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Por Horacio Verbitsky
Hoy por ti En Corrientes el Partido Nuevo del detenido ex gobernador Raúl Tato Romero Feris está enfrentado con el Justicialismo del internado senador provincial Rodolfo Martínez Llano, con una odiosidad que se remonta a 1994 y cuya expresión más perversa fue el estallido de la carta bomba que laceró las manos del legislador. En aquel año Romero Feris denunció ante la justicia penal que Martínez Llano y Hugo Perié habían solicitado 600 mil pesos a cambio de aprobar en la legislatura una solicitud de crédito de 100 millones al Banco Mundial. Durante una primera reunión en el despacho del secretario privado del gobernador, Víctor Manuel Rico Bobbio, Martínez Llano habría puesto las cifras por escrito. La segunda, en casa de Martínez Llano, fue certificada mediante un acta notarial y grabada por Rico Bobbio. Se escucha a quien sería Martínez Llano decir que .hoy ustedes tienen el agujero del crédito, pero nosotros venimos sin cobrar desde el comienzo, entonces les venimos haciendo un plan de lucha que no es conveniente para ustedes. Nosotros para la política necesitamos plata, nos sale todo muy caro y la plata tiene que salir de un solo lado. Hoy están ustedes y mañana podemos estar nosotros y la cosa tiene que quedar ahí.. Un diálogo similar, aunque menos explícito y sin grabadores se produjo en el Senado antes de que se votara la ley que dispuso la intervención federal a la provincia, cuando se reunieron los tres senadores correntinos, (Angel Pardo y Rubén Pruyas, del justicialismo, y José Antonio Romero Feris, del Pacto provincial) con el vicepresidenteCarlos Alvarez y el ministro del Interior, Federico Storani. No se habló de plata, sino de posiciones en el gobierno que surgiría de la intervención, y se mencionaron porcentajes: 70 y 30 por ciento. En otra reunión Martínez Llano había explicado que pese a la designación como gobernador interino del autonomista liberal Carlos Tomasella el poder lo tenía el justicialismo, porque le respondía la policía. Esta realpolitik del Litoral enfureció al secretario de Interior Carlos Becerra y fue otro de los elementos que persuadieron al Ejecutivo Nacional de que no quedaban alternativas al denominado remedio federal. Entre las tareas urgentes del interventor figura la investigación de un dato que uno de los bandos correntinos acercó a la Casa Rosada: en el último semestre los fondos nacionales se habrían manejado correctamente, pero los tres o cuatro millones de recaudación provincial habrían dado lugar a un reparto non sancto. En deuda En Salta, la chispa se encendió entre el gobernador Juan Carlos Romero y el intendente de Tartagal, Mario Oscar Angel, ambos justicialistas. Enfrentado con Romero, Angel despidió a 162 empleados municipales, en una región que la privatización de YPF plagó de desempleo. El gobernador prometió conchabarlos en el estado provincial, pero no lo hizo. Los despedidos también cortaron la ruta nacional, si bien permitieron el tránsito durante dos horas al día, una por la mañana y otra por la tarde. Además tomaron como rehenes a policías provinciales y los colocaron junto a un camión tanque repleto de nafta y rodeado por neumáticos en llamas. En lugar de hacerse cargo del conflicto político con su intendente, también Romero lo nacionalizó, con la orden del juez federal a la Gendarmería. El gobierno nacional envió pasajes para que los dirigentes de la protesta viajaran a Buenos Aires para discutir el conflicto. También envió una delegación conjunta de los ministerios de Trabajo, Interior y Acción Social, con propuestas de solución. La lección de Corrientes parecía haberse aprendido, aunque los márgenes de acción son estrechos.Es difícil imaginar una combinación más inflamable que la de una provincia endeudada muy por encima de sus posibilidades, con una recaudación propia que cubre sólo una pequeña porción de sus gastos, en medio de una crisis generalizada de las economías regionales por la apertura económica, con una clase política corrupta y en el comienzo de una fase del ajuste que los organismos internacionales de crédito apuntan ahora hacia las administraciones provinciales. Esta descripción se aplica a Corrientes, que durante la década menemista sólo fue superada por La Rioja como recipiente de Aportes del Tesoro Nacional, y cuya deuda representa el 104 por ciento de sus ingresos fiscales anuales. Pero también Río Negro, Formosa, Jujuy y Tucumán tienen deudas que superan los ingresos fiscales de un año, mientras Chaco y Mendoza están apenas por debajo de esa línea simbólica. Amigo del juez Durante el período presidencial 1983/89 alguna forma de equilibrio se estableció en la justicia federal del interior, dado que el Ejecutivo radical debía negociar cada pliego con el Senado de mayoría justicialista. Pero en la última década, el control justicialista del Ejecutivo y el Senado tiñó el mapa judicial de un solo color político. El pliego del juez federal de Salta Miguel Antonio Medina fue aprobado por la Comisión de Acuerdos del Senado el 16 de agosto de 1995, con dictamen para ser tratado sobre tablas, una semana antes de que el Consejo de la Magistratura asumiera la facultad constitucional de seleccionar a los nuevos jueces. Antes de vestir la toga, este juez de apuro era el apoderado del justicialismo de Salta. No es menos disciplinada laobediencia política del de Corrientes, Carlos Soto Dávila. El fue quien convalidó la designación de Rubén Pruyas como senador nacional por la mayoría, pese a que el Pacto Autonomista Liberal era el partido con mayor número de legisladores en esa provincia. Es posible que, como pretende la Casa Rosada, ambos hayan actuado como piezas del dispositivo político justicialista, que no perdió un minuto en ejercitar su músculo opositor. El mismo ministro de gobierno correntino responsable de la designación de Soto Dávila, Jorge Pérez Rueda declaró por radio que había visto morir a un niño de tres años durante el desalojo del puente, y las emisoras que le respondían informaron sobre la también imaginaria muerte de una mujer embarazada. El justicialismo quería forzar la intervención y obligar al gobierno de Fernando De la Rúa a negociar en sus propios términos, y por ello además del compañero juez tenía a sus cuadros políticos en la ocupación del puente. Por izquierda Contó además con el involuntario aporte de la Central de Trabajadores Argentinos. Reconocida por el gobierno nacional como interlocutora, luego de largos años de ninguneo menemista, la CTA cometió en Corrientes más errores de los que puede permitirse una organización que aspira a la conducción política del conflicto social dentro de un contexto democrático. Lo más grave es que fue desoída por los ocupantes del puente que pertenecían a los gremios que la integran. En vez de responder a la Central de la calle Independencia, se identificaron como autoconvocados y entraron en la lógica inflexible en la que el más duro prevalece. El paro general, al que la CTA convocó luego en repudio a la represión, sólo sirvió para medir su menguada representatividad. Apenas se sintió parcialmente en un par de provincias. El sendero del basismo y la radicalización sólo podría conducirla al aislamiento y la insignificancia, siempre corrida por izquierda por quienes nada representan ni tienen para perder. Dos semanas de gobierno de la Alianza, que la invitó a integrar un comité de análisis y seguimiento de los conflictos sociales, la enfrentaron con el espectro de la marginalidad, como no le había ocurrido en todo el gobierno del PJ. Pero ni siquiera así es posible soslayar la conducta del gobierno nacional, que contribuyó al desenlace trágico. Cuando uno de los autoconvocados le recriminó la represión, Storani dijo que para responder “me despojo de mi cargo”, e hizo flamear en la casa de Gobierno de Corrientes sus viejos pergaminos, ganados, como dijo, “del otro lado de la barricada”. Esto sugiere que él, no menos que Víctor De Genaro, también fue arrastrado por la efusión emocional que rodeó todo el episodio correntino. Lejos de despojarse de su cargo, lo que se espera de Storani es que asuma con toda la firmeza necesaria la conducción de las fuerzas del Estado, del que ahora es responsable, para asegurar su empleo dentro de la ley. Había una vez una ley La ley de seguridad interior fue sancionada en 1991, dos años después de la de defensa nacional, con la que forman un coherente conjunto normativo. Ambas fueron consecuencia del entendimiento suprapartidario y expresan el grado de reflexión al que los partidos democráticos llegaron luego de los años tenebrosos de la dictadura militar. El artículo 13 de la ley de seguridad interior prevé el establecimiento para casos como el de Corrientes de un Comité de Crisis. Copresidido por el ministro del Interior y por el gobernador de la provincia afectada, e integrado por los titulares de la Policía Federal, la Prefectura y la Gendarmería, ese comité debe funcionar dentro del Consejo de Seguridad Interior, y ejercer la conducción política y la supervisión operacional de las fuerzas federales empeñadas en el restablecimiento de la seguridad interior. Elartículo 25 añade que, además de las disposiciones que adopten los jueces, esas fuerzas se emplean cuando están en peligro la vida, la libertad y el patrimonio de los ciudadanos o gravemente amenazados los derechos y garantías constitucionales y la plena vigencia de las instituciones. El mismo artículo añade que el Comité de Crisis podrá delegar en un funcionario nacional o provincial de jerarquía no inferior a subsecretario nacional o ministro provincial la conducción política y la supervisión operacional de las tropas federales, con facultades para ordenar la iniciación, suspensión y conclusión de la aplicación de la fuerza y graduar la intensidad de su uso. Ese funcionario puede designar un jefe operacional, al que se subordinarán los restantes cuerpos nacionales y provinciales.Nada de eso ocurrió en Corrientes. Apenas si el Ejecutivo demoró 48 horas la respuesta al pedido de tropas del juez Soto Dávila, porque las fuerzas de Gendarmería con asiento en Corrientes tenían fusiles Fal, útiles para guardar la frontera, y sólo en Córdoba y Rosario estaban los grupos móviles que durante el menemismo se especializaron en la represión de disturbios. Pero nunca se constituyó el Comité de Crisis ni se delegó la conducción política. Por eso, luego de la represión, quien asumió toda la responsabilidad fue el comandante mayor Ricardo Alberto Chiappe, en uno de los actos más grotescos. El gobierno nacional temió ser tomado como rehén por los ocupantes del puente y por eso recién después de su desalojo remitió a Corrientes al subsecretario de provincias Walter Ceballos, y no quiso que el interventor Ramón Mestre asumiera antes de tener garantizados los fondos para comenzar a pagar sueldos atrasados. En defensa de su actuación el gobierno destaca que el desalojo del puente no duró más de 20 minutos, y que las dos muertes se produjeron cuatro horas después, a 300 metros de allí. “La policía local no colaboraba y la Gendarmería no tenía fuerza ni jurisdicción. Sólo ocupaba las adyacencias del puente”, explica una fuente oficial. Fue en ese momento que el gobierno pensó en la posibilidad de declarar Corrientes en estado de sitio y remitir tropas del Ejército para restablecer el monopolio de la fuerza estatal. Es imposible exagerar la gravedad de esta hipótesis que llegó a considerarse como una opción posible. Quién es quién El Ejecutivo también aduce que seis de los siete gendarmes heridos lo fueron por balas de calibre 22 y uno por una de 11.25 milímetros. Sería perverso pensar que dispararon sobre sus propios hombres, sigue el razonamiento. También afirma que las dos víctimas civiles cayeron por disparos certeros y que eran marginales sin actividad política, al punto que sus familiares no permitieron que los féretros fueran paseados por Corrientes en cortejo fúnebre. Cuando Walter Ceballos visitó a las familias, la madre de uno de los muertos le pidió una bicicleta usada. Todo ello es posible, pero esta construcción intelectual no alcanza para desechar los testimonios que indican que al menos parte de los disparos contra manifestantes provinieron de la tropa federal, que poseían fusiles adaptados para bajos calibres, y que incluso hubo gendarmes apostados como francotiradores en los techos de viviendas vecinas. Chiappe estuvo asignado a dos de los principales campos de concentración que funcionaron en unidades del Ejército durante la guerra sucia de la década del 70: los de Campo de Mayo, en las afueras de Buenos Aires, y La Perla, en Córdoba, donde sobrevivientes lo recuerdan con su apodo de El Francés. Chiappe estuvo destinado en Francia durante tres años (de 1994 a 1996), antes de asumir como jefe de la Región II con sede en Rosario, y es cuñado del director general de Gendarmería, comandante Timar Musumeci. Se repite de este modo el mismo esquema de 1997, cuando la dotación de Gendarmería enviada para reprimir a los docentes y petroleros neuquinos,fue puesta al mando del comandante mayor Eduardo Jorge, ex responsable del principal centro de exterminio de prisioneros de la provincia de Tucumán, que asistió personalmente al general Domingo Antonio Bussi en la ejecución mediante disparos a la cabeza de personas cuyos cuerpos caían en pozos donde eran quemados con neumáticos y una mezcla de nafta y aceite. Por lo menos una de las víctimas fue quemada viva, según narraron los ex gendarmes Omar Torres y Antonio Cruz. La actuación de Jorge fue descripta en el legajo 6667 de la Conadep. Cruz narró haber pedido al entonces primer alférez Celso Alberto Barraza que matara a uno de los detenidos que se estaba quemando vivo, “pero éste no le hizo caso y lo dejó morir quemado”. El ahora Comandante principal Barraza es uno de los hombres de confianza del Director General Musumeci. En los últimos años fue segundo jefe de la Agrupación Misiones, Director de Operaciones y jefe del decisivo Escuadrón Iguazú, sobre el lado argentino de la Triple Frontera, donde prestaba seguridad a una instalación estratégica: el casino de Iguazú. El aún subdirector general de Gendarmería, Comandante general Paulo Enrique Garro, fue compañero de ambos en Tucumán y hace dos años elevó al gobierno nacional un informe sobre un supuesto “rebrote subversivo” y “reacciones populares, pudiendo ir acompañadas en algunos casos de actos terroristas concretos (se han detectado pintadas y obtenido un importante volumen panfletario)”. En la Dirección de Inteligencia que elaboró tales documentos se desempeñaron hasta hace pocos meses el comandante Benito Palomo (Legajo 4636 de la Conadep, que describe su actuación en el campo clandestino El Reformatorio, de Tucumán) y Eugenio Pereyra, a) Quintana, mencionado como miembro de la Sección o grupo Olimpo, Buenos Aires, en el legajo 7077 de la Conadep. Junto con otros caballeros que respondían a los apelativos de Ciri, Centeno, El Alemán, Odera, Nelson, Miguel, Guerra, La Foca, y El Sapo, marchó a un procedimiento en el que esperaban encontrar mucho dinero. Los primeros tres miembros del grupo arrojaron una granada antes de entrar aunque “los moradores de la vivienda no habían ofrecido ninguna resistencia”. El resto de los incursores “arroja otra granada con la intención de eliminar a los tres oficiales que habían entrado”. De la casa sacaron el cuerpo de un hombre y de una mujer, ambos malheridos, y una nena de tres años. Murieron allí. “La mujer estaba embarazada”, la criatura “estuvo pocas horas dentro del Olimpo y después no la vio más”, dijo Torres. Por “el reparto del botín y el episodio de la granada”, un capitán del Ejército golpeó con su arma en la cabeza a otro de los gendarmes del grupo operativo hasta hacerlo sangrar. También siguen en actividad en cargos de primera importancia de la Gendarmería Marcial Pérez Carvallo, otro que estuvo destinado en el campo de concentración que funcionó en el Arsenal Miguel de Azcuénaga de Tucumán. Como segundo jefe de la Agrupación Seguridad, interviene en el operativo sobre edificios de la colectividad judía. Fue denunciado ante el juez Baltasar Garzón. En su tercer semana de gobierno, De la Rúa deberá decidir si confirma a estos hombres o hace saber a la Gendarmería que la dictadura terminó.
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Según la lectura
oficial en Corrientes se habría producido la nacionalización de añejos conflictos
provinciales, atizados con las peores intenciones por corruptos políticos locales y
agitadores penetrados por los servicios de informaciones. El mismo esquema, aunque con
resultados distintos, se habría reproducido en Salta. En ambos casos, la responsabilidad
recaería en el esquema de poder instaurado en la década menemista. Bandos opuestos por
razones políticas pero también por cuotapartes en el saqueo del tesoro público habrían
fomentado el embrollo y, cuando su complejidad y la actuación de activistas los
desbordó, lo habrían nacionalizado por medio de los respectivos dóciles jueces
federales, que fueron quienes ordenaron la intervención de la Gendarmería. No se trata
de minimizar la complejidad de la situación, ni de cargar las tintas sobre un gobierno
que no acababa de ocupar sus despachos cuando, el mismo viernes 10, le requirieron el
envío de tropas federales; tampoco de ignorar las múltiples fuerzas con intereses
propios que actúan en este tipo de crisis, cuya responsabilidad recae sobre los gobiernos
anteriores, nacional y provinciales. Pero aunque el relato oficial sea veraz, omite
cualquier reflexión autocrítica: el gobierno nacional no ejerció el imprescindible
control político sobre las tropas federales remitidas a Corrientes e incluso consideró
la posibilidad de decretar el estado de sitio y convocar al Ejército, para apagar la
hoguera con nafta. Como presagio, lo sucedido en Corrientes no podría haber sido más
ominoso. Sólo el tiempo dirá si el nuevo gobierno aprovechará este alerta temprano
sobre los riesgos que lo acechan, o proseguirá con el paso vacilante que también se
expresa en la demora en nombrar las nuevas cúpulas de la Policía Federal, la
Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval y la secretaría de Prevención de la
Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico y en la improvisación de Fernando de
Santibañes como jefe de la SIDE, que implica priorizar la confianza personal por encima
de la idoneidad para un cargo crítico. La acefalía en la central de inteligencia se
pagó cara: los partes que envió a la Casa de Gobierno la noche previa al desalojo del
puente decían que sólo quedaban allí 200 personas y que su moral era baja, dos
pretensiones que la realidad desmintió.