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Dos versiones sobre los crímenes de Corrientes. La investigación en manos de los sospechosos. Otras situaciones provinciales que pueden estallar. Tartagal, un ejemplo de cómo apagar las chispas.
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Judicialmente los resultados prometen ser menos contundentes pero así y todo hay acusados en el banquillo y un frondoso expediente. No está claro que todos los asesinos terminen condenados, ni que aflore al fin el cabal relato de lo sucedido, pero nadie se olvidó de José Luis Cabezas. ¿Podrá decirse lo mismo de los dos jóvenes que murieron asesinados en Corrientes el 17 de diciembre? ¿Recuerda el lector, a menos de diez días vista, sus apellidos? Los investigadores sospechosos El juez de Instrucción a cargo de la investigación se llama Elías Alfredo Saade y hace semanas la Legislatura correntina estuvo a un tris de destituirlo acusándolo de proteger a la policía provincial. "No es para nada confiable, es 'tatista'". Una alta fuente del Ministerio del Interior lo encasilló así, sin eufemismos, en las tan decadentes como masivas huestes de Raúl "Tato" Romero Feris a quien el interventor Ramón Mestre se propone firmemente meter entre rejas. La expresión "feudal" suele usarse para aludir a la realidad de muchas provincias, incluida Corrientes. Como adjetivo peyorativo es eficaz. Como sustantivo peca de muy impreciso porque en esas provincias conservadoras -- a diferencia del feudalismo-- el estado, el gobierno y la administración pública lo son casi todo. La policía es un punto troncal del poder de Corrientes. "¿Cómo podemos saber quién maneja la provincia?" mitad interrogó y mitad chicaneó el ministro del Interior Federico Storani a un grupo de dirigentes correntinos cuando había dos sedicentes gobernadores. El diputado justicialista José Martínez Llano (quien luego sufriría un atentado) le dio un curso acelerado de educación cívica: "gobierna el que maneja la policía. O sea, nosotros". En Interior están convencidos de que las balas que segaron dos vidas fueron --de un modo u otro-- disparadas por la policía. No parece que un juez ligado a ese peculiar poder republicano sea el más indicado para investigarlo. La otra fuente de información del gobierno es la Gendarmería. Esto es, la otra sospechosa. Rashomon "La gente deseaba y confía en la intervención. El "Chancho'(Mestre) camina solo por la calle, sin problemas" explican en Interior y aseguran que el manejo de Gendarmería en la toma del puente fue correcto y eficaz. "La hicieron bien. Los tiros fueron más allá del puente y horas después de recuperarlo" Y redondean: la toma era imprescindible porque los ocupantes estaban anarquizados y radicalizados. "La CTA (Central de Trabajadores Argentinos) no los conducía y sus exigencias eran crecientes. Querían llevar a Storani a negociar al puente, una situación inmanejable e inadmisible". El tiroteo lo provocaron, insisten, las fuerzas políticas locales. Nada indica que los gendarmes hayan usado balas calibres 22, prosigue el relato oficial y remata "hay gendarmes heridos con 22. ¿Alguien puede imaginar que se balearon a sí mismos?". Fuentes cercanas a los autoconvocados y a la CTA desarrollan otro relato. Según ellos, el ataque fue innecesaria y deliberadamente brutal. Pocas personas había en el puente pues de noche muchos ocupantes volvían a sus casas y entre los que permanecían muchos dormitaban en silletas. La ofensiva de los gendarmes se desarrolló a oscuras pues volaron un generador y se prolongó en persecución de los manifestantes hacia los barrios pobres que rodean al puente. Ahí, relatan, recién hubo reacción. Pero, según ellos, las balas homicidas partieron de las armas de los gendarmes. Es real, asumen en voz baja, que no había unidad en el puente, pero --precisan-- tampoco había descontrol. Julio González, secretario general de ATE Corrientes añade "(el comandante mayor de Gendarmería) Ricardo Chiappe habla de 'infiltrados', o sea que él mismo reconoce que eran minoría". Los sindicalistas añaden un reproche político al gobierno nacional: "Chiappe asumió toda la responsabilidad pero el operativo lo hizo con lanchones de Prefectura, es decir que tuvo apoyo al menos de la Secretaría de Seguridad". Son versiones diferentes emanadas de dos actores democráticos que desde antes de la asunción del gobierno tuvieron intensa comunicación y que esta semana consiguieron mejores frutos de su diálogo: consensuar y apagar la llama de otro conflicto similar sí que más acotado, el de Tartagal. Ambas versiones suenan sinceras en la bocas que las pronuncian pero los dos emisores tienen intereses creados en el conflicto y ninguno cuenta con pruebas irrefutables. La situación exige, antes que "comprar" una u otra, investigar en serio. No será sencillo, máxime cuando las escenas de los crímenes --como ocurrió en los casos de María Soledad, Cabezas, el de Marcelo Cattáneo y tantos otros-- no fue precintada ni preservada, las pruebas no se recogieron prestamente. Etcétera. Para catalizar una investigación que parece haber nacido muerta, la CTA y los autoconvocados preparan sendas querellas tendientes a demostrar las responsabilidades de Gendarmería (ver página 9). Otras mechas encendidas Fuentes muy cercanas a Storani y al vicepresidente Carlos Chacho Alvarez coinciden: fue el ministro del Interior el funcionario que mejor conocía la crisis correntina y el más insistente en acelerar la intervención. El presidente Fernando de la Rúa era más remiso porque se le hacía carne una verdad que ya había voceado el predecesor de Storani, Carlos Corach: "para entrar con posibilidades en Corrientes hay que ir con plata. Si no hay doscientos palos, no hay intervención que valga". Peso más, peso menos, un costo que De la Rúa intentó no afrontar mientras pudo. Storani sabe, dicen sus allegados, que la situación correntina puede duplicarse en casi cualquier provincia, aunque hay cuatro que parecen estar en más riesgo: Tierra del Fuego, Tucumán, Neuquén y Río Negro. Las tres primeras comparten con Corrientes un rango llamativo: estaban gobernadas por partidos provinciales a los que el menemismo quiso seducir en pos de la reelección, sosteniendo sus exhaustas economías desde el poder central y abandonándolas cuando dieron las doce campanadas y la fantasía de Carlos Menem se hizo sapo. Pero la explicación no sirve para Río Negro, de administración radical. La Alianza, que gobierna varias provincias menos que el PJ, teme ser presionada aviesamente por la principal oposición. "Tartagal era un conflicto entre un municipio y la provincia, los dos son peronistas. Cortan la ruta y tenemos que sacarles las papas del fuego nosotros" se quejan en la Rosada aunque se congratulan de cómo actuaron de consuno el Ministerio de Trabajo, el de Interior y el de Desarrollo Social y Medio Ambiente. Como fuera, guste o no, Corrientes fue y es un extremo pero para nada un caso aislado. Una bicicleta usada Walter Ceballos, el funcionario nacional que primero desembarcó en Corrientes, se acercó a los deudos de una de las víctimas a darles el pésame y a ofrecerles, si la necesitaban, ayuda material. Los instó amigablemente a animarse. La madre de uno de los asesinados le pidió "una bicicleta usada". A Ceballos --cuenta otro funcionario que lo conoce bien y que gusta definirse como un militante de un partido popular-- lo conmovió la desesperanza del pedido. Nimios techos de demandas, aún de deseos caracterizan a la Argentina de fin de siglo. Situación extraña en un país que se caracterizó por el jacobinismo de sus luchas sociales, protagonizadas por sectores medios habituados a ascender y por plebeyos insolentes adiestrados para hacerse valer. El achatamiento de los horizontes materiales y aún volitivos tiene que ver con la masacre cometida por la dictadura, la desmovilización que produjeron dos gobiernos populares y con la concentración de poder que provocó el menemismo. Sacudir, aunque sea algo, ese letargo es un desafío para la Alianza gobernante y para el peronismo que buscará reciclarse en la oposición. De la Rúa aseguró en su discurso navideño que no permitirá que lo de Corrientes se repita en todo el país. Promesa valiosa si se entiende que "lo de Corrientes" no es sólo la pésima administración y el déficit fiscal fastuoso. También la impunidad del gobierno, la de las fuerzas de seguridad, la desigualdad, la desesperanza de los que nada tienen. Valga recordar que los reprimidos pedían apenas el pago de salarios atrasados, algo que se emparenta más con una bicicleta usada con el socialismo o el populismo distributivo. Epílogo. Los asesinados en Corrientes se llamaban Francisco Escobar y Mauro César Ojeda. Vivían en los barrios linderos al puente, llamados San Benito y Camba Cuá. Camba Cuá (un oyente atento de chamamés o un lector memorioso de las poesías de Carlos Guido y Spano podría saberlo) quiere decir "lugar de los negros".
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El juicio
oral no transcurre en la próspera aldea balnearia donde se cometió el crimen, sino en
una pequeña ciudad mediterránea que poco tiene que ver con ella. La sala de audiencias
de Dolores apenas alcanza para que casi rozándose se apiñen acusados, abogados y
periodistas. El desarrollo de las audiencias es tan barroco como moroso y lo primero que
se nota es lo que falta: una pesquisa seria, pruebas contundentes. Ya parece difícil que
se desentrañe totalmente la trama del asesinato. Así y todo, la movilización gremial y
política ha rendido sus frutos: la podredumbre de la Bonaerense y la estructura mafiosa
que conducía Alfredo Yabrán han sido reveladas al gran público que también supo de sus
relaciones con el duhaldismo y el menemismo. Políticamente el crimen cambió la
Argentina: hizo rodar cabezas de ministros, empujó a Yabrán a la luz y luego al
suicidio, melló al menemismo y al duhaldismo, llenó de desprestigio a (y forzó purgas
en) la Maldita Policía.