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El Gobierno paró la adjudicación
de 438 licencias para radios FM

El secretario de Cultura y Comunicación, Darío Lopérfido, dijo que en un plazo máximo de 180 días se revisarán cómo fueron cedidas las emisoras, ante la posibilidad de que haya irregularidades en los procedimientos.

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Darío Lopérfido adoptó ayer su primera medida notoria como secretario de Cultura y Comunicación.
“Esto no es el inicio de una caza de brujas, sino una medida preventiva”, afirmó anoche a Página/12.

t.gif (862 bytes)  El gobierno nacional suspendió ayer por 180 días hábiles la adjudicación de las licencias de todas las radios de frecuencia modulada realizadas en el último tramo del gobierno de Carlos Menem, bajo la certeza de que existieron numerosas irregularidades en los procedimientos. El secretario de Cultura y Comunicación, Darío Lopérfido, anunció que las licencias que entrarán en un período de “revisión” suman 438 FM y que en todos los casos fueron otorgadas por el anterior gobierno entre agosto y el fin del mandato el 10 de diciembre pasado. Por orden del presidente Fernando de la Rúa, se hará especial hincapié en las 230 licencias que otorgó el gobierno de Menem entre el 7 y el 9 de este mes, cuando estaba a punto de asumir su sucesor, puntualizó Lopérfido.
En una entrevista con Página/12 luego de concretar el anuncio, el secretario de Cultura y Comunicación subrayó que el nuevo gobierno, a través del Comité Federal de Radiodifusión (COMFER), someterá también a revisión las licencias de las radios de amplitud modulada. Lopérfido afirmó que la medida adoptada no representa “una caza de brujas” sino una “medida preventiva” para determinar posibles cuestiones ilegítimas en los procedimientos vinculados con el régimen de normalización de emisoras de frecuencia modulada, implementado con polémicas por la gestión anterior. Resaltó, además, que la resolución se adoptó en orden a “la premisa de transparencia” que el actual jefe de Estado pretende imponer a su gestión, realizando incluso revisiones de la pasada en casos donde puedan detectarse “vicios” de legitimidad.
El nuevo interventor del COMFER, el abogado Gustavo López, dijo anoche a este diario que antes del anuncio realizado por la tarde por Lopérfido le había elevado un informe sobre el estado del tema, que era tan grave como podía surgir de la más agorera de las presunciones. Ante el panorama heredado, describió, tenía la posibilidad de “dejar todo como estaba, anular lo actuado o revisar”. Eligió este último recurso, que tiene 180 días como plazo máximo, luego de encontrar importantes irregularidades en los casos que analizó en los pocos días que lleva en funciones. Lopérfido consultó con De la Rúa antes de hacer pública la drástica decisión y obtuvo de éste el respaldo político necesario.
Previamente al anuncio de Lopérfido, el bloque de diputados nacionales de la Alianza, con Jesús Rodríguez y Mario Negri como voces cantantes, habían presentado un proyecto de resolución solicitando al Poder Ejecutivo que dispusiera la “inmediata suspensión” del proceso de adjudicaciones de FM entre febrero y diciembre de este año. Los legisladores creían oportuno que se abriese un proceso de evaluación y revisión de las licencias de “las más de 300 adjudicaciones dadas en forma irregular”. Lopérfido elevó ese número a 438.
La resolución de la Secretaría de Cultura y Comunicación indica textualmente en su primer artículo: “Suspéndanse por razones de interés público por el término de 180 días hábiles administrativos las resoluciones por las cuales se adjudicaron licencias para la instalación, funcionamiento y explotación sonora por modulación de frecuencia de acuerdo a lo dispuesto por el decreto 310/98”. Anuncia, luego, que todas las adjudicaciones serán sometidas a “revisión” y que se habilitará un registro de denuncias en el ámbito de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Licencias para que se puede presentar cualquier tipo de impugnación o denuncia sobre dichos procesos.
Lopérfido aclaró que estas presentaciones podrán hacerse “en forma totalmente gratuita”, tras recordar que el anterior gobierno había dispuesto que para hacer impugnaciones sobre los procesos licitatorios debía pagarse “unos 80.000 pesos”, que era el doble de lo abonado en la compra de los pliegos licitatorios. En otras palabras, que era tan caro oponerse a las adjudicaciones que prácticamente nadie lo hacía. Jesús Rodríguez señaló anoche a Página/12 que modificar esa realidad era una obligación moral del nuevo gobierno. Para que se entienda el tenor de las irregularidades, el bloque aliancista puso como ejemplo en su presentación”el concurso 59, en Córdoba, que ha otorgado a Radio Productora 2000 una licencia, cuando ésta no había comprado el pliego, ni figuraba en el listado de presentación”. Una fuente del COMFER dijo, por su parte, que de la revisión de los primeros expedientes a que tuvo acceso la nueva conducción “surge una sensación de viva la pepa en los procesos, como si los que se fueron imaginaran que los que vinieron no iban ni a mirar los expedientes”.

 

 

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