Por Horacio Verbitsky Un día antes de
la entrega del poder, el ex presidente Carlos Menem y su último ministro de Defensa,
Jorge Domínguez pidieron el ascenso a capitán de navío de un oficial de la Armada que
ordenó a un detenido-desaparecido en el campo clandestino de concentración de la ESMA la
confección del pasaporte argentino falso con el que fue detenido en Francia el gran
maestre de la logia P2, Licio Gelli. El pliego del capitán de fragata Pedro Carlos
Florido, MI 7.598.712, será de los primeros que tratará el Senado desde la asunción del
Presidente Fernando de la Rúa. Durante el gobierno radical de 1983 a 1989 parte de la
dividida oposición justicialista votó en contra del ascenso de los militares acusados
por violaciones a los derechos humanos pero el ex presidente Raúl Alfonsín presionó
sobre su bloque y consiguió que fueran aprobados. De 1989 a 1999, el bloque justicialista
desoyó las presiones de Menem y sumó su voto al de la oposición radical para dejar en
el camino a los impugnados. Alfonsín comprometió a todo el radicalismo en la sanción de
las leyes de punto final y de obediencia debida. Menem firmó en soledad el indulto.
Comienza ahora el tiempo de prueba para el gobierno de la Alianza. Miembros de la logia
Propaganda Due fueron el ex ministro justicialista José López Rega, el ex almirante
Emilio Massera y el ex general Carlos Suárez Mason.
Florido es el único oficial de la Armada impugnado por los organismos humanitarios. Los
ocho restantes corresponden a tenientes coroneles del Ejército, como ya informó este
diario la semana pasada. Una carta enviada a las Madres de Plaza de Mayo, que ellas
remitieron al Centro de Estudios Legales y Sociales para que verificara los datos, indicó
que Florido “durante 1976 tuvo un papel protagónico y trágico en la Universidad
Nacional del Sur, en Bahía Blanca. En los años 1977 y 1978 estuvo en la ESMA en donde
participó activamente como Florindo o el Negro en los grupos de tareas. Como abogado que
es, tuvo participación en el cambio de dueños de propiedades y automotores y actualmente
entre bambalinas es quien arregla los entuertos judiciales de la Armada con los jueces
federales que se avienen a no investigar más allá de lo conveniente”. El ex
detenidodesaparecido Víctor Melchor Basterra, secuestrado en 1979 junto con su esposa e
hija, fue asignado al sector Documentación de la ESMA, donde se falsificaban documentos
de identidad. Durante el juicio a los ex Comandantes de 1985, Basterra prestó el
testimonio más extenso de todos los escuchados. Buena parte de las largas horas que duró
las insumió en la identificación de las personas retratadas en una serie de negativos y
de fotografías que Basterra pudo llevarse de la ESMA escondidos entre sus ropas y que
entregó a los jueces. Entre las personas que identificó en esas fotos estaba “el
oficial de la Armada al que le decían Florido o Florindo. Era abogado e iba
periódicamente. Según escuché en conversaciones asesoraba legalmente al grupo de
tareas, no sé en qué temas”, dijo. En diálogo con este diario, Basterra agregó
que Florido era una de las tres personas que lo obligaron a falsificar pasaportes, entre
ellos cuatro destinados a Licio Gelli. Con uno de esos documentos fue detenido en Cannes
el año pasado. Gelli se había fugado de su arresto domiciliario, luego de ser condenado
por la Justicia italiana a doce años de cárcel.
El director de la ESMA en aquel momento era el capitán de navío Horacio Pedro Estrada
(a) “Humberto”. Procesado y detenido por la Cámara Federal, recuperó su
libertad gracias a la ley de Obediencia Debida. La Armada lo destinó a la reventa de
armas producidas por el régimen racista de Sudáfrica durante el bloqueo de las Naciones
Unidas. Ya en retiro siguió en el mismo oficio. El año pasado, horas después de
declarar ante el juez Jorge Urso por su participación en el embarque ilegal de armas
hacia Ecuador, Estrada apareció muerto en su departamento con un disparo en la cabeza.
Otro suicida célebre vinculado con Gelli, con la venta clandestinade armas y con la
Argentina fue el banquero de la Santa Sede, Roberto Calvi, quien apareció colgado de un
puente de Londres 72 horas después de la victoria británica en las islas Malvinas. Calvi
había intermediado en la adquisición de los cohetes Exocet que dañaron a algunos buques
ingleses.
Este diario confirmó en el edificio de los tribunales federales de Retiro que en la
actualidad el capitán abogado Florido actúa junto con Sergio Vargas como enlace de la
Armada ante los jueces. Un funcionario judicial suministró el teléfono que Florido deja
a los jueces para que le comuniquen cualquier novedad sobre los expedientes que interesan
a la Armada, por la apropiación de bebés o averiguación de la verdad: 43172301. Quien
atendió allí el llamado de este diario indicó correctamente los nombres de pila de
Florido, los mismos que Menem remitió al Senado. Basterra sólo conocía su apellido, e
incluso creía que se trataba de un alias. El original de la foto que Basterra entregó a
la Justicia forma parte del expediente de la Causa 13. Las copias que guardan los
organismos de derechos humanos no permiten su reproducción con un mínimo de calidad
gráfica. Si la Armada insiste con su promoción, De la Rúa no retira el pliego enviado
por Menem y el Senado lo convoca a explicar su relación con Gelli, la P2 y el tráfico de
armas, Florido podrá posar para los mejores fotógrafos de la prensa local e
internacional.
Tal como informó Página/12 la semana pasada, los restantes pliegos impugnados son los de
los tenientes coroneles:
 Rodolfo Sergio
Mujica, MI 10.963.753. En el legajo 5144 de la Conadep se denuncia su actuación durante
la guerra sucia en Catamarca. Los denunciantes afirman que luego de un secuestro por
personal sin uniforme llegó la tropa legal al mando de Mujica y saqueó la vivienda.
“A las máquinas fotográficas y la filmadora las llevan con el objeto de ser
estudiadas, según consta en el acta que me dejan, para ser devueltas una vez realizada la
investigación, las cuales nunca me fueron entregadas hasta la fecha”, declaró la
tía del secuestrado.
Alejandro
Aquiles Richetta, MI 6.054.592, legajo 7594 de la Conadep. Un ex conscripto declaró que
durante su período de instrucción realizado en 1979 en la Prisión Militar Córdoba él
y otros miembros de su sección mientras hacían salto de rana casi caen dentro de una
serie de pozos profundos cubiertos de pasto que los ocultaban. En presencia de Richetta un
suboficial comentó: “Menos mal que no se le cayó ningún milico, porque allí
tenemos quemados los restos de los subversivos”.
Oscar Rubén
Onsari, MI 7.869.276. Fue uno de los oficiales de inteligencia enviados al regimiento de
Zapala en 1994, luego de la aparición del cadáver del soldado Omar Carrasco. La
inteligencia interior está prohibida a los militares por las leyes de defensa y de
seguridad interior.
Guillermo César
Viola, MI 8.488.475. El periodista y escritor Alipio Paoletti lo menciona en su libro Como
los nazis, como en Vietnam. Los campos de concentración en la Argentina, en el listado
que cierra el capítulo XI: “La multinacional de la represión. La siniestra
coordinación de las tiranías latinoamericanas”, página 453.
Rafael Mariano
Braga, MI 8.447.824. Mencionado como represor en Jujuy en el legajo 1106 de la Conadep.
Los denunciantes afirman que tiene dos cicatrices en la mejilla izquierda.
Alejandro
Guillermo Duret, MI 10.525.335. Con el alias de Porra es mencionado en los legajos 0676,
2297 de la Conadep. En 1994 fue designado para comandar el grupo de Artillería de
Neuquén en el que fue asesinado el soldado Omar Carrasco. “Esto no es Auschwitz, ni
Treblinka, ni Sobibor”, dijo, molesto, al negar que se hubiera inundado de ex profeso
la cisterna para borrar pistas.
Héctor Eduardo
Gallardo, MI 10.963.739 y Pedro Eduardo Plou, MI 8.437.697. El soldado voluntario
Maximiliano Aguirre fue golpeado por un cabo en la base de apoyo logístico de Paraná,
que dependía de ellos.
Además, siguen pendientes de resolución de años anteriores varios pliegos a los que los
senadores no dieron acuerdo pero que el Ejército no retiró. Son los de los tenientes
coroneles:
Carlos Enrique
Villanueva, quien integró en 1975 el Comando Libertadores de América, dinamitó
cadáveres colocándoles explosivos en la cintura, y con una topadora construyó una
montaña para disimular un enterradero clandestino próximo a La Perla.
Aldo Héctor
Martínez Segón, (a) Chancaca, quien fue señalado como uno de los partícipes en el
asesinato múltiple de prisioneros en Margarita Belén por un parapolicial que declaró
ante la Conadep del Chaco. Fue procesado pero lo benefició la ley de obediencia debida.
Oscar Nicolás
Quiroga, quien era subdirector de la Fábrica Militar de Río Tercero y estaba a su cargo
en el momento del estallido. Su esposa y un grupo de misioneras debían visitar la
fábrica con una imagen de la virgen a las nueve de la mañana de aquel 3 de noviembre de
1995. Pero el riojano Quiroga la llamó por teléfono poco antes para desaconsejar la
visita. Las explosiones se iniciaron a las nueve y diez. Fue procesado por estrago culposo
calificado y luego sobreseído.
Justino Mario
Bertotto, como jefe del Grupo de Artillería 4 intervino en la exportación ilegal de
armas hacia Ecuador y Croacia. El fiscal Carlos Stornelli solicitó su procesamiento por
malversación de bienes del Estado.
Jorge Alberto
Burlando, el auditor de Adel Vilas en Bahía Blanca. Ante la Comisión de Acuerdos dijo
que “no había recibido nunca una orden ilegítima”, y que muchos soldados
ponían la mano en la vía del tren para que se las amputaran y “excluirse del
servicio” y que también “había suicidios” de conscriptos. En la década
del 70 “los argentinos estuvimos muy confundidos”, pontificó. El senador Carlos
Verna le respondió que algunos estaban confundidos y otros perseguidos y el senador
Augusto Alasino lo interrogó sobre el secuestro de Luis Alberto Sotuyo y Dora Mercero de
Sotuyo, “un matrimonio que había tenido un enfrentamiento en Bahía Blanca”,
aunque diversos testimonios indican que fueron vistos con vida en el campo de
concentración La Escuelita. Burlando redactó el acta de devolución de la casa a la
familia Sotuyo. Cuando comenzaron los juicios, Burlando pidió ser designado juez militar
para efectuar “una mejor defensa de los intereses de la institución” y “de
los generales Catuzzi, Vilas, Sexton” (es decir sus superiores de entonces)
“facilitando un trato digno y evitando condiciones perjudiciales mayores”.
Eduardo Víctor
Jordán. Este oficial de inteligencia fue procesado por encubrimiento en el asesinato del
soldado Carrasco, aunque luego fue sobreseído. Fue quien dirigió la investigación
paralela que condujo a la condena de Ignacio Canevaro, Christian Suárez y Víctor
Salazar.
La vara con que mides
Por H.V.
 El
capellán Aldo Omar Vara dijo a la publicación bahiense Cristo hoy que “quienes nos
acusan a monseñor Mayer y a mí, haciéndonos aparecer como indignos de la misión
eclesiástica que cumplimos, tienen la misma ideología de quienes asesinaron en 1934 a
san Héctor Valdivieso”. Héctor Valdivieso es un sacerdote fusilado en España
durante la Guerra Civil, cuya canonización se atribuyó el gobierno del ex presidente
Menem. Vara agregó que había tratado de ayudar a los adolescentes secuestrados y
torturados en dependencias del Cuerpo V de Ejército en 1976 y agradeció a Dios
“haber estado allí y haber podido evangelizar a unos 7000 jóvenes”.Según Vara
“a pesar nuestro se nos mantuvo al margen del proceder militar sobre los
guerrilleros”.
En el juicio de la verdad que lleva adelante la Cámara Federal de Bahía Blanca varios ex
alumnos de la Escuela Nacional de Educación Técnica Nº 1 secuestrados cuando eran
adolescentes denunciaron el “encubrimiento eclesiástico”. Uno dijo que el
sacerdote Vara visitaba en el Cuerpo V de Ejército a los seis estudiantes que antes
habían sido torturados en el campo clandestino de concentración “La
Escuelita”, “nos traía galletitas, cigarrillos, nos preguntaba cómo habíamos
llegado ahí. Pero no les avisó a nuestros padres, como le pedíamos”. Otro narró
que el arzobispo Jorge Mayer les dijo a sus padres que “algo habrán hecho” los
secuestrados. Al declarar como testigo en el juicio Vara confirmó el relato. Dijo haber
visto las marcas de las torturas padecidas con shocks eléctricos por varios alumnos, pero
como “los tiempos eran muy difíciles” y “pensaba que pronto los iban a
largar, les recomendé que no hablaran más que con su papá y con su mamá del tema. Les
recomendé que guardaran reserva, hasta que llegaran tiempos en los que se pudiera
hablar”, dijo. A raíz de esa declaración el fiscal general de la Cámara Federal de
Bahía Blanca, Hugo Cañón, solicitó su procesamiento por encubrir las torturas que
conoció. El Código Penal reprime el encubrimiento con penas de seis meses a tres años
de prisión.
La homologación con la Guerra Civil Española que intentó Vara se refuta con el mero
enunciado de los hechos. En España los comunistas fusilaban sacerdotes pero en la
Argentina no hubo ni uno que cayera víctima de las organizaciones revolucionarias. En
cambio, es extensa la lista de obispos y de curas secuestrados, torturados, desaparecidos
y/o asesinados por aquellos que Vara evangelizaba. Según la cuidadosa recopilación de
Emilio Mignone en su libro Iglesia y dictadura, ésta es la nómina de religiosos
perseguidos por la dictadura militar y su predecesora, la Triple A:
Carlos
Francisco Mujica, asesinado en Buenos Aires, el 11 de mayo de 1974.
Carlos Dorniak,
asesinado en Bahía Blanca el 21 de marzo de 1975.
Nelio Rougier,
detenido en Córdoba en setiembre de 1975. Desaparecido.
Miguel Angel Urusa
Nicolau, detenido en Rosario el 1º de enero de 1976. Desaparecido.
José Tedeschi,
sacerdote salesiano reducido al estado laical, detenido el 2 de febrero de 1976 en la
Villa Itatí, en Bernal. Su cadáver apareció días más tarde con señas de haber sido
torturado.
Hermano Julio San
Cristóbal, de la congregación de las Escuelas Cristianas de La Salle, detenido y
desaparecido el 5 de febrero de 1976.
Francisco Soares,
asesinado en Tigre, al igual que un inválido a su cargo, el 13 de febrero de 1976.
Pedro Fourcade,
detenido el 8 de marzo de 1976. Desaparecido.
Pedro Duffau, Alfredo
Kelly y Alfredo Leaden, asesinados en la iglesia de San Patricio, el 4 de julio de 1976.
Monseñor Enrique
Angelelli, obispo de La Rioja. Fallecido en un supuesto accidente automovilístico, el 4
de agosto de 1976. La Justicia dictaminó que se trató de un asesinato.
Gabriel Longueville y
Carlos de Dios Murias, asesinados en Chamical, La Rioja, el 18 de noviembre de 1976.
Héctor Federico
Baccini, detenido en La Plata el 25 de noviembre de 1976. Desaparecido. Tenía en trámite
su reducción al estado laical.
Pablo Gazzari,
detenido en Buenos Aires el 8 de abril de 1977. Visto en la ESMA. Desaparecido.
Carlos Armando
Bustos, detenido en Buenos Aires, el 8 de abril de 1977. Desaparecido.
Mauricio Silva
Iribarnegaray, detenido en Buenos Aires el 14 de junio de 1977. Desaparecido.
Jorge Adur, detenido
el 7 de enero de 1980. Desaparecido.
Monseñor Carlos
Ponce de León, obispo de San Nicolás de los Arroyos. Fallecido en un supuesto accidente
automovilístico, el 11 de julio de 1977.
Hermana Alice Domon,
detenida el 8 de diciembre de 1977, en la iglesia de Santa Cruz. Vista en la ESMA.
Desaparecida.
Hermana Léonie
Duquet, detenida el 10 de diciembre de 1977, en su domicilio. Vista en la ESMA.
Desaparecida.
En ocasión del asesinato de Angelelli, el entonces ministro del Interior, general Albano
Harguindeguy, informó que había diez sacerdotes presos: Francisco Gutiérrez, Hugo
Mathot, Gianfranco Testa, Silvio Liuzzi, Elias Musse, Raúl Troncoso, Francisco Javier
Martín, René Nievas, Joaquín Núñez y Omar Dinelli. Otros once clérigos fueron
detenidos, torturados, liberados y expulsados del país, o prefirieron exiliarse: Néstor
García, Patricio Rice, José Czerepack, Orlando Yorio, Santiago Renevot, Rafael Iacuzzi,
Julio Suan, Bernardo Canal Feijóo, Luis López Molina, Jaime Weeks y Francisco Jálics.
Los que sufrieron algún tipo de detención, en su mayoría con torturas, son otros 22:
Marciano Alba, Aníbal Coerezza, Pace Dalteroch, Jorge Galli, Gervasio Mecca, Luis
Quiroga, Angel Zaragoza, Raúl Acosta, Roberto Croce, Juan Dieuzeide, Esteban Inestal,
Diego Orlandini, Eduardo Ruiz, Joaquín Muñoz, Juan Testa, Pablo Becker, Roberto
D’Amico, Juan Filipuzzi, Antonio Mateos, Agueda Pucheta, Víctor Pugnata, Jorge
Torres y Henri del Solan Betumali.
Otro sector perseguido por quienes decían defender el Occidente Cristiano fue el de los
seminaristas. Entre los asesinados y desaparecidos están:
Juan Ignacio Isla
Casares, de la parroquia Nuestra Señora de la Unidad de Olivos. Detenido y desaparecido
el 3 de junio de 1976.
Carlos A. Di Pietro y
Raúl E. Rodríguez, asuncionistas. Detenidos y desaparecidos el 4 de junio de 1976.
Salvador Barbeito y
Emilio Barletti, de la Comunidad palotina, asesinados el 4 de julio de 1976.
Marcos Cirio. Novicio
de la Fraternidad del Evangelio. Detenido y desaparecido el 17 de noviembre de 1976.
Junto con el ya mencionado padre Weeks, de la Comunidad de La Salette, fueron detenidos y
torturados en Córdoba, el 3 de agosto de 1976, los seminaristas Alejandro Dauza, Alfredo
Velarde, Daniel García, José Luis de Stéfano y Humberto Pantojal.
Por razones que no se ha dignado explicar, la Cámara aún no respondió al pedido de
Cañón de enjuiciar a Vara por encubrimiento. Debe descartarse que sea por lentitud:
cuando la querellante Mirta Mántaras solicitó el procesamiento por falso testimonio del
teniente coronel Julián Corres (a) Laucha, el tribunal accedió de inmediato. De ese
modo, el primer militar en actividad citado por la Justicia pudo negarse al careo con las
víctimas que lo sindicaban como uno de sus interrogadores.
|
