraciones en pos de "una respuesta en conjunto". Anoche, la entidad Directores Argentinos Cinematográficos, presidida por Fernando "Pino" Solanas, llevaba a cabo su "Fiesta del cine argentino" en la Legislatura porteña. Solanas, precisamente, detalló a este diario que el encuentro sería aprovechado para analizar los pasos a seguir, buscando consenso para una declaración conjunta que se dará a conocer hoy. En ese sentido, los productores cinematográficos Fernando Sokolowicz y Oscar Marcos Azar ya hicieron una presentación ante el Poder Ejecutivo nacional, que hicieron llegar al flamante secretario de Cultura y Medios, Darío Lopérfido. En ese reclamo, se solicita la "reconsideración" del decreto 1520/99, dada su flagrante contradicción con lo que expresa la ley 24.377 de Fomento a la Cinematografía Nacional e incluso la ley 24.156 de Administración Financiera del Estado, ya que el trueque de deuda por avisos afecta el movimiento de fondos presupuestarios que debe aprobar el Parlamento. El artículo 24 de la Ley de Cine puede servir de argumento base para evitar que el decreto presidencial pase a la práctica: allí se instituye que el 25% de la recaudación del COMFER se debe transferir al INCAA, la "obligación de transferir en forma diaria y automática", la "prohibición de establecer limitaciones a la disponibilidad de tales fondos", así como la prohibición de "afectar estos recursos a otros cometidos ajenos a la Ley de Fomento Cinematográfico". El decreto 1520 es, en realidad, el paso final de una serie de movimientos originados en los canales de TV, América, Azul, Telefé y Canal 13, que hicieron varias presentaciones ante el COMFER solicitando un "tope máximo" a pagar de la deuda originada en actuaciones y sanciones por diferentes violaciones a la Ley Nacional de Radiodifusión. En setiembre, el Gobierno respondió con el decreto 937/99, en el que se fijó "con carácter de excepción, sin que siente precedente y por única vez", un tope de 15 millones, ya que, de tener que cancelarse la totalidad de lo adeudado, "la gran envergadura de las sanciones pecuniarias comprometería el normal desarrollo de las empresas de radiodifusión". Allí también se puntualizó que "las entidades solicitantes se comprometieron firmemente a coparticipar en el control del estricto cumplimiento de la Ley Nacional de Radiodifusión, especialmente en lo que hace a sus contenidos". Ahora el perdón es completo.
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