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Oficialmente, no hubo prisioneros ni heridos en el combate de esa Navidad de 1975, que dejó la redonda cifra de 100 muertos. Pero un parte militar revela que el Ejército “tomó y transportó detenidos”, que luego desaparecieron.
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Por Eduardo Tagliaferro
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El 23 de
diciembre de 1975, el Ejército Revolucionario del Pueblo fracasaba en el intento de
copamiento del Batallón de Arsenales 601 Domingo Viejobueno. La acción arrojó el mayor
número de bajas en la historia de la guerrilla argentina. Tras la acción, el Ejército
no informó de detenciones dentro de la unidad militar. Veinticuatro años después del
hecho, el 6 de marzo de 1999, el general Ernesto Bossi, retirado hace pocas semanas de la
secretaría general de fuerza, respondió a una solicitud de la Subsecretaría de Derechos
Humanos asegurando que no quedaban constancias del hecho en los archivos de la
institución. El propio jefe del Ejército, general Martín Balza, sostuvo en su despedida
que quedaba aún pendiente la deuda contraída con la sociedad acerca del esclarecimiento
de lo sucedido en la lucha contra la guerrilla. Una deuda imposible de saldar
–dijo– a causa de la orden de destrucción de pruebas impartida por Cristino
Nicolaides, último jefe del Ejército durante la dictadura. Sin embargo, Página/12 tuvo
acceso exclusivo al expediente 23.849 que contiene los partes elaborados la noche del
copamiento por el personal afectado a la represión. Dichos partes fueron elevados al juez
militar que intervino en la instrucción. En ellos se da cuenta de la captura y traslado
de guerrilleros apresados con vida. El sumario militar iniciado por el ataque a Monte
Chingolo forma parte de un expediente que se sustancia en la Subsecretaría de Derechos
Humanos, y fue presentado junto a un escrito por Federico Bledel, hijo de Mónica Silvia
Lafuente, identificada como una de las personas muertas en el intento de copamiento a la
unidad militar. En su escrito, además de acompañar documentación, Bledel requiere de la
entonces subsecretaria, Inés Pérez Suárez, que libre un oficio al Consejo Supremo de
las Fuerzas Armadas o al Consejo de Guerra Estable para que envíe copia certificada del
legajo militar. Fuentes cercanas a la investigación señalaron a Página/12 que la
identificación de estas dos reparticiones militares no fue una casualidad, sino la
presunción de que el original del legajo que el Ejército dice no tener y que este diario
transcribe en la edición de hoy podría encontrarse precisamente en esos despachos.El
expediente militar contiene un anexo titulado “Actividades y Acontecimientos”;
en él las fuerzas represivas realizan un relato minucioso del combate. A las 3.30 de la
madrugada del 24 de diciembre, siete horas después de comenzado el ataque al Batallón de
Arsenales y cuando el enfrentamiento había finalizado, el escribiente militar detalla que
“el Capitán Lazzarano con cinco vehículos marcha a transportar detenidos,
custodiados por la fracción al mando del Teniente Silvani”. Media hora más tarde se
detalla que “regresa la columna con los detenidos”. A partir de este momento, el
registro sólo refleja los preparativos efectuados para recibir la visita del Comandante
de la fuerza, general Jorge Videla. Las horas más dramáticas habían quedado atrás: a
las 21 del 23 de diciembre se había puntualizado que “...es herido el soldado
conscripto Bustos por un extremista herido que es eliminado”.“Parecía
Vietnam”El copamiento del Batallón de Arsenales 601, ubicado en Monte Chingolo,
frente a una abigarrada villa de emergencia, había sido pensado por el ERP como una de
las más ambiciosas operaciones militares realizadas por la insurgencia en América
latina. La mayor en territorio urbano. El operativo guerrillero se puso en marcha sobre
las 19.40 del 23 de diciembre y movilizó a 300 militantes. El grueso, destacado en los
puentes que rodeaban la zona con el objetivo de cortar las comunicaciones y evitar la
llegada de tropas de refuerzo. Ese era, para los guerrilleros, el primer gran cerco.
“El ERP tenía información de que en ese Batallón se almacenaba una cantidad
significativa de pertrechos bélicos. Por otra parte, no había en la unidad militar
tropas de combate importantes”, relató a este diario Luis Mattini, en ese entonces
miembro del Buró Político del Partido Revolucionario de los Trabajadores (que controlaba
políticamente al ERP) y secretario general del mismo tras la muerte del fundador y
comandante del PRT-ERP Mario Roberto Santucho. “El objetivo –continúa
Mattini– era recuperar una cantidad importante de armamentos para fortalecer la
guerrilla instalada en Tucumán y, a la vez, producir un golpe de efecto que disuadiera o
postergara la inminente intervención militar. Eran toneladas de armas y se habían
dispuesto seis camiones para trasladarlas.” La acción había comenzado a
planificarse en agosto del ’75 con la idea de llevarlo a cabo cerca de las fiestas de
fin de año, apostando a la lógica relajación de la disciplina militar. Un mes antes, el
cordobés Juan Ledesma, “Pedro”, el más hábil de los estrategas militares y
uno de los cuadros de mayor jerarquía del ERP, había caído y con él todo el equipo de
Logística. “Pedro –recuerda Mattini– reunía dos condiciones: era valiente
y tenía talento.” Pedro había sido designado para comandar el ataque al Batallón
de Arsenales y su captura y posterior desaparición hicieron pensar en suspender los
planes. Domingo Mena sustentó sin mucho ahínco esa opinión, que fue apoyada por Mattini
y rebatida por el resto del Buró. Quedaba así por decidir quién reemplazaba a Pedro en
el mando. Desde hacía tiempo se había resuelto que Santucho –el otro hombre de gran
experiencia militar– no participara de manera directa en las operaciones. Enrique
Gorriarán Merlo se encontraba sancionado. La designación recayó en Benito Urteaga,
alias “Mariano”, uno de los cinco miembros de la dirección. Según Mattini, el
comando táctico liderado por Benito Urteaga se encontraba en una casa cercana al arsenal
y cada quince minutos informaba telefónicamente a sus compañeros del Buro Político que
se encontraban en la localidad bonaerense de San Martín. “A la una de la mañana del
24 de diciembre, Urteaga pierde el contacto con la mayor parte de las unidades que estaban
combatiendo dentro del Batallón de Arsenales”, sostiene. De los setenta combatientes
que participaban de manera directa en la toma del cuartel, treinta y cinco formaron la
avanzada encargada de violentar el portón de entrada embistiéndolo con un pesado camión
azul. No lograron derribarlo, pero ingresaron por la hendija que había producido el
choque del camión y también por diversos puntos de la unidad militar. Los recibió el
fuego de la ametralladora pesada que estaba, como esperándolos, en el puesto de guardia
con el ametralladorista y, cosa extraña para un día cualquiera, con el servidor de la
ametralladora. Allí se produjeron las primeras bajas del ERP en la fallida operación
militar. Una segunda oleada de ataque permitió a los guerrilleros ingresar al interior de
la guarnición. La dirección del ERP ignoraba todavía que Jesús “El Oso”
Ranier, un confidente del SIE (Servicio de Inteligencia del Ejército) que se había hecho
pasar por militante del peronismo había informado de los preparativos de la acción. Los
militares estaban alertados y habían montado un contracerco, un anillo alrededor del
cuartel que convertía en inútiles a los grupos de contención emplazados por la
guerrilla en los puentes. Es más, el Ejército había logrado engañar a sus atacantes
con falsas señales de debilitamiento de sus controles. El factor sorpresa, decisivo para
el éxito de la operación, había cambiado de mano. El batallón y la villa se
transformaron en un infierno de tiros, explosiones y luces. Helicópteros artillados
iluminaban el área con reflectores. “Parecía Vietnam”, dijo un cronista que
cubrió los sucesos. Los habitantes de la villa aún recuerdan la noche de lo que se iba a
dar en llamar “el copamiento de Monte Chingolo”. La historia oficial Al día
siguiente los diarios consignaron 50 muertos en la operación. Dos días más tarde,
hablaban de 100. El Ejército batió la villa buscando prófugos. Las teorías
tradicionales todavía calculaban cuatro heridos por cada muerto, una regla de tres simple
que suele reflejarse en todos los partes de batalla. Sin embargo, la versión oficial no
reconoció ni heridos ni detenidos, como en cambio sí lo indica el sumario militar al que
Página/12 tuvo acceso. El propio general Oscar Gallino, comandante de la represión en el
Batallón 601, había reconocido en febrero de 1991 a la revista Todo es Historia que hubo
detenidos dentro del regimiento.