|
|
|
|
|
|
|
|
|
Por Adriana Meyer  Víctor
Alderete hizo ayer un compromiso formal: si la Justicia se lo pide, ayudará en la
investigación del contenido de las 96 cajas que fueron incautadas por el juez Gabriel
Cavallo en Morón. Por cualquier cosa, sin embargo, el ex presidente del PAMI prefirió
esperar el reclamo judicial desde fuera de la Argentina. Viajó a Punta del Este en un
avión de la empresa de ambulancias aéreas Medical Jet. Alderete está desde el viernes 17 fuera del alcance de la Justicia. Su deseo de descanso fue tan fuerte que por primera vez estuvo ausente en un día importante para su jefe. Ayer, el ex presidente Carlos Menem presentó un libro de Jorge Castro rodeado de sus antiguos funcionarios más fieles y el ex interventor del PAMI se lo perdió. Inicialmente, el trayecto programado arrancaba en Anillaco y seguía a Córdoba. Alderete se arrepintió y viajó a Aeroparque, desde donde partió a Punta del Este. En el mismo comunicado. donde dijo que estaba lejos "para pasar las festividades navideñas", Alderete dijo que las cajas incautadas por el juez contienen "sólo documentación y efectos personales tales como fotos, libros y cuadros que no tienen ninguna vinculación con la vida institucional del PAMI". En su apoyo, uno de los testigos del allanamiento relató que había un libro con fotos de Isabel Sarli posando desnuda, con una dedicatoria para el ex funcionario. Pero si el juez comprueba que, además, hay documentos de la obra social de los jubilados, Alderete podría ser acusado de sustracción y ocultamiento de pruebas. Así agregaría un nuevo proceso en su contra a los diecisiete que ya están abiertos en la Justicia. Página/12 consultó al Ministerio del Interior sobre si la salida de Alderete en el avión fue normal. --En principio sí, pero estamos investigando con la Dirección Nacional de Migraciones --fue la respuesta. Este diario llamó luego a Medical Jet. --¿Es normal que se utilice un servicio de ambulancias aéreas para el viaje de una persona sana? --Sí, puede usarse. --¿Cuánto costó el viaje de Alderete? --No damos información sobre clientes. --¿Cuánto costaría un viaje Anillaco-Aeroparque-Punta del Este? --Pregúntelo por fax y le contestaremos --respondió el ejecutivo de la empresa, que no aceptó dar su nombre. El fax llegó a Medical Jet, pero la respuesta jamás llegó a Página/12. En octubre de este año la Asociación de Trabajadores del Estado denunció irregularidades en el uso de ambulancias aéreas. Según ATE, el PAMI llegó a pagar precios cuatro veces mayores por cada viaje. Allegados a la investigación dijeron que los directivos de Medical Jet son viejos conocidos de Alderete. El juzgado sospecha que la empresa habría sido prestataria del PAMI. "Habré de presentarme ante el juez actuante no sólo a efectos de ponerme a disposición sino de prestar la máxima colaboración con las investigaciones que se llevan adelante ante la Justicia --dice el comunicado de Alderete--, como lo he hecho siempre desde 1997, año a partir del cual se organizara una vasta y profusa campaña persecutoria que ha intentado explícitamente convertirme en una víctima propiciatoria del revanchismo, el rencor y el antimenemismo". Alderete escondió su colección de cajas del PAMI en un departamento de Morón sobre cuya propiedad hasta ahora no hay claridad en la investigación. Una posibilidad es que la dueña sea una secretaria del ex funcionario, vinculada con la obra social de los jubilados. La otra señala que allí vive un fletero que fue contratado por el PAMI. Alberto Leiva, el portero del edificio ubicado en la calle Intendente Grands número 12, fue el privilegiado testigo del operativo realizado anteayer por el juez federal de Morón, Alberto Criscuolo, a pedido de Cavallo. Según él, en el departamento "D" del noveno piso viven Guillermo González y su padre Patricio, que es docente. El portero aseguró que también estuvo presente cuando el fletero trajo las cajas "unos días antes de las elecciones del 24 de octubre", y recordó haberle advertido que "esa es documentación peligrosa para tenerla acá". Y agregó que González habría ganado 250 pesos por el favor que le pidió una secretaria de Alderete. "Había carpetas, agendas personales, diarios con fechas y teléfonos, presupuestos de clínicas... Cosas así, y también había otras cajas que decían 'videos', además de un libro de Isabel Sarli", afirmó Leiva. La fecha en que el portero vio llegar las cajas no concuerda con el dato que manejan los diputados aliancistas Jorge Giles, María América González y Nilda Garré. Cavallo, que anteayer ordenó el allanamiento, aclaró a Página/12 que aún no hay una denuncia formal contra Alderete. Las cajas resultaron ser 96 y quedaron guardadas bajo llave en la sede de la Unidad Antiterrorista de la Policía Federal. A partir de hoy, los empleados del juzgado empezarán a clasificar ese material "reservado" --tal como lo definió uno de los informantes anónimos que acudieron a los legisladores aliancistas-- con la ayuda de una computadora. Los funcionarios de la Oficina Anticorrupción --que participaron en la gestación del caso-- tendrán acceso a ese material, y tienen la facultad de presentarse como querellantes. Cavallo se quedará con los documentos que tengan relación con la causa que ya tramitaba en su juzgado referida a la compra directa de audífonos para hipoacúsicos a un valor que duplicaría el de mercado. "En caso de que sea documentación, no debió haber sido sacada del PAMI. Extraeré testimonios para que se investigue el posible delito de sustracción de documentación", destacó el magistrado. Luego comenzará a enviar a sus colegas del fuero federal las evidencias que aparezcan, para que sean incorporadas a algunas de las 17 causas abiertas que tiene el ex jefe del PAMI. Sus abogados defensores León Arslanian, Jorge Beraldi y Jorge Torlasco recorrieron ayer varios juzgados federales para asegurar que la "versión" sobre una posible fuga de Alderete "carece de todo asidero" y que el ex funcionario "se mantiene a disposición" de la Justicia. Torlasco es el mismo abogado que rechazó hacerse cargo de la Oficina Anticorrupción porque, argumentó, necesitaba más facultades de investigación. Su escrito fue recibido por Cavallo y por el juez Claudio Bonadío, quien indagó a Alderete por presuntas irregularidades en la contratación de la gerenciadora Medicystem. La interventora del PAMI, Cecilia Felgueras, prometió entrevistarse hoy con Cavallo, quien ayer se había mostrado dispuesto al encuentro. La funcionaria sostuvo que "ya estaba notificada" de que se iba a producir un allanamiento, dado que "había diputados de la Alianza" trabajando en el tema.
Por Irina Hauser Tras el descubrimiento de 96 cajas que Víctor Alderete mantenía escondidas, Massoni pasó el día de ayer revolviendo en la obra social de los jubilados mientras en el Ministerio de Justicia hacían y deshacían una agenda que ubicaba la jura del magistrado en más de tres días distintos. A la Oficina Anticorrupción le bastaría --según indicó una alta fuente del Ministerio de Justicia-- una cifra apenas mayor al Presupuesto con que cuenta la Oficina de Etica Pública fundada por el gobierno de Carlos Menem, que es de 2 millones de pesos. La discusión sigue trabada ya que, al parecer, el ministro de Economía, José Luis Machinea, no estaría dispuesto a habilitar ni un centavo más. Massoni, por su parte, trabaja sin asumir. Hasta ayer a la tarde estaba todo listo para que jurara hoy a las 17. Hacia la noche, un funcionario ministerial daba marcha atrás y decía a este diario que el trámite demorará unos días más. "Sería muy importante que esta oficina no nazca con limitaciones presupuestarias", afirmaba Eduardo Guarna, ex jefe de control de funcionarios de la Defensoría del Pueblo, mientras algunos allegados a la repartición juraban que se desempeñarán "con austeridad". Qué hacer con la estructura actual de la Oficina de Etica es otro de los grandes debates en danza. Todavía no está resuelto si el área de Massoni la absorberá total o parcialmente o si quedará disuelta. A todo esto se suma la discusión sobre qué facultades tendrán los fiscales anticorrupción. Por ejemplo, si podrán constituirse en parte querellante en investigaciones sobre delitos contra la administración pública. Pese al revuelo, a Massoni lo acompañan algunas certezas recientes tales como que estará secundado por Manuel Garrido, secretario de la Sala I Cámara Federal de Apelaciones, y Roberto de Michele, de la Fundación Poder Ciudadano. La estructura del novedoso organismo también sigue en veremos. Pero se sabe que otro de las primeros pasos que dará será recibir las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios salientes del gobierno de Menem.
Por Laura Vales La diferencia entre los valores de mercado y los que pagó el PAMI fue señalada ayer por el interventor Angel Tonietto, pero cualquiera puede constatar lo exorbitante del precio en la farmacia de la esquina, donde para comprar un apósito igual a los que Alderete adquirió por 62 centavos deberá desembolsar apenas 40. El convenio que permitió a la gestión anterior cerrar este negocio redondo se realizó sin licitación alguna, por un simple concurso en el que tres firmas acercaron al PAMI sus propuestas. Según los interventores, se trató de una compulsa armada: las ofertas de dos de las empresas en cuestión, por ejemplo, tienen una diferencia exacta del 5 por ciento entre ellas. Sólo en este contrato con sobreprecios que triplicaron los valores de mercado el PAMI gastó dos millones de dólares mensuales. El caso sirve para explicar en parte cuáles fueron los mecanismos que generaron la enorme deuda que enfrenta el Instituto. La otra pata del sistema es la absoluta falta de control no sólo en las compras sino también en los servicios contratados durante la gestión anterior. Los técnicos de la intervención usan una frase para definir lo que encontraron en el área de control prestacional, es decir la encargada de garantizar que los jubilados recibieran en las clínicas, sanatorios y geriátricos una buena atención: "zona liberada". Y lo sostienen en base a una serie de comprobaciones: * "La política de Alderete incluyó claras órdenes para que no se sancionara a los prestadores", aseguran. "En el último año, por ejemplo, no hubo una sola multa por irregularidades, cuando hasta mediados del 98 existieron sanciones por encima de los 10 millones de dólares". * Los abogados encargados de levantar las actas durante las auditorías no tenían acceso a los contratos firmados entre las gerenciadoras controladas y el PAMI. Por lo tanto, mal podían establecer legalmente cuáles eran las irregularidades que debían denunciar. * Los auditores sólo podían hacer "recomendaciones" para que clínicas, sanatorios y geriátricos mejoraran sus servicios, pero cualquier propuesta de sanción económica les estaba vedada en la práctica. "Entre la documentación analizada encontramos incluso cartas documentos dirigidas por el Instituto a sus prestadores en falta con cordiales invitaciones a mejorar sus falencias", indicó uno de los especialistas: "es decir: nada de intimaciones ante la carencia de prestaciones que, por si hiciera falta decirlo, eran pagadas religiosamente". * Algunas oficinas fundamentales para el control de los servicios de salud, como la auditoría contable, directamente fueron desarmadas. Un párrafo aparte merecen los precios de los medicamentos. El PAMI paga a la industria farmacéutica una cápita mensual de 27 millones y medio de pesos para que provea a sus afiliados de todos los remedios para los enfermos de cáncer y aquellos que los jubilados deben comprar en las farmacias. Como en toda obra social, el sistema tiene el objetivo de que los afiliados paguen sólo una parte mínima de lo que cuesta cada droga, mientras que el resto de su valor es cubierto con fondos del Instituto. A partir de enero del año pasado, 500 medicamentos dejaron de estar cubiertos por el PAMI para ser reemplazados sistemáticamente por otros más caros para el bolsillo de los jubilados. Por ejemplo, el Bactrim, un medicamento de mucho consumo, ya no esta cubierto por la obra social, por lo que cualquier abuelo que lo necesite tiene que pagar hoy el 100 por ciento de su precio; hasta hace poco más de un año el Instituto se hacía cargo de la mitad de costo. Algo peor sucede con el Rivotril, un producto utilizado para tratar la epilepsia que de ser gratis para los jubilados desapareció de la cartilla del PAMI, por lo que ahora quien lo necesite debe pagar el total de su precio. El sistema no sólo tiene consecuencias directas sobre la salud de los beneficiarios sino también sobre el presupuesto de la obra social: como un gran número de jubilados no pueden costearse sus tratamientos, la única manera de hacerlo es acceder al salvavidas de un subsidio otorgado por el mismo PAMI. SE COMUNICARA CON EL JUEZ PARA COLABORAR EN LA
INVESTIGACION
Aunque afirmó no estar sorprendida por el secuestro de las cajas de Alderete, la interventora del PAMI y segunda de Fernández Meijide en Desarrollo Social dijo no conocer con exactitud qué material podrían contener. Explicó que la intervención está aún "relevando la información" disponible en la sede de la obra social de los jubilados y que "lo que supongamos que falta va a ser notificado a la Justicia a través de la Oficina Anticorrupción y de los técnicos de la SIGEN". Felgueras admitió que sabía de antemano del procedimiento que realizó en juez Cavallo en el que se secuestraron las cajas de Alderete. La funcionaria precisó que "estaba notificada porque había diputados de la Alianza" trabajando en el tema y adelantó que hoy se entrevistará con el magistrado, a quien llamó por teléfono ayer mismo "para ponernos a su disposición y abrir las puertas del PAMI para cualquier complementación de esa información que pueda ser necesaria y para que nos brinde toda la información que le sea posible para hacer el trabajo en equipo". "Vamos a ver con qué nos encontramos, pero es legítima la sospecha de pensar que pudiera ser documentación que complica las cosas", apuntó Fernández Meijide. La ministra recordó que la denuncia que concluyó con el secuestro de las cajas indicaba que "el propio Alderete había seleccionado carpetas hasta dos días antes de la entrega del PAMI". El diputado aliancista Jorge Giles rescató el gesto del desconocido que le formuló la denuncia y destacó que, "cuando la sociedad se compromete, ayuda a la Justicia a mandar a los corruptos a la cárcel". Giles trasladó el caso a Cavallo junto con la también diputada María América González. Ambos fueron asesorados por su compañera de bloque, Nilda Garré, quien declaró que "no habría motivo lógico, salvo que se lo pretendiera ocultar, que explicara un traslado de ningún expediente oficial".
|
