Por Adriana Meyer Las cajas de Víctor Alderete
resultaron ser realmente las de Pandora: siguen generando sorpresa y estupor. De los 96
paquetes de documentos secuestrados por la Justicia esta semana en un departamento surge
que el ex presidente del PAMI se dedicó a hacer un seguimiento de inteligencia de
personas que alguna vez criticaron su gestión o actuaron en su contra. Entre los espiados
figuran la diputada radical Elisa Carrió, el candidato a jefe de Gobierno porteño
Aníbal Ibarra, el dirigente de los jubilados y miembro del directorio del PAMI Julio
Liberman y el periodista Bernardo Neustadt, entre otros nombres que aún se mantienen en
reserva. También apareció entre los papeles un mensaje firmado por un tal
“Alfredo”, que le indica a Alderete cómo armar un pliego de licitación.
Los empleados que estuvieron trabajando el viernes 24 no salían de su asombro. Entre los
contratos y otros documentos del PAMI y del Instituto de Servicios Sociales Bancarios,
donde Alderete se desempeñó como interventor, había carpetas con anotaciones personales
junto a informes que parecen haber sido confeccionados por miembros de organismos de
inteligencia, aunque ninguno de ellos tiene un membrete oficial. En la carpeta dedicada a
la diputada Carrió hay información hasta sobre las actividades de sus padres. Por
ejemplo, menciona que su papá trabajó en Entel y el comentario manuscrito de Alderete
que aparece al lado de ese dato dice: “nunca la escuché quejarse de la
privatización de esa empresa”.
El afán de inmiscuirse en la intimidad de personalidades que alguna vez lo enfrentaron
llegó al punto de haber conseguido el legajo de antecedentes personales que el dirigente
frepasista Aníbal Ibarra presentó a un banco para obtener un crédito hipotecario,
destinado a la compra de una casa. También confeccionó una carpeta dedicada a Neustadt y
otra a su compañero de directorio en la obra social, el dirigente de la Mesa Coordinadora
de Jubilados Julio Liberman, quien se caracterizó por su oposición sistemática a todos
los contratos que Alderete firmó durante los cuatro años que estuvo frente al PAMI.
Además, Liberman no tuvo inconveniente en declarar en su contra cuando fue llamado a
testimoniar en algunas de las diecisiete causas abiertas que tiene el ex funcionario, como
por ejemplo, la de Funeral Home.
El juez federal Claudio Bonadío tiene cierta urgencia por acceder a aquellos documentos
de las cajas que estén relacionados con la causa en la que Alderete fue indagado
recientemente, y en la que está listo para resolver si lo procesa o lo sobresee. Se trata
del expediente en el que se investiga el contrato con Medicystem por cincuenta millones de
pesos, que fue derogado tras la publicación que hicieron los medios del caso. Pero sólo
fue encontrada una carpeta vacía con el nombre de esa empresa. Por el contrario,
aparecieron cantidad de documentos referidos a la virtual privatización del PAMI, que la
Corte Suprema acaba de declarar “cuestión abstracta” en una resolución que
significa un revés para los intereses de Alderete. Sin embargo, esos papeles podrían ser
útiles para el juez Literas que investiga la responsabilidad del ex funcionario en las
irregularidades del sistema de intermediación de servicios de salud, denunciadas por AMI,
una de las empresas perjudicadas con esta operatoria del intento de privatización.
Si bien consideran muy prematuro aventurar una acusación contra Alderete, los
investigadores se preguntan con qué recursos financió el ex presidente del PAMI todo
este “aparato de inteligencia” para el seguimiento de quien él consideraba sus
enemigos. De hecho, cronistas de radio y televisión que acudieron alguna vez a sus
oficinas para entrevistarlo dieron cuenta de haber sido filmados con sofisticados equipos
de video.
“Acá te mando el tipo de modelo de contrato licitatorio como debería salir, y las
empresas que firmaron convenio y las que no firmaron.” El porahora desconocido autor
de la carta –que apareció entre los documentos que Alderete sacó del PAMI y
escondió en un departamento de Morón– agregó planillas donde figuran los distintos
barrios y los porcentajes que tienen las distintas empresas fúnebres sobre cremaciones,
sepelios y otros aspectos del ramo. En conjunto es un pliego de licitación
“casero” para ser copiado, tal como lo describió una fuente de la
investigación. La firma del enigmático Alfredo es manuscrita y la carta es un original
que estaba en una carpeta relacionada con la causa Funeral Home que investiga el juez
Gustavo Literas. Ese expediente comenzó tras la filmación con cámara oculta del
empresario funebrero Juan Mica, que apareció en la pantalla del noticiero
“Telenoche” diciendo que “había que ponerse todos los meses con un palo
para el PAMI (un millón de pesos) porque ése era el arreglo”.
Este nuevo escándalo que tiene una vez más como protagonista a Víctor Alderete
–cuya gestión, al igual que la de María Julia, fue defendida hasta último momento
por el ex presidente Carlos Menem– estalló el martes pasado cuando el juez Gabriel
Cavallo allanó un departamento ubicado en el centro de Morón y encontró 96 cajas con
documentación oficial. Así quedó comprobada la veracidad de las dos denuncias anónimas
que recibieron los diputados aliancistas Jorge Giles y María América González. El ex
funcionario se fue a pasar las fiestas a Punta del Este, volando en un avión de la
empresa del brigadier Juliá, contratista cuestionado del PAMI. Mientras sus abogados
recorrían juzgados para explicar que no se había fugado, él mandó un comunicado para
aclarar que las cajas contenían sólo cosas personales. La Justicia ya estableció que
sólo la mitad del contenido le pertenece. El resto son papeles del Estado y efectos
personales, pero ajenos.
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