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 Mientras el
interventor Ramón Mestre aseguraba que "se acabó la violencia en Corrientes"
(ver nota central), en la Capital Federal Federico Storani anunciaba que, una vez que
finalice la intervención, se convocará a elecciones para definir a las autoridades
provinciales. Las dos frases reflejan la estrategia del gobierno nacional: regenerar el
sistema institucional de Corrientes, objetivo que apunta como una flecha a Raúl
"Tato" Romero Feris, ex gobernador y hombre fuerte de la provincia. Ayer
comenzó esa ofensiva. Un juez ordenó trasladar a Tato de la clínica en la que está
detenido a una cárcel local, ante lo que el ex mandatario reaccionó como suele hacer en
este tipo de ocasiones: primero dio parte de enfermo y después criticó duramente a sus
adversarios.Luego de meses de crisis, el día de ayer transcurrió en relativa calma. Por la mañana, cerca de un millar de correntinos, en su mayoría trabajadores de gremios adheridos a la CGT, marcharon por el centro de la capital para repudiar la muerte de dos jóvenes durante el desalojo efectuado el viernes en el puente General Belgrano. Mientras, los estatales continuaron cobrando los sueldos de noviembre. La intervención anunció que la semana próxima comenzarán a pagarse los de diciembre. "Es una muy buena noticia para todos que se haya empezado a regularizar la vida de la provincia tan castigada por la existencia previa de gobiernos que la vaciaron, que la estafaron y con una corrupción enorme", aseguró Storani. Lejos del asfixiante clima correntino, el ministro del Interior señaló que la convocatoria a comicios para elegir las autoridades provinciales se producirá "una vez que finalice la intervención y se saneen con un enorme esfuerzo de la Nación las cuentas públicas, porque no es cuestión de volver a un círculo vicioso. El tema es que pueda organizarse en Corrientes un gobierno estable, que sea de coalición, con participación de sectores económicos y sociales, que dé estabilidad". Las declaraciones de Storani y de Mestre sobre la necesidad de reformular totalmente el cuadro político provincial implican un objetivo claro: erosionar el poder de Raúl "Tato" Romero Feris, el caudillo indiscutido de la provincia. El gobernador Pedro Braillard Poccard, un incondicional de Tato, fue derrocado merced a un acuerdo entre el PJ, la Alianza y el partido que lidera su hermano José Antonio Romero Feris. Raúl Romero Feris fue a su vez depuesto de la intendencia de la Capital provincial. Hace meses se ha ordenado su detención, acusándolo de enriquecimiento ilícito, medida que Tato elude con un rebusque propio de la picaresca provincial: invocando inverosímiles razones de salud, permanece internado en un sanatorio de la capital. Ayer, el magistrado local Mario Payes decidió poner fin a esa situación de parodia: solicitó el traslado del ex hombre fuerte de Corrientes a una comisaría o a la alcaldía. El pedido estuvo a punto de concretarse, pero se demoró a último momento: el hermano de Tato, Carlos Romero Feris, informó que el ex gobernador sufrió un cuadro grave de hipertensión. "Los médicos comprobaron que presentaba el cuadro de hipertensión y, por el momento, seguirá en ese establecimiento médico", aseguró. La descompensación arterial que "sufrió" no le impidió responder a sus adversarios, desde el sanatorio que tendría que ser su cárcel y funciona como su búnker. "Es verdad que tengo 40 causas: malversación de fondos, asociación ilícita, abuso de autoridad y todo lo que se le pueda ocurrir", comenzó, con insólita honestidad, el ex gobernador. Y añadió: "En realidad las causas son políticas. Yo creo que en la gestión de Hugo Perié (el gobernador justicialista que asumió este año) se instaló un régimen montonero en Corrientes. Convocaron gente con antecedentes y desde que ellos asumen empiezan las manifestaciones violentas, las roturas de vidrieras. Aparecen Quebracho y Patria Libre, melenas largas, tipos totalmente desconocidos. Esto del puente fue provocado por ellos, que fueron pagados por el gobernador. Estos tiros salieron de sectores civiles. Grupos cercanos y pagados por el gobernador. Yo conozco a la gente de Corrientes; el correntino jamás va a sacar una pistola y a dispararle a la gente, ni la policía es capaz de eso", añadió. "Quienes ganamos elecciones no necesitamos hechos violentos. Desde que creamos el Partido Nuevo ganamos en 1997 las elecciones a gobernador con un hombre que yo puse, yo gané las elecciones a intendente de la capital con el 70 por ciento de los votos y ganamos el 24 de octubre a pesar de que me tenían detenido", concluyó Tato Romero Feris. Esa cronología electoral desnuda el problema básico que enfrenta el gobierno nacional de la Alianza: a una semana de asumir, Fernando de la Rúa se vio obligado a hacerse cargo del enorme peso de la intervención en Corrientes, una provincia en la que el caudal electoral de la coalición es mínimo, en donde el Frepaso casi no existe y el radicalismo no triunfa a nivel local desde hace años.
"Amnistía Internacional se dirige al señor ministro para expresar su preocupación sobre los informes recibidos relacionados con el probable uso excesivo de fuerza por parte de la Gendarmería Nacional, en el contexto de incidentes durante la manifestación en la ciudad de Corrientes, en la madrugada del pasado 17 de diciembre", inicia Amnistía su carta. La organización de derechos humanos solicita al Gobierno argentino que determine si el accionar de Gendarmería se apegó a las normas internacionales adoptadas por las Naciones Unidas para regir la conducta de las fuerzas del orden. Dichas normas se encuentran claramente especificadas en dos documentos de la ONU: el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y los Principios Básicos de Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. "Estas normas internacionales (...) establecen que la fuerza sólo podrá ser usada cuando sea estrictamente necesario y en proporción al objetivo o amenaza que se presente, y que el uso de fuerza letal sólo deberá emplearse cuando sea inevitable con el fin de proteger vidas humanas", dice la carta de Amnistía, que pone en duda que estos magnos principios hayan regido el accionar de Gendarmería. La organización de derechos humanos solicita al Gobierno que dé a conocer la lista completa de los detenidos y los cargos que se les imputan, y que los métodos de la investigación de los hechos se hagan públicos. Además recomienda que asegure que "todos los agentes de las fuerzas de seguridad reciban una capacitación apropiada en legislación nacional e internacional de derechos humanos", y pide que "se conceda la adecuada compensación a las víctimas o sus familiares en los casos en los que se pruebe la responsabilidad de los agentes del estado en violaciones a los derechos humanos". Amnistía recuerda que no es la primera vez que expresa preocupación por el accionar de las fuerzas del orden. "Es motivo de gran preocupación para Amnistía Internacional las denuncias e informaciones sobre el aparente uso excesivo de la fuerza de forma reiterada por parte de las fuerzas de seguridad durante incidentes de esta naturaleza", señala la carta que fue distribuida en castellano a todos los corresponsales extranjeros en Londres y que lleva una copia para el actual interventor de la provincia de Corrientes, Ramón Mestre.
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