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Seis de los impugnados están acusados de ser represores. Dos de haber golpeado a un soldado. Otro por encubrir en el caso Carrasco. |
Por V. G.  El Centro de
Estudios Legales y Sociales (CELS) impugnó el posible ascenso de nueve militares que
está estudiando la Comisión de Acuerdos del Senado. Seis de ellos están identificados
como partícipes de la represión ilegal de la última dictadura militar. Dos están
vinculados el caso de una fuerte golpiza sufrida por un soldado voluntario en 1998 y el
restante está involucrado en el encubrimiento del crimen del soldado Omar Carrasco.Rafael Mariano Braga, Alejandro Guillermo Duret, Pedro Carlos Florido, Rodolfo Sergio Mujica, Alejandro Aquiles Richetta y Guillermo César Viola son los militares cuestionados por su participación en el terrorismo de Estado. u Rafael Mariano Braga: Figura en el legajo de la Conadep número 1106 como represor de la provincia de Jujuy. u Alejandro Guillermo Duret: Está mencionado en los legajos 0676 y 2297. Allí está identificado como integrante del grupo de Artillería Blindada 1 de Azul. Su alias era “El Perro”. u Pedro Carlos Florido: Es abogado. El CELS denuncia que tuvo un “nefasto desempeño” en la Universidad del Sur, en Bahía Blanca en 1976. Y a partir de 1977 fue asesor legal del Grupo de Tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada. u Rodolfo Sergio Mujica: Aparece en el legajo 5144 de la Conadep como uno de los represores de la provincia de Catamarca. u Alejandro Aquiles Richetta: Está mencionado en el legajo 7594. Allí consta que, con el grado de capitán farmacéutico, fue jefe de tropa del hospital militar de Córdoba, con desempeño en el campo de concentración La Ribera. Su lugar era la zona donde se incineraban los cadáveres de los desaparecidos. u Guillermo César Viola: Figura como represor en el libro Como los nazis, como en Vietnam del periodista Atilio Paoletti. Pedro Plou y Héctor Gallardo están cuestionados por su participación en el caso del soldado voluntario de Paraná Maximiliano Aguirre, quien fue internado en el hospital militar de la zona por una golpiza recibida por un suboficial en septiembre de 1998. A Gallardo se lo impugna porque, como jefe de Brigada de Paraná, mantuvo un férreo silencio acerca del caso. Plou estuvo involucrado en el hecho como responsable de la Base de Apoyo Logístico de Paraná. El último de los militares por los que el CELS manifestó sus reparos es Ruben Onsari, un agente de contrainteligencia militar señalado como hombre de confianza del general Miná –ex jefe de Inteligencia, quien pasó a retiro con el general Martín Balza–. Miná fue rozado por el escándalo del espionaje militar a la Justicia federal de Córdoba, que se conoció en mayo de este año. Onsari, según se probó en la causa en la que se investiga el encubrimiento del asesinato del soldado Carrasco, es uno de los militares que viajó a Zapala en abril de 1994, cuando apareció el cadáver del soldado. Es decir, está involucrado en la investigación de inteligencia realizada ilegalmente por el Ejército –y desmentida por Balza– destinada a encubrir a los responsables de la muerte de Carrasco. El CELS remitió un informe al Senado con los antecedentes de estos nueve militares. “Es deseable –dice la carta firmada por la directora del Centro de Documentación del CELS, Cristina Caiati, y el director ejecutivo del organismo, Martín Abregú– que la Comisión observe que a ninguno se le conoce el más mínimo gesto de arrepentimiento y que, sobre todo los vinculados al terrorismo de Estado, mantienen su compromiso con el pacto de silencio que aún rodea el accionar castrense de aquella época.”
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