Por Laura Vales
Medical
Jet S.A. la compañía de ambulancias aéreas con la que Víctor Alderete voló
fuera del país rumbo a Punta del Este es prestadora del PAMI y figura en sus
registros como una de las empresas que hoy está cobrando dinero de la obra social por sus
servicios. La firma y los pormenores de su vinculación con la obra social de los
jubilados tienen su historia: fue beneficiada con contratos a precios envidiables durante
toda la gestión de Alderete, a pesar de que le pasaba presupuestos hasta cuatro veces
más caros que a cualquier otro cliente y de que había sido denunciada por esta maniobra.
Los que conocen desde dentro los pasillos de la obra social aseguran que la clave debe
buscarse en las gestiones del yerno de Alderete, César López Elorreaga, quien ocupó
hasta hace poco la estratégica función de coordinar los vuelos sanitarios del PAMI.
El fundador y socio mayoritario de Medical Jet es el brigadier retirado José Antonio
Juliá, ex jefe de la Fuerza Aérea. En el expediente que presentó en la Inspección
General de Justicia, Juliá figura como dueño del 51 por ciento del paquete accionario,
mientras que su hijo Gustavo tiene otro 17 por ciento. La empresa fue creada en enero de
1994 y mostró un crecimiento notable: en apenas ocho meses aumentó su capital social de
100 mil a 800 mil pesos. Fue la primera compañía de emergencias médicas del país y
todo indica que se convirtió en una prestadora con coronita dentro del PAMI apenas
Alderete asumió como su presidente. En diciembre del 98, por ejemplo, Medical Jet
se presentó a uno de los tantos concursos de precios para cubrir un servicio de
ambulancia aérea. Se trataba de trasladar a una paciente con cáncer desde Rosario a
Formosa, itinerario por el que la firma del brigadier Juliá pasó al PAMI un presupuesto
de 18 mil doscientos pesos. En ese mismo momento, Medical Jet cobraba a cualquier
particular cuatro veces menos para hacer el mismo viaje. Los datos están asentados en una
denuncia que presentó a la Justicia la Asociación de Trabajadores del Estado, en la que
consta que el presupuesto habitual de la firma para cubrir ese traslado aéreo era de
apenas cuatro mil quinientos pesos. Medical Jet no ganó el concurso en cuestión, aunque
vale la pena aclarar que no quedó fuera de juego por ofrecer precios sobrevaluados. A la
compulsa se habían presentado otras dos firmas: Aerovida, que fijó sus pretensiones en
18 mil doscientos pesos y Federal Aviation S.A., que presentó la oferta más baja
$17.760 y por lo tanto resultó elegida. Como se ve, los tres presupuestos
estuvieron muy por encima de los precios de mercado. Las sospechas de estar ante una
compulsa armada se alimentan con un dato central que también quedó asentado en el
expediente: tanto la compañía del brigadier Juliá como la empresa ganadora funcionan en
la misma oficina de Hipólito Irigoyen 785. Un detalle que para los investigadores tiene
una lectura directa: que podría tratarse de una misma firma que operaba bajo dos nombres
para competir en licitaciones como éstas. Carlos Oviedo, representante de la
CTA en el PAMI, fue un poco más allá: Se debería investigar si el yerno de
Alderete, César López Eleorraga, quien estaba a cargo del sector traslados en la obra
social, cumplía a la vez funciones de carácter administrativo en Medical Jet, porque
ésas son las versiones que recogimos dentro del PAMI, dijo ayer a este diario.
López Elorreaga se alejó del organismo después de que la Justicia recibiera la denuncia
por sobreprecios. Pero a Alderete el tema pareció tenerlo sin cuidado: mantuvo a Medical
Jet en el listado de prestadores del PAMI y la semana pasada se subió a su Lear Jet 25
para viajar de La Rioja a Punta del Este, previa escala en Buenos Aires. Ahora, desde el
Uruguay, asegura que se presentará a la Justicia apenas lo requieran. Tal vez entonces
responda si los fondos para costear el vuelo privado salieron de su bolsillo. Y si la
factura tuvo los mismos precios preferenciales que Medical Jet cobraba al
PAMI.
DENUNCIA DE ATE ANTE LA INTERVENCION
Un catálogo de irregularidades
Por L.V.
Los interventores del
PAMI recibieron ayer un extenso catálogo de denuncias sobre presuntos ilícitos cometidos
durante la gestión de Víctor Alderete. Lo hicieron en la primera reunión de la
conducción de ATE nacional con las autoridades de la obra social de los jubilados
después de 10 años, en la que representantes gremiales dejaron un dossier con
documentación sobre sobreprecios, contratos cuestionados y demandas judiciales en
investigación. Entre los papeles hay fotocopias de convenios que habrían desaparecido de
la sede central del Instituto, que los hombres de Alderete se encargaron de
limpiar antes de dejar el mando. Del encuentro participaron Jorge Acedo,
secretario gremial de ATE nacional y Margarita Todesco, representante del PAMI en el
sindicato. Entre los documentos entregados figuran:u Los acuerdos con consultoras privadas
por los que se pagaron jugosos montos para realizar encuestas, por ejemplo, sobre
las expectativas de la población sobre el PAMI por el que Alderete
desembolsó 190 mil dólares- o la opinión de los oyentes de radio, que
costó otros 200 mil.u Contratos con prestadoras turísticas por 78 millones de pesos,
firmados en el mismo momento en que se dejaba de pagar prestaciones de salud básicas.u
Los convenios que Alderete firmó con reconocidos estudios jurídicos entre ellos el
de Mariano Cavagna Martínez, Nicasio Dibur y León Arslanian para trabajos de
consultoría externa que, a criterio de los denunciantes, podrían haber sido cubiertos
por los abogados que el PAMI tiene en su plantel. u La compra a la Editorial Plus Ultra de
40 mil libros de oferta para distribuir entre los jubilados a un valor de 10 pesos cada
uno, cuando el precio de plaza de esos mismos libros era de sólo un peso.Carlos
Kasparian, vocero de ATE, explicó ayer que en los próximos días llevarán las nuevas
autoridades del PAMI documentación ampliatoria sobre las denuncias, que están contenidas
en cuatro expedientes ya presentados ante la Justicia. La conducción de ATE también
dejó una serie de reclamos en manos de la intervención. En principio, piden tener dentro
de la obra social la misma participación que la CGT, que mantuvo allí a dos de los
directores que acompañaron toda la gestión de Víctor Alderete sin un solo
cuestionamiento. También hubo un planteo para que se vuelva a pagar a los trabajadores
del PAMI un plus por antigüedad y una queja por la anulación de las recategorizaciones
que Alderete repartió poco antes de dejar la obra social. |
Todo listo para el procesamiento
LA JUSTICIA CONFIRMO QUE ALDERETE SE LLEVO
DOCUMENTACION OFICIAL
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