HABRA NUEVOS BONOS DE CONSOLIDACION DE DEUDAS DEL ESTADO La ley ómnibus entrará de culata
No será pacífica
la discusión de la Ley de Emergencia Fiscal que enviará De la Rúa a extraordinarias.
Pretenderá borrar laPBU, convertir al Nación en anónima y darle más poder a la DGI.
José Luis Machinea, ministro de
Economía, artífice principal pero no único del magno proyecto.
Una batería de audaces medidas para hacer más cumplibles las metas del
Presupuesto Nacional.
Por Julio Nudler
Además de
postergar sus vacaciones veraniegas, como les pidió Fernando de la Rúa, los
parlamentarios harían bien en prepararse para una discusión muy caliente. Bajo la
sombrilla de la Ley de Emergencia Fiscal habrá más de un motivo para la confrontación.
Algunos ejemplos: el proyecto pretenderá transformar el Banco Nación en sociedad
anónima, hachar las jubilaciones de privilegio, eliminar la PBU (Prestación Básica
Universal) de las futuras jubilaciones y otorgarle a la DGI la facultad de actuar en sede
administrativa una vez verificado un caso de evasión, sin que el contribuyente pueda
bloquear con la Justicia la acción de los recaudadores. Lo de “emergencia”
viene a cuento por algunas disposiciones extraordinarias, como la anulación de
nombramientos y aumentos salariales dipuestos a último momento por los menemistas
salientes, y una amplia consolidación de deudas del Estado mediante la emisión de nuevos
títulos públicos, a largo plazo y con varios años de gracia. La ley ómnibus que De la
Rúa, Rodolfo Terragno (Gabinete) y José Luis Machinea (Economía) quieren tener en sus
manos intenta reasegurar el cumplimiento de las metas presupuestarias para el 2000.
Fuentes de la Alianza explican que, por ejemplo, si no se impide que algunos jueces sigan
poniéndole palos en la rueda a Impositiva, ésta no podrá lograr que los progresos en la
lucha contra la evasión le aporten al Tesoro 400 millones de pesos adicionales durante el
año próximo, como figura en el proyecto de Presupuesto Nacional. Además, y como ya se
anticipó, habrá un fuero especial en la Justicia.De todas formas, el equipo de Machinea
también sabe que las metas de déficit no van a cumplirse si la economía crece por
debajo del 3,5 por ciento pronosticado porque flaquearía la recaudación. Por eso, y
porque nunca está de más mechar un capítulo reconfortante en una ley colmada de
sinsabores y asperezas, el proyecto incluirá un acápite dedicado a las pequeñas y
medianas empresas. Uno de sus instrumentos serán las Sociedades de Garantía Recíproca,
existentes en la Argentina desde 1990 con poco éxito. Las SGR, cuyo Fondo de Riesgo es
capitalizado por uno o más socios protectores, extienden avales para que las pymes
asociadas puedan conseguir financiación en la banca. Todo esto teóricamente. Para
vitalizar el sistema se lo respaldaría con un organismo estatal, que podría obtener
fondos del Banco Mundial y del BID, y que actuaría como contragarante de las SGR.El Banco
Nación tendrá una nueva carta orgánica que le vedará conceder megapréstamos, salvo a
los Estados provinciales y al fisco nacional a través de la suscripción de títulos
públicos. La intención es que el BNA sólo otorgue créditos tamaño pyme, cuyo tope sea
de 5 o 10 millones de pesos, número aún a definir. Pero no habrá un techo único. Para
firmas primerizas, que no hayan obtenido nunca un crédito bancario, el máximo será
mucho más bajo. A su vez, las empresas que sólo sean asistidas financieramente por el
Nación no podrán aspirar a más de 2 millones. Sólo las que sean clientes de crédito
de la banca privada tendrán derecho al tope.En cualquier caso, las agencias de riesgo no
van a calificar demasiado bien a un BNA cuyos deudores privados sean todos pymes, y eso va
a encarecerle el crédito internacional. Pero en Economía no están con paciencia para
oír objeciones: “Por riesgosos que sean, 70 préstamos de un millón cada uno a
otras tantas pymes serán siempre menos malos que un solo préstamo de 70 millones a
Yoma”, contestan sin perder el humor, y prefiriendo no mencionar otros clavos del
Nación, más embarazosos para De la Rúa que el curtidor riojano. Lo que niegan
rápidamente es que la transformación del BNA en anónima sea el primer paso hacia su
privatización. Con cierta ironía admiten que sería “maravilloso” poder abrir
a la Bolsa el capital del Nación –para capitalizarlo, precisamente–, pero que
eso deberá esperar. Por ahora lo que se quiere es que los directores del primer banco
argentino carguen conlas responsabilidades que tienen en cualquier sociedad privada y
deban responder por sus actos ante los accionistas, que por caso viene a ser el ministro
de Economía. Este le fijará al BNA la meta de ser rentable, para lo cual debería
comportarse como un banco y no como una sociedad de beneficencia. En otras palabras:
llegado el momento, tendrá que ejecutar a sus deudores.Otra razón para la esgrima verbal
será el capítulo que la proyectada ley dedicará a la Reforma del Estado, sinónimo
siempre de podadora. Tampoco será fácil el capítulo laboral, netamente flexibilizador,
que consagrará la negociación por empresa y la extensión del período de prueba. Como,
además de Economía, varios ministerios están aportando al proyecto, habrá discusión
pesada antes aún de llegar con el texto al Congreso.
Claves
Suprimirán la Prestación Básica Universal de las futuras jubilaciones.
Podarán las jubilaciones de privilegio.
Emitirán nuevos bonos a largo plazo para cancelar deudas del Estado.
Darán garantías a las pymes para que puedan obtener créditos.
El Banco de la Nación será convertido en sociedad anónima, pero sin que por ahora se
piense en volverlo privado o mixto. Sólo prestará a pymes.
Anularán aumentos salariales y nombramientos dispuestos en su agonía por el gobierno de
Menem.
La DGI tendrá más poder para actuar contra la evasión tributaria.
Además de
postergar sus vacaciones veraniegas, como les pidió Fernando de la Rúa, los
parlamentarios harían bien en prepararse para una discusión muy caliente. Bajo la
sombrilla de la Ley de Emergencia Fiscal habrá más de un motivo para la confrontación.
Algunos ejemplos: el proyecto pretenderá transformar el Banco Nación en sociedad
anónima, hachar las jubilaciones de privilegio, eliminar la PBU (Prestación Básica
Universal) de las futuras jubilaciones y otorgarle a la DGI la facultad de actuar en sede
administrativa una vez verificado un caso de evasión, sin que el contribuyente pueda
bloquear con la Justicia la acción de los recaudadores. Lo de “emergencia”
viene a cuento por algunas disposiciones extraordinarias, como la anulación de
nombramientos y aumentos salariales dipuestos a último momento por los menemistas
salientes, y una amplia consolidación de deudas del Estado mediante la emisión de nuevos
títulos públicos, a largo plazo y con varios años de gracia. La ley ómnibus que De la
Rúa, Rodolfo Terragno (Gabinete) y José Luis Machinea (Economía) quieren tener en sus
manos intenta reasegurar el cumplimiento de las metas presupuestarias para el 2000.
Fuentes de la Alianza explican que, por ejemplo, si no se impide que algunos jueces sigan
poniéndole palos en la rueda a Impositiva, ésta no podrá lograr que los progresos en la
lucha contra la evasión le aporten al Tesoro 400 millones de pesos adicionales durante el
año próximo, como figura en el proyecto de Presupuesto Nacional. Además, y como ya se
anticipó, habrá un fuero especial en la Justicia.De todas formas, el equipo de Machinea
también sabe que las metas de déficit no van a cumplirse si la economía crece por
debajo del 3,5 por ciento pronosticado porque flaquearía la recaudación. Por eso, y
porque nunca está de más mechar un capítulo reconfortante en una ley colmada de
sinsabores y asperezas, el proyecto incluirá un acápite dedicado a las pequeñas y
medianas empresas. Uno de sus instrumentos serán las Sociedades de Garantía Recíproca,
existentes en la Argentina desde 1990 con poco éxito. Las SGR, cuyo Fondo de Riesgo es
capitalizado por uno o más socios protectores, extienden avales para que las pymes
asociadas puedan conseguir financiación en la banca. Todo esto teóricamente. Para
vitalizar el sistema se lo respaldaría con un organismo estatal, que podría obtener
fondos del Banco Mundial y del BID, y que actuaría como contragarante de las SGR.El Banco
Nación tendrá una nueva carta orgánica que le vedará conceder megapréstamos, salvo a
los Estados provinciales y al fisco nacional a través de la suscripción de títulos
públicos. La intención es que el BNA sólo otorgue créditos tamaño pyme, cuyo tope sea
de 5 o 10 millones de pesos, número aún a definir. Pero no habrá un techo único. Para
firmas primerizas, que no hayan obtenido nunca un crédito bancario, el máximo será
mucho más bajo. A su vez, las empresas que sólo sean asistidas financieramente por el
Nación no podrán aspirar a más de 2 millones. Sólo las que sean clientes de crédito
de la banca privada tendrán derecho al tope.En cualquier caso, las agencias de riesgo no
van a calificar demasiado bien a un BNA cuyos deudores privados sean todos pymes, y eso va
a encarecerle el crédito internacional. Pero en Economía no están con paciencia para
oír objeciones: “Por riesgosos que sean, 70 préstamos de un millón cada uno a
otras tantas pymes serán siempre menos malos que un solo préstamo de 70 millones a
Yoma”, contestan sin perder el humor, y prefiriendo no mencionar otros clavos del
Nación, más embarazosos para De la Rúa que el curtidor riojano. Lo que niegan
rápidamente es que la transformación del BNA en anónima sea el primer paso hacia su
privatización. Con cierta ironía admiten que sería “maravilloso” poder abrir
a la Bolsa el capital del Nación –para capitalizarlo, precisamente–, pero que
eso deberá esperar. Por ahora lo que se quiere es que los directores del primer banco
argentino carguen conlas responsabilidades que tienen en cualquier sociedad privada y
deban responder por sus actos ante los accionistas, que por caso viene a ser el ministro
de Economía. Este le fijará al BNA la meta de ser rentable, para lo cual debería
comportarse como un banco y no como una sociedad de beneficencia. En otras palabras:
llegado el momento, tendrá que ejecutar a sus deudores.Otra razón para la esgrima verbal
será el capítulo que la proyectada ley dedicará a la Reforma del Estado, sinónimo
siempre de podadora. Tampoco será fácil el capítulo laboral, netamente flexibilizador,
que consagrará la negociación por empresa y la extensión del período de prueba. Como,
además de Economía, varios ministerios están aportando al proyecto, habrá discusión
pesada antes aún de llegar con el texto al Congreso.
Suprimirán la Prestación Básica Universal de las futuras jubilaciones.